“La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo”, es la conclusión a la que llegó el jurista Alejandro Slokar sobre la declaración de inconstitucionalidad que dictó la Corte Suprema respecto de la reforma del Consejo de la Magistratura. El juez de la Cámara de Casación y miembro de “Justicia legítima” afirmó que la posibilidad de modificar el Consejo y de elegir con el voto popular a sus integrantes “es un debate clausurado” por la reciente decisión del máximo tribunal, que sólo podría revertirse con una reforma de la Constitución. Sin embargo, enfatiza que “la ruptura adentro del Poder Judicial está planteada, y aunque no será inmediata es una transformación, casi un choque cultural, que no se detiene más”.
–¿Cuál es el destino de la reforma del Consejo de la Magistratura luego del fallo de la Corte Suprema?
–Acá está en juego la relación del Poder Judicial con la sociedad y con el poder político.
La sociedad lo ve como un poder no igualitario, autoritario, con privilegios, como estar eximido del pago del Impuesto a las Ganancias, y poco abierto a escuchar. En ese contexto, el fallo no contribuye a achicar ese aislamiento, va en contra de una democracia expansiva, y revela una vocación contrademocrática. Al interior del Poder Judicial pone en evidencia la fractura que existe, no sólo dentro de la propia Corte, sino también dentro de ese propio poder. Y pone en evidencia la pérdida del liderazgo de la Corte para las transformaciones en el orden interno. La consecuencia del fallo es mantener el statu quo corporativo, pero también marca un quiebre. No quiero hablar de fin de ciclo, pero sí de otro punto de análisis de la apreciación que se tenía desde afuera respecto de la capacidad de la Corte de liderar esas transformaciones. Lo que llama a la reflexión es que durante todo el proceso legislativo hubo un diálogo interpoderes, y la Corte sólo reaccionó para recuperar los fondos y administración de esos fondos, pero nunca puso en consideración la posibilidad de algún ajuste que diera lugar a un cambio de lo que se modifica en las leyes, por ejemplo, respecto de la conformación de la Magistratura. No hay gestos, no hay apertura en favor a alguna transformación. Lo único que les preocupó fue el control de la caja.
–¿Era una ocasión para que el Poder Judicial aportara su impronta al cambio?
–En un diálogo interinstitucional de poderes, en una relación seria, era el momento para ofrecer una opción superadora, si acaso esto era decididamente inconstitucional. No lo hicieron, lo único que hicieron fue recuperar la caja. El fallo no evaluó la implicancia institucional de lo que estaba en juego, o si se evaluó, optaron por mantener este estado de cosas donde nada cambia, todo se consolida y parece que la Justicia funcionara fantásticamente.
–Entonces, ¿el debate sobre el Consejo quedó clausurado?
–El debate quedó clausurado con la decisión de la Corte, al menos desde el punto de vista interno tal como había sido pensada la reforma. El Judicial pudo haber ofrecido alternativas posibles y no lo hizo. Hay reformas que están vigentes que lamentablemente no se materializan, no entiendo por qué no se hizo efectivo hasta ahora el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, falta la reglamentación de la Corte a una ley vigente. Las designaciones siguen siendo a dedo y sin concurso. Otros aspectos tienen que ver con la transparencia en las declaraciones juradas patrimoniales, y aún en eso hay demoras. Fíjese lo que revelan las formas y los modos: esto se resolvió en tiempo record. No hubo audiencias públicas como se implementan en otras causas, no hubo apertura en favor de la incorporación de los amicus curiae, frente a un tema trascendente porque está en juego la condición democrática de un Poder Judicial, que es el derecho a sufragio. En Brasil se transmiten las deliberaciones del Tribunal por un canal de televisión, debaten de cara al público. Si no querés la reforma del sufragio, al menos consolidá hacia adentro algunas formas democráticas que impliquen una modificación del estado de cosas.
–Si el debate está cerrado, ¿por qué la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llama a dar la gran batalla por la reforma judicial?
–En los otros aspectos sólo puede haber un retroceso en un caso concreto de algún expediente que alguien plantee en Casación, que la creación de una nueva instancia produce una afectación al derecho a un juicio en los plazos razonables. Y que la Corte termine transformando eso en un caso. Lo mismo respecto de las cautelares, donde tenés que tener un caso para que se expidan si es inconstitucional o no. Pero en relación con la modificación del Consejo y con el sufragio universal de los integrantes ya está zanjado, lo único que cabe es cambiar la Constitución.
–¿No se estará refiriendo a eso la Presidenta?
–No lo creo, porque en su discurso aclaró que lo que enviaba era constitucionalmente posible, sin necesidad de modificar la Constitución. El valor de la disidencia en este fallo es que se trató de un constituyente que fue parte de la redacción del artículo 114, que creó el Consejo. Siete jueces le dicen a él que el planteo es inconstitucional. Algo hace ruido ahí. Rescato el valor de la disidencia porque dice “
a mí no me gusta pero no puedo decir que todo lo que no me gusta sea inconstitucional”. La mayoría le dice que sí, él con razón replica que no, que como redactor del 114 sabe lo que representa y el debate que lo precedió. El otro punto de vista tiene que ver con el problema propio de la declaración de inconstitucionalidad, que es un recurso extremo, sólo se da cuando es evidente la colisión con la Constitución, por eso Zaffaroni salió a decir “tengamos cuidado”. Me parece que
banalizar la declaración de inconstitucionalidad es un problema, porque por más que los ministros digan que tienen las facultades para hacerlo, la banalizan cuando la aplican a un caso como éste, que comprometen al propio cuerpo. Para fundar su facultad invocaron el antecedente de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, y nadie puede trazar un parangón entre eso y esta ley, porque hacerlo implica bastardear toda la jurisprudencia sobre crímenes de lesa humanidad. En el plano local eso está clausurado, el reclamo internacional no tiene sentido para producir consecuencias en lo inmediato. No queda otro camino que desafiar todo esto con una reforma constitucional, que dependerá de coyunturas electorales con resultados que deben superar el 60 por ciento, con el tema del tercer senador. Es una cuenta que debe hacer un político.
–Así las cosas, la fiscalización de la elección de los miembros del Consejo seguirá en manos de la Asociación de Magistrados.
–Sí, pero se ha producido un cisma, hay un antes y un después que ya se venía insinuando. Hay sectores que seguirán conservando su poder, la elección se va a plantear dentro del diseño actual, que habilita que sólo la Asociación de Magistrados tiene la facultad y el poder de fiscalización. Es un reglamento que dictó el Consejo. Se debería modificar por otro reglamento, pero como eso es poco probable, quizá haya algún amparo que lo propicie. Quedan puntos de tensión, hay una disposición final en la ley del Consejo que dice que la Corte y la jefatura de Gabinete tienen que reglamentar la ley respecto del manejo presupuestario. Esta co-reglamentación es un escenario complicado a la hora de sentarse en un diálogo interpoder.
–¿Es acertada la estrategia de la Presidenta de confrontar tan abiertamente con la Corte?
–Sí, definitivamente. Porque se da un escenario como el de la Resolución 125 (de las retenciones agropecuarias) donde la tensión entre el poder político y corporación es evidente y esto va a llevar a redoblar la apuesta.
Adentro del Poder Judicial está planteada una ruptura evidente, la transformación no será inmediata, pero no se detiene jamás. Es casi un choque cultural en términos de entender el derecho, del control de constitucionalidad, de la relación con la sociedad.
–¿La familia judicial entró en crisis, dejó de ser intocable?
–Claro, y eso cambió por la presión del afuera, si no la tuvieras enfrente a Estela de Carlotto, a Susana Trimarco, a Pablo Ferreyra la situación sería distinta, más allá del diseño y la estrategia política del Poder Ejecutivo. Desde el adentro esto no tiene retorno. Hay un punto en que más allá de las relaciones puntuales que se dieron ahora, a la larga el escenario es de reforma. Lo otro es aceptar definitivamente que el funcionamiento del Poder Judicial, y en particular del Consejo de la Magistratura es óptimo, lo cual es moralmente inaceptable.
–En este contexto, ¿cómo evalúa las amenazas que el ministro Juan Carlos Maqueda denunció haber recibido por parte de La Cámpora?
–No sé qué entidad tuvo el episodio, si fue un grupo de personas o si se trata de un transeúnte que envuelto en una camiseta de La Cámpora le inquirió acerca de lo que iba a votar. Desde la función publica uno tiene que tener la capacidad de soportar hasta ese tipo de presiones. La situación que vivió (Axel) Kicillof en Buquebús, nadie la comparó, pero lo que para un sector fue un escándalo, para el otro era válido. Es condición del funcionario resistir a ese tipo de presiones. Además, estamos muy lejos del escenario que dejó la crisis del 2001, cuando los caceroleros se desplazaban hasta la casa de (Antonio) Boggiano y a la de (Julio) Nazareno, reclamándoles la renuncia. La pancarta decía “menú justicia, hoy suprema a la cacerola”. Tampoco creo que, como algunos suponen, el fallo de la Corte vaya a dar lugar a una caza de brujas hacia adentro respecto de quienes piensan diferente de lo que votó la mayoría. Esto es así porque el Poder Judicial hoy es algo heterogéneo, con infinidad de variantes y actores, y hay que respetar el margen de diferencias internas. El fallo no clausura el debate interno en el Poder Judicial.
–¿En cuánto cambia la modificación del número de miembros del Consejo la eficiencia o independencia del organismo?
–La historia del cuerpo demuestra que no cambió nada, que el número de integrantes no garantiza nada, que las mayorías se conforman según las circunstancias. Pero no siempre responden al Poder Ejecutivo,
hoy el Consejo está bloqueado por la corporación judicial. Y así no puede funcionar, los sectores corporativos se suman a la oposición. Lo que define la tendencia es la política de alianzas y los entramados que se conforman.
–¿Y acaso el sistema electoral hubiera garantizado que el votante eligiera a conciencia a su representante en el Consejo?
–Eso es otra cuestión. Acá lo valioso es el protagonismo y la participación ciudadana en todos los estamentos de gobierno. La Constitución dejó abierta la posibilidad del voto popular para la elección de los diferentes estamentos del Consejo. La Corte pudo haber evitado la confrontación con la corporación, pero habilitar al menos el sufragio para los cargos de científicos y académicos, pero tampoco abrió esa puerta. Hubo la vocación de estrellarse, de confrontar. Lo que sí es cierto es que el tema no mueve la aguja del interés electoral. No hubo un trabajo previo en la sociedad para la búsqueda de consenso como se dio con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero esto sigue, el debate político no se clausura con esta sentencia porque la fractura está planteada.
