domingo, 16 de diciembre de 2018

La Violencia Sexual es un PROBLEMA POLÍTICO, No Moral






La noticia de una agresión sexual se instala como un espectáculo en los medios y eso tiene que cambiar”, dice la antropóloga Rita Segato, una de las grandes intelectuales latinoamericanas, al analizar el tratamiento que tuvo en televisión la denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés. También llamó la atención sobre el riesgo de que se produzca un efecto imitación como ocurre con las noticias de suicidios, y sobre la necesidad de correr a la actriz del lugar de víctima. “No quiero solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral”, señaló Segato.

La autora de “La guerra contra las mujeres” (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016), está además preocupada por lo que viene llamando “un feminismo del enemigo”. “El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos ‘naturales’”, expresó. Y a su vez, cuestionó los “linchamientos” en redes sociales para denunciar violencias machistas entre pares, adolescentes. “Debemos preparar a nuestras y nuestros jóvenes para que puedan tramitar sus relaciones con su propia palabra y con sus propios gestos”, alentó. Y quiso dejar como mensaje una frase que le dijo un jefe de la policía de El Salvador, donde estuvo trabajando durante una gran parte de este año: “Que la mujer del futuro, no sea el hombre que estamos dejando atrás”.

Es una de las voces más lúcidas de la región a la hora de pensar la violencia machista en sus distintas formas y circunstancias. Su pensamiento es provocador. Empuja a la reflexión. Segato nació en Argentina y vivió también en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil. Tiene una extensa trayectoria académica. Este año, la Universidad de Brasilia le concedió el título de Profesora Emérita de la institución, y recibió tres Doctorados Honoris Causa de universidades argentinas. Es autora de numerosos libros, el último, “Contra-pedagogías de la Crueldad” (Buenos Aires: Prometeo, 2018).

Cuando empezó a trabajar primero con los presos condenados por violación en la penitenciaria de Brasilia, pensó que sería una situación excepcional y pronto abandonaría el tema. Cuando fue invitada, luego de publicar el libro “Las estructuras elementales de la violencia” (2003, Prometeo), para aplicar su modelo de la fratria masculina, del club de hombres, al caso de las mafias de Ciudad Juárez, pensó también que estaba ante un caso excepcional, raro, que rápidamente ese tema iba a desaparecer de la historia. Y siente una tremenda frustración porque no consigue abandonarlo. Este año, fue convocada por la Policía Nacional Civil de El Salvador, tal vez el país más violento del continente, para elaborar un diagnóstico sobre crímenes de género al interior de la institución.

→ La conversación transcurre en su departamento de San Telmo.

–¿Cómo analiza lo que pasó a partir de la denuncia de Thelma Fardin?

–Es fundamental vincularlo con lo que pasó dos semanas antes con el fallo sobre el femicidio de Lucía Pérez, donde un tribunal dijo que no hay ninguna relación de poder entre dos hombres adultos que le proveen droga a una adolescente. La sociedad que se escandaliza porque otra adolescente, de la misma edad que Lucía, fue violada por un varón de mayor y de más poder, les está diciendo a esos jueces de Mar del Plata que están equivocados y que han traicionado las expectativas de la sociedad con relación a la justicia. Es importantísimo vincular las dos escenas, ponerlas en relación. En segundo lugar, estamos viendo que la sociedad está siendo avisada y se está volviendo más sensible en relación a las agresiones, a los acosos, a las distintas formas de abuso de género y esa es una buena noticia.

–¿Cómo ve el rol de los medios en el abordaje del tema?

–Tenemos un problema con el espectáculo de la noticia. Es indispensable ver cómo los medios pueden informar sobre este fenómeno. Lo que hemos aprendido de feminicidios y escándalos sexuales anteriores es que aunque los medios muestren la monstruosidad del agresor, ese monstruo para otros hombres resulta una figura tentadora, porque el monstruo es potente. El monstruo es un personaje predador, rapiñador, como debe ser el sujeto masculino formateado por el mandato de masculinidad. Y lo que el hombre quiere mostrar siempre es que puede serlo, porque es su forma de mostrar que es potente. Ha sucedido en otras situaciones, como en el caso de Wanda Taddei, que la monstruosidad quiere ser imitada. Hoy en día existir bajo el lente mediático parece ser para muchas personas la única forma de existir. Es un fenómeno de nuestro tiempo. Así como en el caso del suicidio fue revisado el rol de los medios y hay una pauta mediática que decidió no mostrarlos ni hablar del tema porque ya se sabe que se va a repetir, se deberían repensar las coberturas en casos de agresiones sexuales.

–¿Cuál es su propuesta?

–Profesores de comunicación, formadores de periodistas y editores de medios tienen que convocarse a una gran convención, diría latinoamericana, donde se debata en profundidad la pauta mediática para las agresiones sexuales, y donde también se rediscuta el suicidio como pauta. Porque no informar, es decir, desinformar, también es problemático. Esa discusión es indispensable. No se puede seguir así. En este caso de Thelma es clarísimo: aparece una niña llorando, linda, actriz, que en su momento fue famosa. Se la muestra como una heroína de cuentos de hadas. Pero no debe ser mostrada así. Es peligroso. Porque las heroínas del cuento de hadas reviven al final la ilusión del príncipe salvador.

–¿Cómo se la debería mostrar?

–Se la debe mostrar como una sujeta que está descubriendo su propia capacidad política de modificar una estructura, que es la estructura desigual del Patriarcado. Ese es su papel. Y por encima de todo como una sujeta que no necesitó de un príncipe: hay un colectivo de actrices que la secunda, que promueve su denuncia, que la acompaña políticamente. Entonces, no basta la posición de víctima. El victimismo no es una buena política para las mujeres. Lo más importante en esta noticia y lo que los medios deberían destacar y repetir sin reserva y hasta con exceso es que quien rescata a Thelma es un grupo de mujeres, son sus pares, sus colegas, sus amigas, sus hermanas en el proceso político que estamos viviendo en Argentina y en el continente: mujer salva mujer y muestra al mundo lo que tiene que cambiar. No hay un príncipe valiente. Hay política, que es más lindo, más heroico y más verdadero. La mano salvadora viene de nuestra amistad y alianza. Sin embargo, lo que destacan y repiten es la escena sin límite de la víctima describiendo la agresión y exhibiendo su dolor “mariano”. Se comprende la emoción reviviendo aquel momento y no debe estar ausente, pero la presentación de una sujeta acusadora solamente a partir de su dolor moral por lo que le ha sucedido –que es lo que los medios mostraron– no debería substituir ni desdibujar o anteponerse a la escena de una mujer que se ha vuelto una sujeta política y por eso denuncia.

–¿No cree que si una víctima no muestra públicamente el sufrimiento que le causa el recuerdo de la violación que sufrió, la opinión pública pondría en duda sus palabras? Hay un modelo de víctima ideal: si no es sufriente pierde credibilidad para cierto público…

–Claro, pero eso lo tenemos que cambiar. La víctima no necesita ser buena y pura para ser comprendida como víctima, solo necesita ser persona. Entender la diferencia es dar el giro político que la sociedad necesita para que este tipo de cosa no vuelva a sucederle a nadie.

–Pero, ¿cómo movemos eso de ahí?

–Ése es el punto. Lo tenemos que mover porque incluso es chocante para quien está dentro de una crítica y un proyecto político, que es mi proyecto: la intención es cambiar al mundo, el orden político patriarcal, que hace a todo el mundo, hombres y mujeres, tanto daño. Les estamos diciendo a los hombres que se corran, se desmarquen y desmonten el mandato de masculinidad. Muchos lo están haciendo, me consta, porque están percibiendo que ese mandato los mata primero, los enferma primero, y que también son pobres e incautas víctimas de ese orden corporativo autoritario y cruel que impera al interior de la propia corporación masculina. Porque dentro de esa corporación, como en todas, hay hombres que son más hombres y hombres que son menos hombres, es jerárquica, es maligna, obliga a dar pruebas de narcisismo y de crueldad todo el tiempo. Es por eso que la visión política, la manera de hacer política en estilo femenino se está recomponiendo después de un largo tiempo de rasura, de censura, de olvido compulsorio. Hay un fenómeno de afloramiento de la politicidad femenina después de un largo tiempo de su negación como política. Eso es lo que vemos en las calles. Y es también, afortunadamente, lo que se ve en el apoyo masivo que Thelma ha recibido de las mujeres de su gremio, y también de la sociedad argentina. Tenemos que celebrarlo. Basta de llanto. No queremos solamente consolar a una víctima que llora. El punto es cómo educamos a la sociedad para entender el problema de la violencia sexual como un problema político y no moral. Cómo mostramos el orden patriarcal, que es un orden político escondido por detrás de una moralidad. El problema es que está siendo mostrado en términos de moralidad. Y es insuficiente mostrarlo así por varias razones.

–¿Cuáles?

–Aparece y lo he visto mucho en estos días, que solo el hombre es sujeto del deseo sexual; la mujer, no. El hombre desea, la mujer se rinde. No es esa mi propuesta de un mejor momento para las mujeres. La mujer es un sujeto pleno del deseo. La noticia es presentada como si la mujer no lo fuera, y fuera solo víctima del deseo masculino. Tengo un miedo terrible a esa posición porque es tremendamente conservadora, es decir, no nos saca del lugar de la pasividad.

–Pero la denuncia es importante porque abrió una puerta que ya no se va a cerrar y confirma lo que desde el movimiento de mujeres hemos venido diciendo desde hace tiempo: la naturalización y la impunidad frente a la violencia sexual en distintos ámbitos …

–Sí, pero que no se malogre con el aspecto de espectáculo que tiene esto. La glamorización de lo sucedido es contraproducente. Es importantísimo lo que está pasando. Muestra que la sociedad, muchas mujeres y hombres también estamos insatisfechas con el orden de las cosas.

–¿Cómo enlazarlo con lo que viene sucediendo a partir del Ni Una Menos, los paros de mujeres, la lucha por el aborto, ese camino de las mujeres hoy?

–Volviéndolo político, retirándolo de lo moral, y haciendo ver que se trata de una escena, de una situación, de una posición en que nosotras, las mujeres nos hemos encontrado muchas veces en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en la vida en relación. La escena de género es una escena de poder, no podemos más dudarlo. La sociedad no lo duda más… y el derecho debe asimilarlo. Hemos tenido un maravilloso éxito político al demostrarlo y las joven llevarán adelante en la historia esta lucidez que la sociedad ha alcanzado….. no sin dolor, o, mejor dicho, a través del dolor de los feminicidios. Pues cada feminicidio es un ataque a toda la sociedad, un dolor de todos.

–¿En su evaluación, entonces, es un gran momento para nosotras?

–Sin duda alguna. Es un viraje de la historia, lo estamos viendo en varios escenarios distintos que estamos consiguiendo dar vuelta a una página de la historia con el movimiento que estamos haciendo las mujeres. Los relatos que están aflorando y haciéndose públicos muestran claramente que estamos librándonos de un cierto mandato paterno, patriarcal, cruel, abusador, narcisista y castigador. Y es por la desestabilización de ese mandato que se cambia el rumbo, que se cambia el mundo. Es un gran momento inédito y de una intensidad impar. Pero, por otro lado, por la intensidad de este momento tenemos que tener mucho cuidado.

–¿Cuáles son sus alertas?

–1. Cuidado con lo que vengo llamando “un feminismo del enemigo”, pues todas las políticas que se arman a partir de la idea de un enemigo caen irremediablemente en el autoritarismo y en formas de accionar fascistoides. El feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos “naturales”. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres.

2. Cuidado con los linchamientos, pues hemos defendido por mucho tiempo el derecho al justo proceso, que no es otra cosa que el derecho al contradictorio, a la contradicción, al contraargumento en juicio. Linchamiento y escrache no son lo mismo. El escrache, como lo habilitamos en Argentina cuando el Estado se volvió genocida, y en realidad podríamos volver a habilitar ahora, porque constatamos, como en el caso de Lucía Pérez o el caso del jury al Juez Rossi (que había dejado en libertad, a pesar de tener condena por violación, a quien mató luego a Micaela García), que la justicia nos traiciona, se elabora a través de un “proceso”, que es de justicia aunque no de justicia estatal. Cuando la justicia estatal falla, otras formas de justicia aparecen, pero no son espontáneas, pues hay deliberación, consulta, escucha, y la consideración por parte del colectivo de que se puede estar cometiendo un error –eso es el contradictorio, eso es el espacio para la posibilidad de la contradicción–. El linchamiento es una forma de ejecución sin ninguna de esas garantías. Es una ejecución sumaria, y extrajudicial en el sentido de que no está sometida a ningún tipo de deliberación, ni estatal ni de la colectividad en cuanto tal.

3. Cuidado con entregar la gestión y negociación de las relaciones entre las personas y, muy especialmente, de la sexualidad, al estado. No es propio de nuestras sociedades, de nuestra forma de ser en el continente latinoamericano, curvarnos a la judicialización de la gestión de la vida, de las relaciones interpersonales, y no creo que sea un buen propósito. Debemos preparar a nuestras y nuestros jóvenes a que puedan tramitar sus relaciones con su propia palabra y con sus propios gestos. La entrega de esa gestión de las relaciones a otras instancias puede ocurrir cuando los intentos de hablar del deseo y del no deseo interpares se muestre imposible. Las y los jóvenes deben reaprender a conversar.

Y, por último, 4, te comparto la extraordinaria frase que me dijo un jefe de la policía de El Salvador, donde estuve trabajando durante una gran parte de este año: “Que la mujer del futuro, no sea el hombre que estamos dejando atrás”.

Mariana Carbajal habla con Rita Segato




Se va a caer... el bozal legal




La persona A denunció ser acosada en el trabajo y el denunciado inició una demanda por la que tuvo que dejar de comprarse un auto para pagar su defensa. 

B denunció que su hija fue abusada y tuvo que sacar un préstamo en el banco, con tasas altísimas, para pagar la querella del demandado. 

C contó que sus hijas no quieren ver al progenitor porque las obligaba a realizarle sexo oral y terminó condenada por no permitir las visitas con el que les sacaba el sueño. 

D contó en las redes sociales que fue acosada cuando tenía 17 años y no supo que hacer cuando encontró una carta documento por debajo de su puerta. 

E se solidarizó en las redes sociales con una víctima y repudio a un agresor y hace un mes que se pasa los días juntando pruebas, pidiendo plata prestada y visitando abogadas para no terminar hipotecada. 

F es una psicóloga que perito un caso de abuso sexual en la infancia y el padre al que ella marcó como abusador le inició una demanda por la que tuvo que vender su departamento para pagar los costos del juicio.

Todos los casos son reales. Pero no se pueden decir los nombres propios por la misma razón que genera una doble revictimización las víctimas: son judicializadas por denunciar violencia de género y, si aparecen expuestas, pueden sufrir mayores consecuencias judiciales. El fenómeno no es nuevo y tiene una palabra en inglés que la define: backlash. “Cuando se pone sobre la mesa un tema hay un proceso de tomar partido contra algo que se inicia. Siempre aparece esta otra fase de reacción. Sobreviene después de una etapa donde aparece un tema, se le da importancia y lugar y, por cuestiones coyunturales, aparece alguna contradicción en ese marco teórico con una nueva visión y pone, transitoriamente, en tensión a esa nueva manera de ver las cosas. Pero las investigaciones sobre abuso sexual han dado respuestas a los planteos del backlash”, le explicó a Las12, en una entrevista realizada el 15 de julio del 2016, el sociólogo norteamericano David Finkelhor, considerado el Freud en la difusión de la problemática del abuso sexual infantil (ASI).

La reacción contra las denuncias de abuso sexual pone en jaque a la Justicia patriarcal no solo para hacer justicia sino, mucho peor, para convertirse en una herramienta desalentadora de la búsqueda de justicia. Por un lado no todos los casos son judiciables ni tienen que serlo –no todas las víctimas tienen, quieren o deben realizar denuncias en la Justicia– y, por otro lado, hay muchas causas que sufren los tiempos de prescripción u otras trabas legales, como la jurisdicción, que no permiten la vía legal. Pero, además, todos los riesgos, trampas y sufrimientos de la revictimización judicial sin un destino seguro por falta de perspectiva de género en la justicia son una muralla contra las garantías de respeto en los tribunales.

Una noticia alentadora es que gracias al impulso de la denuncia de Thelma Fardin se votaría el martes próximo, en el Congreso de la Nación, la Ley Micaela García, en homenaje a la joven víctima de feminicidio en abril del 2017, que el oficialismo había dejado afuera de la agenda legislativa pero que volvió a entrar por la presión social del movimiento “Mirá como nos ponemos”. La Ley Micaela establece la capacitación con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. La diputada Lucila del Ponti (Movimiento Evita), una de las impulsoras de la iniciativa, resaltó: “Insistimos en que se vote la ley porque no nos alcanzan los anuncios o declaraciones que se hacen cuando se mediatiza un tema, pero que después no se llevan a la práctica. Sancionar este proyecto, acordado desde diversos bloques, garantiza avanzar en la implementación efectiva de estas políticas”.

La capacitación en perspectiva de género es fundamental en una justicia que todavía cree, como en la sentencia del Tribunal Oral Criminal Nº1 de Mar del Plata, en el juicio de Lucía Pérez, que si un hombre lleva una Cindor y facturas para tomar con una chica esa es una prueba fehaciente de qué no se trata de un femicida o violador. Falta capacitación. Y mucha, mucha Cindor. Pero, además, faltan abogadas concretas, capacitadas y dispuestas a defender a las víctimas. Y, además a defenderlas de los agresores con poder, dinero y contactos que litiguen contra ellas. No solo que puedan hacer las denuncias, sino que puedan defenderlas de las contra denuncias de los denunciados. Sin ese escudo el derecho a la denuncia de abuso sexual no está realmente garantizado en Argentina.

El 23 de marzo del 2016, Michelle Obama, cuando todavía era primera dama norteamericana, en su visita a la Argentina, felicitó en su discurso en el Centro de Diseño de Barracas, al país por tener patrocinio jurídico gratuito. Pero una víctima que necesita una abogada todavía se ahoga en un mar de búsquedas difíciles, costosas y, muchas veces, sin resultados. No es la única deuda pendiente post Ni Una Menos “De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el Gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, apenas se construyeron y equiparon 10, según informó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero 8 de los 10 se habían empezado durante la gestión anterior. Recién el mes pasado comenzaron las capacitaciones al cuerpo de abogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Pero el servicio estará disponible a partir del trimestre del año próximo y no en todo el país: solamente en NOA, NEA, La Plata y Neuquén. Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando apenas en 15 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular. Los datos muestran que la implementación de políticas integrales en materia de violencia de género, a tres años y medio de la primera marcha de Ni Una Menos, todavía es una deuda pendiente. A eso se suma una reducción del Presupuesto 2019 del INAM del 7 por ciento en términos reales, en relación a 2018”, escribió Mariana Carbajal en PáginaI12, el 27 de noviembre del 2018.

Sin libertad de denunciar no hay libertad. Sin abogadas para defender a las víctimas de las denuncias por denunciar no hay justicia. Las denuncias de las víctimas tienen una diferencia clave y de clase con respecto a la violencia de género y el abuso sexual: la violencia machista se da en todas las clases sociales. En cambio, las denuncias contra las denunciantes es una espada de la contraofensiva de los sectores sociales, culturales y económicos más altos y protagonizada, muchas veces, por personas con influencia, poder, contactos o métodos de intimidación tanto a víctimas, sobrevivientes de abuso sexual y madres protectoras de hijos e hijas abusados sexualmente.

Si ya no las callan más es indispensable que el poder de querellar a las víctimas no les ponga un bozal legal a las víctimas. Porque ante el bozal lo único que sale es más rabia. Y sí, ya saben cómo nos ponemos.

Luciana Peker




sábado, 15 de septiembre de 2018

DE VIDO: AYER UN JURAMENTO, HOY UNA TRAICIÓN




A TODOS MIS QUERIDOS COMPAÑEROS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Por la presente quiero hacer absolutamente responsables sobre la seguridad de mi familia (5 hijos, 10 nietos y 4 bisnietos) y de mi esposa Alessandra Minnicelli, tanto a los que viven aquí en Buenos Aires, como en las ciudades de Córdoba y Rio Gallegos, a todos aquellos que han pretendido involucrarme en la denominada causa de los cuadernos.

Cuadernos que hasta para los más ingenuos de los bien intencionados no EXISTEN ni EXISTIERON. Sólo le dieron virtualidad a través de una perversa operación de inteligencia, llevada a cabo por el agente de inteligencia del Ejército Argentino, Batallón 601, el Suboficial Centeno, acompañada y ejecutada en parte por otro agente, Orlando Jancic, quien trabaja encubierto como portero en el edificio donde reside mi familia en Capital Federal, quien invento, ordenado por sus mandantes –que siguen haciendo inteligencia interna - una mudanza de cajas de seguridad desde un 10º piso que por el peso y dimensiones que describió -según cuentan los medios de prensa- hubiera sido imposible de concretar. Sólo un idiota podría haber imaginado que tal operación fuera posible.

Como vemos y como vimos en la Argentina, este tipo de personal no reúne las condiciones mínimas para llevar adelante un razonamiento coherente; los reclutan por su maldad y perversidad y estoy convencido de que no resistirían una prueba de aptitud psicológica elemental.


De la misma forma, hago cargo y responsabilizo a todos los empresarios, a López y a Uberti, quienes extorsionados ante la amenaza del Fiscal Stornelli de mandarlos presos, me incluyeron a mí en relatos claramente dictados por la fiscalía para involucrarme en escenas en las que ni siquiera figuraba en el enfermizo texto de las copias truchas de Centeno.

La leyenda sobre mi riqueza personal -una gran mentira- de la que ha hecho gala y exposiciones estas y otras escorias impropias de la condición humana, nos expone a toda la familia, ante tamaña ola de inseguridad que se incrementa día a día, con el impulso de esta campaña mediática y judicial, en la que se ocultan y nos acechan delincuentes de la peor calaña y condición, como Orlando Jancic y Oscar Centeno, quienes paradójicamente tienen protección policial.

Quiero además solidarizarme con el resto de mis compañeros injustamente presos sin juicio ni proceso, o sea casi incomunicados y apretados para que se arrepientan. Ellos también han sido víctimas de esta operación de inteligencia y a ellos por este medio ratifico todo mi afecto y mi confianza.

No hablo de poner las manos en el fuego porque -como ya he escrito- es un ejemplo propio de la Inquisición. He sufrido esta comparación -o mejor dicho dilema- en carne propia. Lo estoy sufriendo y me parece un tema por lo menos para mí terminado.

Además, y también haciéndome eco de los dichos de otra porquería, Juan Manuel Abal Medina, le exigiría que limpie la memoria del compañero Mazzón, al que agravió en la cobardía de saberlo muerto.

Y hablando de cobardía, misteriosamente nadie lo reivindicó ni defendió en esta oportunidad, pero cuando estaba vivo lo llenaban de elogios. Un abrazo respetuoso y fraterno a la familia de este buen compañero que fue Juan Carlos Mazzon.

Ayer cuando oíamos al compañero Verna señalar que hay gobernadores peronistas que están más cerca de Macri que de Perón, decíamos que “en la indignidad del Carnero esta la debilidad del rebano”. Buen momento para tener presente esto.

Le pido a Abal Medina que en honor a su tío diga la verdad, que honre la memoria de un héroe del Peronismo como Fernando Luis Abal Medina y reconozca, que junto con las basuras de López y Uberti, a pedido del Fiscal metió preso a los otros compañeros para zafar él.

Lamento que un apellido glorioso para nosotros todos los peronistas haya sido manchado por un entregador ortiva y mentiroso. Ojalá nunca le toque estar preso. Aquí en la cárcel hay códigos en los que no se respeta a los de su categoría. Aquí lo consideran lo peor, la ultima escoria de la escala zoológica, no solo los internos sino los propios carceleros.

Igualmente, y haciéndome eco de lo que en su momento pidiera y aún pide Cristina sobre la necesidad de una auditoria integral de toda la Obra Pública, pido que lo hagamos extensivo a todas las campañas políticas que se hicieron en la Argentina del 2003 en adelante, tal como está investigando en la actual causa el Dr. Bonadío, donde a similitud de la misma el Dr. Casanello también deberá hacerlo con las del PRO, creo que a partir del 2007, pero haciendo hincapié especialmente en la Presidencial del 2015 y la legislativa del 2017, donde los que figuran como aportantes negaron haber realizado estos aportes.

Hasta ahora la única respuesta que recibimos fue que había “lagunas”. Hasta ahora no hay cuadernos, en realidad hay testimonios concretos de ciudadanos que dicen la verdad, no de arrepentidos. Si el Dr. Casanello investiga, con la ayuda y enjundia de algún fiscal honesto y que busque la verdad, tal vez ésta y la Justicia aparezcan.

Por supuesto que para darle mayor completitud, amplitud y fundamentalmente sentido de justicia porque si no se analizan todos los temas entonces nunca lograremos justicia, pues esta solo se da si corre para todos y todas y para todos los temas en general, lo otro solo es parcialidad, mirada sesgada. Eso no es justicia.

Y como es eso lo que perseguimos y debemos perseguir, ésta no debe ceñirse solo a la auditoria de la Obra Pública, la que por cierto con las causas que hay en curso, más la presente de los cuadernos truchos -ya planteada hasta la saturación-, no quita todavía que seguro habrá nuevas excavaciones a lo largo y ancho de la Patagonia y el resto del país. He escuchado que han participado también geólogos. Habría que decirle a la universidad que estudien la posibilidad de instaurar un posgrado en la materia. También podrían aparecer cajas fuertes de 400 kg o mas boleadas desde un 10 piso de 30 mts de altura, registrada o percibida por algún hijo de puta que no tenía una cámara de fotos a mano, quizás un drone o en fin mil variantes más.

Pero volvamos a nuestro tema de ampliar la auditoria que quiere la expresidenta a otras áreas como ser: LABORATORIOS MEDICINALES, SUPERMERCADOS, FRIGIROFICOS, ACEITERAS, EL PLAN ARGENTINA TRABAJA, BANCOS, AUTOMOTRICES, LA SIDERURGIA O MEJOR DICHO TECHINT y sus permanentes pedidos de antidumping y ANSES.

A propósito, sería bueno analizar dónde y por qué depositaba los fondos, mejor dicho, a qué Bancos elegía BOSSIO para depositarlos y con qué criterio los hacía. También las mineras, las Petroleras. ¿Nos preguntamos alguna vez desde cuándo está dolarizada la tarifa de gas? Sería bueno también, como quería Laurita Alonso, hacer público el Acuerdo con CHEVRON, total ahora Galluccio es empresario petrolero y compite en la compra de áreas con YPF.

La ultima en Caleta Olivia, SINOPEC, con su Empresa VISTA. Todavía no pasaron tres años que Miguel Galluccio dejó de ser presidente de YPF. ¿No habrá hecho alguna denuncia Laura Alonso? En fin, todas estas cosas que deberían ser claramente investigadas junto con la gran auditoria de la Obra Pública, que como está más que claro ya esta iniciada. Si queremos apurarla, apurémosla, abogados y contadores sobran en la Argentina, pero no nos olvidemos de lo demás sino seríamos injustos o sólo son potenciales delitos en la Argentina los que denuncian Carrio y Monner Sanz.

Deberíamos investigar también a qué municipios benefició José López con las Obras Publicas. Este dato también sería clave en una investigación.

Siguiendo cada una de estas líneas, tal vez no encontremos delitos o irregularidades, pero sí nos explicaríamos la lógica del financiamiento de todas estas campañas electorales.

Y obviamente junto con todo esto deberían investigarse las declaraciones juradas de todos los jefes de campaña de cada distrito electoral, de los candidatos, de los aportantes y de los gastos de cada una de las campañas.

Esta vez, si hacemos esto o investigamos entre el año 2003 y 2017 podremos tener cuadernos pero completos, que digan la verdad, que tengan espiral de alambre y tapas con espiral de alambre y en colores, hechos por jueces y fiscales con la participación de peritos profesionales serios -tal vez los de la Corte– no por el suboficial Centeno y un agente ignorante y perverso.

También estaría muy bueno que averiguáramos quienes integran hoy en día, el staff gerencial de todas las empresas de energía. Principalmente Pampa Energía. Tal vez hallemos allí conflictos de interés. Lamentablemente estoy preso y no tengo acceso a internet para hacerlo personalmente, pero estoy seguro que hay periodistas y fiscales que lo harían a conciencia y en 5 minutos.

Para no ser tan subjetivos habría que analizar el financiamiento de algunas campañas frustradas como la de BOSSIO GOBERNADOR 2015. Si hubiera registros fotográficos de la época, recuerdo lo obscenas que eran las gigantografias por el mal gusto y el costo exorbitante que seguramente tendrían.

Me quedó grabada la que estaba sobre el río Reconquista. Lo menciono simplemente porque en estos días escuché que las copias truchas de Centeno eran el resultado de exfuncionarios infieles. Creo que BOSSIO como los funcionaros ABAL MEDINA, LOPEZ Y UBERTI, son el mejor ejemplo de infidelidad que podemos mostrar. Además, incluyo esto porque debe ser exhaustivamente analizado en todos sus aspectos. Quiero recordar que BOSSIO fue uno de los que promovió fuertemente mi desafuero y detención ilegal hace hoy 328 días.

Todo esto, y para que no digan que me olvidé, se complementa con, …. bah! queda reducida a una minucia, comparada con: LOS PANAMA PAPERS, EL BLANQUEO DE CAPITALES DE PARIENTES DE FUNCIONARIOS, LA CONDONACIÓN DEL CORREO, EL CONTRABANDO MAS GRANDE DE LA ARGENTINA CON LA TRIANGULACION DE AUTOPARTES, LAS CLOACAS DE MORON , ETC ,ETC.

Todo esto debería ser auditado y revisado en profundidad por el CONGRESO NACIONAL, como quiere Cristina.

Veo también algunos compañeros, funcionarios “fieles”, que ahora están escondidos mientras muchos otros pelearon o dieron testimonio en su momento pidiendo por su libertad. No me incluyo porque yo también estaba (y estoy) preso, pero mi familia concurrió a alguno de los actos organizados.
Si no hay valentía, al menos debería haber por lo menos más vergüenza y si no hay huevos por lo menos presencia.

Debemos estar orgullosos de todo lo que hicimos y acompañar a la gente en su padecer cotidiano con lo que podamos Y MILITAR CLARAMENTE LA NO APROBACION DE ESTE PRESUPUESTO DE HAMBRE MISERIA.

Y si investigamos, como decíamos más arriba, que sea en serio, como corresponde y todo. No solo algunos temas o a algunos compañeros para estigmatizarlos y posicionarse políticamente mejor, nos perseguirán y nos mataran como ratas como hacen con algunos de nosotros.

Investiguemos también este presente. Solo así sabremos qué tabla, de qué baño está meando hoy Juan Chediak y en qué inodoro están defecando su cobardía y su traición Wagner, López, Uberti, Pescarmona y Rocca.

VIVAN LOS PRESOS POLÍTICOS PERONISTAS

Julio De Vido










jueves, 16 de agosto de 2018

UBERTI: IMAGINA IMAGINADOR





El exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti dijo las palabras mágicas: “Néstor, Cristina, bolsos, valijas, bóvedas”. Con eso consiguió firmar un acuerdo para ser considerado imputado-colaborador y con ello le dieron el boleto para transportarse desde una celda inminente en Marcos Paz hacia su confortable casa.

No necesitó presentar ni una sola prueba. O sea que desde el punto de vista de lo que ocurriría en un juicio, la declaración no sirve para nada, porque carece de evidencias para sostener lo que dijo.

Por ejemplo, declaró que el día de la muerte de Néstor Kirchner había 60 millones de dólares en el departamento de la calle Juncal. “No lo vi, pero lo sé por comentarios”. Fue en octubre de 2010. Se trata de un dato asombroso teniendo en cuenta que Uberti había dejado de ser funcionario en agosto de 2007. En paralelo, el ex titular de las concesiones viales contó que cobraba coimas de 150 mil dólares por mes por los corredores con peaje. La principal concesión, la de la Panamericana, la tenía el grupo Macri, es decir que el propio presidente queda salpicado. Tampoco en esto Uberti presentó prueba alguna e involucró a Techint en los pagos oscuros.

El nuevo arrepentido fue titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), desde 2003 hasta el momento en que renunció por el caso de la valija de Antonini Wilson, en agosto de 2007. El se califica a sí mismo como “funcionario de cuarta categoría”, pese a lo cual manifiesta haberle llevado bolsos y valijas a Néstor Kirchner en persona. Al principio dice que le entregaba 150 mil dólares por mes de los concesionarios viales a Julio De Vido, pero luego que llevaba esa cifra directamente a Néstor Kirchner en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Al menos en el texto de la declaración no hay testigos ni nadie que pueda verificar la versión, salvo los empresarios que pusieron el dinero. El problema es que el método extorsivo utilizado en el expediente impide saber si, ante la posibilidad de ir preso, el empresario que declare dirá la verdad o dirá lo que le permita eludir el calabozo.

En la declaración ante el juez Bonadio, el ex funcionario dijo que el número 2 de Techint, Luis Bentatza, le dio 100 mil dólares en efectivo para entregarle a Kirchner; que en otra ocasión, uno de los titulares de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, le entregó “una valija con 10 millones de euros, que sacó de su Fiat Mondeo (sic)”, y también tuvo la oportunidad de subir al departamento de la calle Uruguay “donde había valijas en el pallier y en su dormitorio muchas más. No había nadie en el departamento. Por referencias de Daniel Muñoz –fallecido secretario de Kirchner– esas valijas iban a Santa Cruz. Eran como 20 valijas. Las iban a poner en bóvedas compradas al Banco Hipotecario y que estaban en la casa de los Kirchner en Río Gallegos”.

Se ve que Uberti debía incorporar elementos que no pesarían desde el punto de vista judicial, pero sí servirían como escenografía de color para el periodismo. Por ejemplo, cuenta que Néstor Kirchner le pegaba a sus colaboradores, que ordenó pegarle tres golpes a uno de los hermanos Zacarías, Rubén, porque no le entregó el diario a tiempo o que el fallecido presidente tiraba los paquetes de dinero cuando eran en pesos y no en euros o dólares. Por supuesto que no se privó de mencionar al gran objetivo del juez, Cristina Fernández de Kirchner. “Esta cuestión no era ajena a la Sra. Kirchner que presenciaba los transportes de dinero”, declaró Uberti. El ex funcionario agregó que en una ocasión, Néstor Kirchner lo mandó a ver al empresario Juan Carlos Relats para que entregue dinero para construcciones o reformas en el hotel Los Sauces. Es una jugada a varias bandas. Relats falleció, imputa a Cristina Kirchner y vincula la maniobra con la causa Los Sauces, que también instruye Bonadio.

En todo el relato que, con las certificaciones y la aceptación de Bonadio totaliza 13 páginas, nuevamente no aparece un testigo vivo ni algún elemento que permita verificar los dichos.

Todos son valijas y bolsos, no hay cuentas, no hay propiedades, no hay sociedades ocultas y habrá que ver si aparecen las famosas bóvedas. En su momento se armó el mismo mito respecto de la casa de Calafate y el propio arquitecto desmintió la versión de la existencia de las bóvedas. Respecto de los bolsos, quien los mencionó fue la supuesta secretaria Miriam Quiroga, cuyos dichos fueron desmentidos por ella misma ante el juez Luis Rodríguez.

Parece claro que en semejante cuadro de coacción, de prisiones arbitrarias y de la falta de una búsqueda rigurosa y silenciosa de pruebas, será muy difícil esclarecer los casos de corrupción. La matriz es la persecución, tapar la grave crisis económica, en lugar de investigar la verdad.













El extitular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti se había entregado el lunes 13-8 a la Justicia y negoció declarar como imputado-colaborador. El nombre de Uberti reapareció a raíz de la declaración del número 2 de Techint, Luis Benatza, quien justificó el supuesto aporte de miles de dólares a través de Roberto Baratta para pagar virtuales gestiones del gobierno kirchnerista para que Hugo Chávez pagara una indemnización por la estatización de la siderúrgica venezolana Sidor, propiedad de Techint. Benatza, como los demás empresarios cercanos al macrismo, no aportó ninguna prueba y se fue a dormir tranquilo a su casa.

Uberti dejó el gobierno de Néstor Kirchner en agosto de 2007, a raíz de la aparición de 800 mil dólares en un vuelo privado en el que volvieron de Caracas distintos funcionarios. El responsable de permitir que Guido Alejandro Antonini Wilson subiera al avión fue el que estaba a la cabeza de la misión, Uberti, por lo que tuvo que renunciar.

La causa quedó en la nada, porque Estados Unidos nunca permitió que Antonini Wilson declarara en la Argentina. Washington pactó con Antonini que acusara a las autoridades del gobierno de Hugo Chávez, pero nunca justificó de dónde sacó el dinero. Uberti quedó imputado en aquella causa, pero el juez Pablo Yadarola cerró el expediente en junio pasado, señalando que no había pruebas suficientes contra Uberti. 

Habrá que ver qué es lo que declara el ex funcionario, ahora arrepentido, respecto de la negociación con Chávez por Sidor. El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo el domingo en Radio 10 que hubo una reunión, en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, durante la Cumbre de las Américas de 2005, en la que participaron Chávez, Néstor Kirchner, Paolo Rocca y el propio Fernández. El ex jefe de Gabinete afirmó que en esa reunión quedó firme que Venezuela le pagaría a Techint y que la negociación continuaría en forma directa entre Rocca y Hugo Chávez. “En ese momento mismo, intercambiaron teléfonos y la forma de comunicarse. De ninguna manera hubo coima. Es una canallada. Yo estuve ahí”, redondeó Alberto Fernández.



domingo, 12 de agosto de 2018

EL SANTO OFICIO DE COMODORO PY





Yesid Reyes Alvarado es un destacado jurista colombiano. Es hijo de Alfonso Reyes Echandía quien fuera presidente de la Corte Suprema de su país, y fue asesinado por la guerrilla del M-19, junto a otros magistrados. El crimen provocó cambios legislativos radicales: tribunales en las sombras, testigos ocultos, ley del arrepentido.

Lejos del furor de la vendetta, Reyes Alvarado cuestiona las innovaciones que compara con un regreso a los métodos de la Inquisición. Afirma que la obtención de evidencia en la lucha contra el crimen organizado debe realizarse respetando la prioridad de los derechos individuales de los acusados. Hay jerarquía de derechos… De lo contrario, fulmina, regresan en este siglo las reglas del Santo Oficio.

Corresponde trasladar la prédica a la Argentina, para abordar la causa más famosa de estas semanas. La productividad informativa de un proceso penal no sanea sus vicios:

→ Forum shopping ejercitado por el juez federal Claudio Bonadío para adjudicarse el expediente.

→ Abuso de la prisión preventiva aplicada a granel a todos los sospechosos, sin mediar condena ni siquiera procesamiento.

→ Manejo discrecional de la institución del “arrepentido”, que técnicamente debe llamarse “delator premiado”.

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El encarcelamiento arbitrario se usa para quebrar voluntades. Una nota de la periodista Emilia Delfino en “Perfil” describe el primer recurso del método que practica el juez Claudio Bonadío junto al fiscal Carlos Stornelli. Se titula “El olor a tumba, clave en el operativo ablande de los empresarios arrepentidos”. Comenta que es crucial alojarlos en la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal. La cárcel, lejos del mandato constitucional, es inhóspita con hedor “a vómitos, suciedad, orina y materia fecal” de anteriores reclusos. Así se los ablanda y se ponen en marcha los pactos con los “arrepentidos”.

La norma estipula que para ser arrepentido un ciudadano debe confesar un delito, señalar a otros culpables (de rango superior) aportar pruebas. A cambio de eso podría (se resalta el potencial) obtener una reducción en su condena. Supeditada a que sus dichos sean veraces y las pruebas conducentes. Dicha decisión se toma recién al dictar sentencia.

En los trámites previos (ahorramos tecnicismos y jerga, aspirando a no falsear) se les concede un tratamiento especial, “a cuenta” de lo que se produzca en el proceso, En el que también intervienen otros acusados, con derecho a defenderse y producir prueba.

Bajo esa cobertura, lo que ocurre en Comodoro Py es sideralmente distinto al sistema mencionado. Lo que explica por qué tantos empresarios “confiesan” haber sido víctimas y niegan estar incursos en cohechos (coimas) u otros delitos similares. Supuestamente se meten en un brete al macanear tanto: el aspirante a arrepentido que miente no solo pierde su beneficio, sino que agrega una condena adicional a la que ya corresponde.

Pero los empresarios ablandados no están deveras, comerciando esa condena futura para la que faltan años, acaso un lustro. Negocian el presente bajo la amenaza de quedar encanados ahora: “zafan” de esa presión ilícita. El porvenir es virtual, el presente inquisitorial y fétido los mueve. Pactan quedar afuera ahora, más adelante se verá. Por cierto, del otro lado de la mesa fomentan la burla a la ley.

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Se hace forzoso colar una reflexión. El razonamiento que hacemos goza de bajo rating en los medios dominantes e, intuye el cronista, en vastos sectores de opinión pública.

¿Para qué reconocer derechos humanos a los delincuentes? ¿Por qué no meterlos a la sombra ahora mismo, cuando los dichos de varios testigos son verosímiles? La respuesta es obvia y, tal vez, minoritaria. La enfatizamos, de todas maneras. Porque se supone que rigen la Constitución, el Código penal, la presunción de inocencia. Y revistamos en la tradición penal de Occidente.

La justificación de la tortura es similar a la operatoria que reseñamos, mal que les pese a los flamantes cruzados de la decencia.

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El expediente sigue adelante, obteniendo revelaciones creíbles cuyo impacto político y cultural es inmediato. Por añadidura los “arrepentidos” jamás se retractarían porque se verían implicados en falso testimonio o conductas similares, perdiendo la protección obtenida. Los otros encausados están impedidos de apelar los pactos, porque les son ajenos. Los fiscales, en línea con el Gobierno, seguramente no moverán un dedo.

Los testimonios obtenidos inducen a pensar que hubo cartelización de la obra pública, retornos o coimas, pagos regulares de empresarios a funcionarios. No sería novedad pero eso no exculpa a nadie ni política ni penalmente.

Corresponde pesquisar, permitir defenderse a los sospechosos, procesar y condenar cuando existan pruebas que rebatan la presunción de inocencia. Nada de eso se controvierte acá.

Solo se advierte que con pruebas contaminadas, abusos de poder y violaciones de derechos se genera un precedente tremendo, que posiblemente induzca a vendettas judiciales futuras. Y a repetir la vindicta contra otros rivales políticos, acaso de distinto partidario ideológico al kirchnerismo. La legisladora porteña de izquierda Myriam Bregman alertó: la amenaza puede propagarse para reprimir la protesta social.

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Debería ser iluminador el ejemplo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que se honraron todas las garantías de los acusados. Pero tan noble memoria cae en el olvido. Todo vale en la cruzada continental contra el “populismo de izquierda”.


Por Mario Wainfeld



miércoles, 8 de agosto de 2018

AMADO Y ODIADO






La condena por Ciccone se produce al final de un juicio en el que curiosamente se comprobó todo lo que siempre dijo Amado Boudou, empezando por el hecho fundacional: Alejandro Vandenbroele no era su testaferro. Ni siquiera se conocían. En el juicio, Vandenbroele, aun comprado por el gobierno, dijo que nunca habló con Boudou y que sólo lo vio dos veces de lejos, en reuniones con mucha gente.

También se comprobó que Ciccone no era de Boudou, ni The Old Fund era de Boudou. Lo más sólido de lo que se ventiló alrededor del caso es que el dinero de The Old Fund provino del empresario y financista Raúl Moneta. Y que el management de la Ciccone recuperada estuvo a cargo de Jorge Brito, del Banco Macro. No se aportó ni una prueba de que Brito podría ser el testaferro de Boudou. Su relación es lejana.

Cuando el Estado nacionalizó Ciccone hubo un sólo reclamo de indemnización: el que realizó Raúl Moneta. Prueba de que él puso el dinero.

Finalmente, lo más grotesco: el Tribunal Oral Número 4 (los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, que votó en disidencia) nunca manda a prisión a quienes condena. Respeta el derecho a apelar a Casación, para que la condena tenga lo que llaman el doble-conforme, requerido por los organismos internacionales. Ni Boudou ni Núñez Carmona tienen condena firme. En este caso no cumplieron con esa tradición, dos de los tres jueces los mandaron presos. ¿Por qué? Según le explicaron desde Tribunales a la periodista Irina Hauser, “porque los tiempos cambiaron”.

No deben leerse estos casos como hechos aislados. Deben leerse en el marco de la ofensiva judicial-política-mediática que se vive a nivel continental. Es el establishment usando a la justicia para que no vuelva lo que ellos llaman “el populismo”. El emblema es Lula, preso en Brasil. El objetivo es claro: hay que impedir que vuelva a la presidencia.

Los métodos no importan.

Por Raúl Kollmann



El presidente del tribunal oral IV que condenó y envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la imprenta Ciccone, Pablo Bertuzzi, fue premiado por la tarea cumplida: perseguir opositores. Ahora, tiene allanado el camino para pasar a integrar una de las vacantes en la estratégica Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

La Cámara Federal de Casación Penal, a través de los presidentes de sus cuatro salas y la presidencia del tribunal, acordó no oponer reparo alguno al traslado solicitado por el magistrado al Consejo de la Magistratura, que el mes que viene oficializaría el pase, según el cronograma de reuniones de este organismo.

De esta manera, Bertuzzi ocupará luego de setiembre una de las tres vacantes existentes en la cámara de apelaciones por las que pasan todos los casos de corrupción en la administración pública nacional investigados en los doce juzgados de instrucción de los tribunales de Comodoro Py. El actual integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) se sumará a sus colegas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en la sala I de la Cámara Federal porteña. La sala II tiene a uno solo juez de tres puestos, Martín Irurzun.





martes, 5 de junio de 2018

Tiren contra el Fiscal FEDERICO DELGADO







El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria al fiscal Federico Delgado como sospechoso de haber filtrado información sobre la causa donde investigaba la muerte de 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, en abril de 2016.

Se basó en una denuncia que hizo Víctor Stinfale, uno de los principales acusados y procesados como organizador de la fiesta donde circulaban y se comercializaban drogas sintéticas frente a los ojos de funcionarios del gobierno porteño.

El fiscal Franco Picardi había dictaminado que se debía archivar el tema porque no veía delito alguno. Pero el juez le dio crédito al planteo del abogado y empresario, que dijo que se había enterado de que lo detendrían a través de los medios mientras había secreto de sumario. Además, prometió en televisión: “Me lo voy a cargar fiscal Delgado”. Stinfale tiene procesamiento confirmado por la Cámara pero logró que, además de desplazar a Delgado, el tribunal también apartara al juez federal Sebastián Casanello cuando estaba por elevar la causa a juicio oral con más de 30 procesados.

La causa sobre los hechos y las muertes también la tiene Martínez de Giorgi desde agosto pasado, y quedó casi paralizada. El caso no fue a juicio oral aún, pero el fiscal fue citado como imputado.

Federico Delgado tiene un panorama penal complejo en la actualidad, ya que a la denuncia que le hizo Stinfale por Time Warp, donde ahora la citan por incumplimiento de deberes de funcionario, este año se sumaron otras dos causas penales. Una surgió de una denuncia en su contra que hizo el juez Claudio Bonadio por una presentación del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y también lo denunció Jorge “Corcho” Rodríguez. La primera causa la tiene Daniel Rafecas, la segunda, también Martínez de Giorgi. También tiene un sumario abierto en la Procuración. Es una especie de cerco que se configuró en los últimos meses. Coincide también con la publicación de un libro de Delgado que se llama «Injusticia», sobre la trama de funcionamiento de Comodoro Py.

En la causa sobre la fiesta Time Warp, Víctor Stinfale estuvo detenido y cuando salió en libertad fue al programa “Animales Sueltos” y prometió: “Yo me voy a cargar al fiscal Delgado, a él nunca le interesó esclarecer el hecho, con cinco pibes muertos (...) Este tipo termina en indagatoria. Termina procesado”, prometió. La denuncia penal decía que había violado el secreto de sumario, porque los medios se enteraron de su detención antes que él. El fiscal al que le tocó la denuncia, Picardi, evaluó que la denuncia de Stinfale era producto de su disconformidad en la causa, donde está involucrado, pero que no había un delito penal de por medio. Además, señaló que era imposible determinar si la fuente de la filtración era Delgado porque muchas personas trabajan en el expediente.

La defensa de Delgado también planteó que no era cierto que en las fechas señaladas por Stinfale hubiera secreto de sumario. El 3 de mayo de 2016, que trascendió su detención, no hubo secreto durante el horario laboral de tribunales sino cuando terminaba. Había vencido el día anterior y pasó casi un día hasta que se reanudó. Tampoco regía el 16 de mayo, cuando se conoció el pedido de procesamiento y prisión. Martínez de Giorgi hizo otra evaluación y lo citó para el 19 de junio. “Las pruebas indican que en ese lapso (del 22 de abril al 3 de mayo de 2016) habría revelado información sensible al trámite de la instrucción, reservada a su conocimiento en razón del ejercicio de su función, suministrando a distintos medios de comunicación cauces de investigación y prueba realizada en secreto”, dice la resolución.





Durante la investigación de la Time Warp los organizadores estuvieron presos, entre ellos Stinfale, considerado socio oculto de Energy Group y Dell Producciones, Adrián Conci –presidente de Dell– y Maximiliano Avila –apoderado–. Pero también fueron procesados 30 funcionarios del gobierno porteño y agentes de la Prefectura.

Delgado y Casanello sostuvieron que la fiesta en cuestión era el disfraz de otros negocios, como la venta de drogas sintéticas y de botellas de agua que se cobraban 100 pesos, en un predio habilitado para 13 mil personas, donde entraron 20.500 y había solo tres ambulancias. La imputación fue “comercio de estupefacientes y abandono agravado de persona seguido de muerte”. La Cámara luego confirmó los hechos e imputados pero cambió la calificación y puso facilitación de un lugar para la comercialización de estupefacientes, homicidio culposo y lesiones graves culposas. Tras esa decisión aparecieron los prófugos.

Hoy no hay nadie preso, ni juicio en camino. Los familiares esperan los resultados de una pericia sobre las causas de las muertes.

Irina Hauser










martes, 10 de abril de 2018

EL CULEBRÓN DEL CORREO ARGENTINO




Mauricio Macri sigue limpiando el camino judicial para salir bien parado del Escándalo del CORREO ARGENTINO. Ahora logró el desplazamiento del fiscal federal Juan Pedro Zoni, que interviene en la causa penal iniciada tras el intento de condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia presidencial y en la Macri que está imputado. La movida lleva la firma del procurador interino Eduardo Casal, alineado con las directrices del Gobierno, y se produce a los pocos días de que Zoni pidiera una serie de medidas para reimpulsar la investigación.

Zoni interviene en la causa penal que se inició tras conocerse el intento de Macri de CONDONAR más de 70.000 MILLONES de pesos a su familia. Ese día hubo varias denuncias penales en Comodoro Py, que fueron unificadas por el juez Lijo. El fiscal Zoni imputó a Macri, al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Mocoroa y los directivos de SIDECO, SOCMA y Correo Argentino. A las pocas semanas amplió la imputación a los que aún hoy actúan en la causa por la deuda de la familia presidencial con el Estado y que fueron señalados por la fiscala Gabriela Boquin, la funcionaria judicial que más impulsa las investigaciones sobre este caso, como parte funcional del vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas de la familia presidencial. Son la jueza Marta Cirulli y los síndicos del concurso de acreedores de Correo Argentino. Entre ellos, Julio César Rivera, propuesto por Macri para conjuez de la Corte Suprema y para encabezar la reforma al Código Civil y Comercial.




A mediados de marzo, el fiscal Zoni pidió una serie de medidas para intentar que avance la investigación. Lo hizo con pedido de secreto de sumario y aún espera la respuesta del juez Lijo. La intervención de Zoni siempre fue limitada por la sombra latente de este traslado que ahora se concreta y por los manejos del juez ARIEL LIJO, hábil titiritero de expedientes. El resultado: demoras y operaciones cruzadas entre el Gobierno y Lijo, uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py. El diario La Nación llegó a publicar que Macri se reunió con el jefe de los espías Gustavo Arribas y con su operador judicial Daniel Angelici para desestimar las denuncias en contra del hermano de Lijo a cambio de impunidad en el caso Correo. Siempre según La Nación, a la hora de hablar sobre cómo se comportaría Lijo respecto a Macri, Angelici afirmó: “Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien”.




La fiscal Gabriela Boquín denunció un “nuevo intento” del Correo Argentino “para evitar el pago de sus obligaciones, eludir las consecuencias del proceso, dilatar aún más el trámite concursal” –que recordó que lleva 17 años– y “obstaculizar una investigación que no sólo puede hacerse sino que debe efectuarse para respetar el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”. La empresa del grupo Macri busca desde hace meses apartar a la fiscal de una pesquisa sobre maniobras de vaciamiento en favor de Socma y Sideco, también de la familia presidencial, que se habrían producido mientras se cocinaba (e incluso después) el acuerdo con el Estado con el que apostaba a la condonación casi total de su deuda, y que quedó trunco precisamente por la intervención de Boquín. En una presentación del jueves último la fiscal acusó al Correo ante la Cámara Comercial de pretender “obstaculizar” su trabajo al cuestionar sus facultades para buscar pruebas de un posible fraude, desviando “el verdadero foco de atención, es decir, cuál fue la conducta desplegada” por la empresa “y sus controlantes y beneficiarios finales en perjuicio de los acreedores”.

Para entender cómo evolucionó en estos dos últimos años el escándalo del Correo –que en rigor lleva muchos más– hay que recordar que: En febrero de 2017, la fiscal Boquín denunció que a mediados del año anterior la empresa de los Macri había firmado un acuerdo “ruinoso” y “abusivo” con el Estado, al que le debe más de 4.000 millones de pesos, para pagarle un irrisorio uno por ciento y monedas de todo ese paquete con un cómodo plan de pagos hasta 2033.

Era todo tan grosero que el Gobierno tuvo que reconocerlo y dar marcha atrás. Hasta el día de hoy, sin embargo, entre planteos y pedidos de prórroga de la empresa y los representantes estatales, se fue dilatando todo de manera tal que no sólo la deuda sigue impaga sino que tampoco se avanzó en un nuevo acuerdo. En el ínterin, Boquín detectó intentos de vaciamiento en favor de Socma y Sideco Americana, las empresas controlantes del Correo, en los meses anteriores y posteriores al pacto en cuestión. Ella pidió esclarecer aquellos movimientos que podrían implicar conductas fraudulentas en el expediente concursal. Requirió los balances y libros contables de las tres empresas para entender su verdadero estado patrimonial.

El Correo comenzó a atacarla con el argumento de que no tiene facultades supuestamente para investigar ese tipo de cuestiones. La quiere sacar de juego a como dé lugar. Su denuncia, además, había tenido un correlato en los tribunales de Comodoro Py, donde se abrió una causa que en un comienzo apuntó al acuerdo y luego avanzó sobre el vaciamiento. El fiscal que impulsó la causa, Juan Pedro ZONI, y que imputó hasta al presidente Mauricio Macri, fue desplazado el viernes último de su cargo al frente de una fiscalía federal por una resolución del procurador interino, Eduardo Casal, en sintonía con el interés presidencial. Lo mandó a una fiscalía criminal y correccional.

Lo que la Cámara Comercial debe resolver ahora es si hace lugar a un recurso extraordinario del Correo Argentino para que sea la Corte quien opine sobre las potestades de Boquín para indagar en las presuntas irregularidades cometidas por la empresa en medio del concurso de acreedores. La Cámara ya respaldó a la fiscal con anterioridad, pero el Correo insiste en cuestionarla y prolongar la discusión ante la máxima instancia judicial. Si la Cámara hiciera lugar, quedará suspendida toda investigación sobre el vaciamiento hasta que los supremos decidan.


Se suponía que la firma tenía escasa o nula actividad, en incluso figuraba en el registro de sociedades inactivas, mientras negociaba su deuda con el Estado y otros acreedores y, sin embargo, registró movimientos de dinero de las cuentas afectadas al concurso hacia SOCMA y SIDECO. Según recuerda la fiscal en el escrito reciente ante la Cámara la empresa informó sobre “gastos en personal, alquiler y honorarios de directores no justificados ni documentados” para “justificar el retiro de fondos a los que se habría dado un destino incierto”. O, por ejemplo, también aparecieron operaciones llamativas como la compraventa de acciones de la firma Neficor entre Correo y Socma Americana por dos millones de dólares para un negocio automotriz, que no dio dividendos y que –además– tenía nula vinculación con una empresa postal. Lo más impactante es que los retiros de fondo que se concretaron a lo largo de 2016 por cerca de 10 millones de pesos, fueron autorizados por la jueza del concurso, Marta Cirulli, denunciada por Boquín, e investigada también por el fiscal Zoni.


La posición del Correo es que el impulso de la investigación sobre sus manejos presuntamente fraudulentos, sumado a que no se plasmó el acuerdo, le produce un perjuicio patrimonial irreparable. La postura de victimización, la asumió también en un conjunto de demandas donde pretende un resarcimiento por supuestas pérdidas provocadas por la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. El otro eje es que no le reconoce a la fiscal ninguna atribución para impulsar medidas de prueba sobre el vaciamiento que denunció y es un mero “órgano de consulta” y se supone que manda el juez o jueza. Si de este caso se trata, replicó Boquín, la jueza debió hacer cumplir los plazos de la ley y “ello claramente no fue respetado en estos actuados pues el proceso lleva ya cerca de 17 años” y “no debería durar más de dos”. “La concursada -agregó la fiscal-se benefició con una prolongación indebida y extraordinaria de los plazos procesales”. El Correo decía que ella al querer desentrañar el vaciamiento “ocasiona una complejidad al procedimiento sin justificación”.

“Esta fiscal no entorpece el procedimiento sino que la concursada (Correo) pretende obstaculizar la función de la fiscalía”, advirtió Boquín en su presentación. En el escrito, además, enumera todos los tramos de la Ley de Ministerio Público Fiscal que le permiten ofrecer pruebas e investigar posibles anomalías. Algunos párrafos son contundentes: “Con la denuncia presentada por el Ministerio Público Fiscal no se pretende defender los intereses del Estado sino el orden público, el interés general y la legalidad (…) ¿Qué pretendía la concursada? Que luego de advertir serias irregularidades denunciadas no actuara y omitiera todo pedido de prueba? Ello es imposible, me lo impide mi responsabilidad funcional, el juramento que realicé en el momento que asumí (…) y mi compromiso con la ley y los intereses generales de la sociedad”. Su “responsabilidad para dilucidar los hechos” surge –según sostiene– de haber notado irregularidades que enumera: “abuso y fraude procesal, incumplimiento del as normas y de la cosa juzgada, posible vaciamiento y realización de actos ineficaces”. El Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados por esta Magistrada y apela las medidas de investigación dispuestas trayendo confusión acerca del rol institucional” de los fiscales y sus posibilidades de actuación en este caso.

La fiscal Boquín hace un repaso desde que se presentó el concurso el 19 de septiembre de 2001 hasta el día de hoy en que “todavía no fue homologado un acuerdo ni decretada la quiebra”. La quiebra arrastraría a las controlantes de la familia Macri: SOCMA y SIDECO.

En 2004, la Cámara ordenó abrir el “salvataje”, por lo que concluía el llamado “período de exclusividad” en que la empresa concursada oferta formas de pago de sus deudas. Pero Correo pidió prorrogar el período de “exclusividad”. Lo pidió en julio de 2005 y luego un año después otra vez. En 2007, y a contramano de lo que había dicho la Cámara, la jueza hizo lugar. Lo abrió por 60 días, pero fueron tres años. En 2010, hace lo que ya había ordenado el tribunal de alzada y propicia el salvataje y el Correo apeló. “Durante todo el trámite la representación del Estado consintió las irregularidades”, remarca la fiscal. Todo siguió igual hasta 2016 cuando el Estado aceptó la propuesta del Correo para deshacerse de su deuda casi sin pagar un peso.

Boquín recuerda que no solo el representante estatal, como acreedor, dio conformidad. Aparecieron 354 conformidades presentadas por 14 apoderados, muchos de los cuales eran a la vez directores de Correo Argentino.


Cuando Macri dijo que todo volvería a “foja cero”, lo hizo para transmitir que el acuerdo perjudicial para las arcas públicas sería revisado y la empresa familiar debería saldar su deuda de manera razonable después de tantos años de bicicleta. Pero parece que todo era más literal, porque el proceso está estancado, como si estuviera en cero. Hubo artilugios, como un pedido de prórroga del propio Estado a la espera supuesta de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que recién fue entregado ahora y cuyos tramos críticos quedaron excluidos. El resto es inocuo. Y ahora todo está enfocado a frenar los fiscales que tuvieron expresiones concretas sobre las abrumadoras irregularidades del caso. Zoni, en Comodoro Py, está en la cornisa pero va a cuestionar la decisión de desplazarlo y eso podría derivar en una causa en el fuero contencioso; Boquín intenta pelearla con un dictamen lapidario, que espera respuesta.

Irina Hauser







domingo, 8 de abril de 2018

SERGIO MORO, EL AMIGO AMERICANO





El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”

Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.




Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.

Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.

Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.

El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

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jueves, 5 de abril de 2018

"DEVUÉLVANME MI INOCENCIA"






En los últimos días la derecha brasileña había entrado en un estado de desesperación. Después de imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de LULA, descontando una decisión que creían segura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, sus sueños habían empezado a debilitarse. Un conteo preliminar de los votos del tribunal parecía favorecer a LULA, sugiriendo un quiebra del consenso de CURITIBA que se había impuesto hasta ese momento. Un consenso jurídicamente absurdo, de condena sin crimen ni pruebas, configurando claramente una persecución política, basada en el lawfare –el uso unilateral de leyes para la perseguir a adversarios políticos–. Nadie tiene dudas de que el juez SERGIO MORO es un adversario político feroz de LULA, que le ha negado todo tipo de recursos, que lo trata de forma racista y discriminatoria, que frecuenta, de forma amigable, fiestas con dirigentes de los partidos de derecha, ninguno de los cuales ha sido tan siquiera acusado por el juez y sus colegas.

El clima era de gran expectativa. Una Revista semanal de la derecha advertía que si LULA recibía el hábeas corpus se terminaba el caso Lava Jato, confesando que ese operativo anticorrupción dependía de la violación de la Constitución que dice expresamente que la prisión de un acusado solo se daría una vez concluidos todos los recursos. Pasa que el mismo STF, involucrado en el clima de arbitrariedades que la Lava Jato había impuesto al país, había decidido, en varios casos, por la prisión antes que se agotaran todos los recursos. Pero, rompiendo con esa práctica, había anticipado que, en el caso de Lula, volvería a hacer valer el precepto constitucional, concediendo el hábeas corpus.

En los días previos a la sesión del 4 de abril, los medios habían usado todos sus recursos para intentar crear un clima de presión sobre el STF, desde el anuncio de movilizaciones de docenas de personas como si fueran miles, hasta publicar editoriales exigiendo la prisión de Lula. Quedó claro que solo por la vía judicial pueden impedir que Lula vuelva a ser presidente de Brasil.

Como elemento nuevo, oficiales de las FF.AA. pasaron a manifestarse abiertamente en favor de la prisión de Lula. Hasta el mismísimo comandante en jefe del Ejercito se sumó al coro, diciendo que la institución no aceptaría que la Justicia sea tolerante con la corrupción. Sus dicho representan la repolitización de las FF.AA., que se han otorgado una amnistía, al final de la dictadura, que representa precisamente la tolerancia total con todos los crímenes que los militares han cometido en los as de 20 anos de dictadura. “Intolerancia con la corrupción” debería significar la anulación esa amnistía y el pasar a juzgar a todos los crímenes de la dictadura. Pero ahora es solo una frase que se sumar a la persecución política de Lula y nada más.

           El Supremo tribunal federal trató el pedido de hábeas corpus presentado por los abogados de Luiz Inácio Lula da Silva para que el expresidente permanezca libre hasta agotar las apelaciones a la condena proferida por el juez Sergio Moro, de la primera instancia de Curitiba, luego confirmada por los camaristas del Tribunal de alzada de Porto Alegre en la causa Lava Jato. 
       
           El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del exmandatario Luiz Inácio Lula da SIlva y sostuvo que la Corte Suprema "rasgó la Constitución" al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.
       
           Desde hace prácticamente un año el régimen encabezado por Michel Temer, vacío de legitimidad y enlodado por escándalos probados de corrupción, comenzó a ceder espacios de poder a los militares. Uno de sus cuadros, el general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, amenazó con un alzamiento armado si la Corte se pronunciara por la libertad de Lula . Incluso el jefe del Ejército, Eduardo Villas Boas, se pronunció en Twitter contra “la impunidad”, un eufemismo con el que fijó su posición a favor del encarcelamiento del ex presidente.    

Las reacciones negativas han venido de varios lados, incluso de la red Globo. En una editorial, ese medio criticó al comandante en jefe de la Fuerza Aérea y de otros sectores formadores de la opinión pública por aceptar la impunidad respecto a políticos de derecha, como Michel Temer y Aecio Neves, entre otros, mientras que, súbitamente, muestran preocupación por el caso de Lula.

El clima ha vuelto a ser tenso en Brasil y en todo el país, fomentado por los medios, en particular por la red Globo, que actuó como si se estuviera en las vísperas del golpe de 1964, cerrando su principal noticiero con la amenaza del golpista del comandante en jefe del Ejército - antes de decir lo contrario al día siguiente.

En ese clima el STF falló en contra de Lula. Caben todavía recursos y, aun siendo rechazados, como se espera, queda la decisión política en manos de Sergio Moro, de definir si decreta la prisión de Lula. Lo cual produciría una inmensa conmoción, por ser el único líder político nacional en Brasil, por tener 40 por ciento de apoyo en las encuestas, como lo han confirmado sus Caravanas por todo el país.

Una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue de Lula, que acaba de ir a subasta, con lo recaudado para la empresa que es la real propietaria del inmueble. con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político.

Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña. De ahí a que, a lo mejor, no se atrevan, pero mantengan lo que más le importa a la derecha brasileña: tratar de impedir que Lula sea candidato a la presidencia del país.

Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus





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