Madrugada del 10 de octubre de 2009...
Sr. Presidente. = Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. = Señor presidente: voy a tratar de hacer una síntesis de algunas formulaciones que han hecho los senadores a lo largo de todo el día. Y, en primer término, quiero hacer alguna reflexión, fundamentalmente, sobre las palabras que acaba de expresar el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de esta visión de una democracia consensual que la verdad es que no existe en el mundo. Creer que las sociedades carecen de la existencia del conflicto, de la disputa de intereses, creer que hay espacios únicamente para el consenso constituye indudablemente una mirada muy extraña sobre la vida cívica del país y sobre el funcionamiento parlamentario que, quiero decirlo, no comparto para nada. Sin duda, gobernar significa afrontar dificultades, dirimir conflictos en el marco de la sociedad, y los parlamentos resuelven los temas mediante el mecanismo de mayorías y minorías, a través del voto de sus representantes.
Hace muy poco tiempo, hubo un debate impresionante en Francia, donde se discutía la reforma de la Constitución, y se dirimió por un voto. Y no ocurrió nada dramático. Se definió por un voto. Acá vivimos, también, una noche trascendente, presidente, donde su voto desempató. Así que la verdad es que no creo en ese mundo feliz del consenso, en esa visión onírica de la democracia del rabino Bergman, quien el otro día, vino con toda esa visión fundamentalista de rabinos y curas, que tienen siempre buenas intenciones y nos vienen a dar clases de democracia acá, al Congreso. El otro día hicieron un acto patético en las puertas de este Congreso, donde se juntaron la Biblia y el calefón.
Sr. Mayans. = Lamentable.
Sr. Pichetto. = Ese cortador de rutas profesional, que es el señor De Angelis, este rabino
fundamentalista y, seguramente, creo que andaba por ahí Castells.
También quiero hacer una reflexión, señor presidente, sobre el doble estándar que se construye, muchas veces, desde los medios de comunicación y que algunos representantes de las cámaras expresan. Me refiero al doble estándar de los legisladores que se van de nuestro bloque y votan en contra del gobierno; son ídolos populares, pasan a tener la estima de la sociedad y son reporteados por todos los medios, mientras que aquellos senadores que deciden apoyar una propuesta del gobierno son tránsfugas, delincuentes, son Borocotó. Es interesante este doble estándar. La forma en que funciona la sociedad argentina y cómo se construye la comunicación está en el corazón de este debate.
Hechas esta reflexiones que me parecía fundamental efectuar, no quiero contestar cosas que tienen que ver con el ejercicio del gobierno. El otro día, estaba mirando en la televisión un programa de Todo Noticias, un programa político interesante de dos periodistas que reporteaban a un economista que tiene cierta afinidad con la Unión Cívica Radical: Javier González Fraga. Uno de los periodistas le preguntaba sobre la situación económica de la Argentina y el economista, que es un hombre de trayectoria, que ocupó cargos importantes y que, además, tiene una visión hasta crítica del gobierno, dijo que la economía anda bien, que realmente hay algunos o muchos empresarios, en la Argentina, que quieren consumir noticias apocalípticas y que, realmente, la tendencia económica de la Argentina es favorable. Apuntó, incluso, algunos procesos de desinversión en el marco de la crisis internacional, pero dijo que los datos de la economía real son interesantes, que la Argentina no va a caer en default, que la Argentina tiene posibilidades grandes de recuperarse. Es muy interesante. En realidad, lo que se consolida en la opinión pública es la visión de la destrucción, del discurso apocalíptico, todo negativo, todo destructivo. No quiero hacer referencias. Lo que digo es cómo se construye sobre la base de la destrucción del otro.
Acá no estamos discutiendo proyectos. A lo largo de este debate que hicimos, en muchas oportunidades, he escuchado que la descalificación es hacia el gobierno y no hacia el contenido de la norma, porque es el gobierno el que lo ha hecho y, entonces, está mal y éste es un gobierno autoritario.
Recién reflexionaba con mis compañeros de banca sobre los multimedios que maneja el gobierno, una radio municipal de la Universidad de Lomas de Zamora. El "holding K" maneja también Radio del Plata, dicen, a través de una empresa afín con el gobierno. Estos son todos nuestros multimedios. Y cuando uno analiza el flujo de la información en la Argentina, se da cuenta de que el 98 por ciento de la información política es realmente contraria al gobierno, negativa al gobierno. Incluso —les digo más—, a veces, hasta tengo una visión de los medios públicos en el sentido de que son tan plurales, tan democráticos que hablan mal del gobierno. Es extraordinario. La verdad, es para reírse, realmente.
Yo escuché a una senadora hablando de Radio del Plata y de otros medios. Que me diga cuáles son los otros medios, porque en el espectro de la radio y de la televisión argentina, nadie habla bien del gobierno. Uno, cuando corre la perilla, es una cosa atroz, especialmente en los últimos tres o cuatro meses, en que esto se ha profundizado de una manera notoria. Ni hablar cuando uno lee los diarios a la mañana. Sería interesante descubrirlo porque, a lo mejor, nos estamos manejando muy mal.
Ahora, vamos a entrar en algunos de los temas que tienen que ver con la ley, porque lo que vinimos a discutir acá es una ley de medios de comunicación audiovisual, una ley que tiene un fuerte contenido democrático, superadora indudablemente de esta norma que rige hasta ahora, la 22285, de un gobierno autoritario, un gobierno que limitó libertades. No voy a profundizar tanto en ese tema, que es casi obvio.
Entre las cosas que se dijeron, que las hemos discutido en la Comisión, se insiste nuevamente acá con la cuestión federal. Yo tengo un profundo respeto intelectual por el senador Adolfo Rodríguez Saá y también por su hermano. Pero, realmente, quiero decirles que ésta es una visión vetusta, un concepto superado por un conjunto de fallos del máximo tribunal de la Nación al considerar este tema de la libertad de imprenta. Se trata de una cuestión que fue producto de una consecuencia histórica producida en 1880, cuando los diarios de Buenos Aires, ya con una presencia gravitante, agraviaban y atacaban fuertemente la figura del caudillo Justo José de Urquiza. ¿Cuál era el miedo de estos diarios, después de Cepeda, después de la derrota de las fuerzas porteñas en Cepeda? El miedo era que viniera Urquiza a Buenos Aires y los metiera presos a los editores y a los jefes de redacción por todas las barbaridades que habían dicho con carácter previo a esta batalla. Entonces, los medios, que en ese momento ya tenían un desarrollo interesante y de fuerte gravitación en la vida pública porteña, designan a su abogado, un eminente jurista, que era Dalmacio Vélez Sarsfield, y hacen la incorporación de Buenos Aires y la enmienda de 1860, donde incorporan la cláusula por la que se decía que los delitos de imprenta solamente podían ser juzgados por jurisdicciones provinciales. Esta fue la razón histórica que discutimos el otro día. Realmente, este tema, después, la Corte lo supera.
Usted mencionaba que el doctor Verani le acercó una información interesante. Hubiera sido interesante, doctor Verani, que le acercara el fallo de "Río Negro c/ Nación", en el que en 1984, esta cuestión la resuelve la Corte, determinando claramente la jurisdicción federal en materia de radiodifusión.
Usted recordará cuándo se planteó el tema de los derechos provinciales sobre las radios FM, que fue una cuestión que, sin duda alguna, la Corte resolvió negando el derecho a la provincia para tener capacidad de legislar en esta materia. El artículo 32 es una construcción interesante, que tiene un contenido federal y que, en el fondo, reivindica derechos de la provincia; pero no es una materia delegada. Indudablemente, la Constitución y especialmente el ámbito de la aplicación del artículo 67 y el nuevo artículo 75, inciso 19, en términos de la reforma de 1994, dejaron resuelto esto, en términos de la discusión doctrinaria, y también la Corte resolvió, a través de reiterados fallos, la cuestión jurisprudencial. Así que me parece que este tema tiene mucha contundencia, mucha entidad, para sostener y reivindicar la jurisdicción federal en esta materia.
El otro tema que quiero plantear tiene que ver con algunas de las impugnaciones. Yo considero que esta es una norma moderada; lo dije durante el debate y en los programas de televisión a los que me tocó asistir. Es una norma que atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina, que les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, un 35 por ciento. Otras legislaciones, como la americana, simplemente, fijan el límite del 20 por ciento y, además, la legislación americana prohíbe que las empresas audiovisuales tengan medios gráficos; tienen impugnaciones cruzadas, limitaciones cruzadas. A mí me parece que el 35 por ciento es un porcentaje realmente razonable, lo mismo que una empresa pueda tener diez canales de televisión de aire y 24 canales de cable.
Además, quiero romper con algunas argumentaciones falsas que se han vertido en este debate: por ejemplo, que TN no va a poder ser recibido en los canales del interior. Eso no es cierto: TN se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior. Lógicamente que se va a tener que convertir en función de la decisión empresaria, a lo mejor, en una señal de cable local; pero se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior, lo mismo que Cadena 3. Estas argumentaciones que se han dado son falsas y se han hecho para engañar y para instalar temas como el de la pérdida de fuentes de trabajo, que es otra falacia.
El argumento de que se van a perder fuentes de empleo tampoco es cierto, sino totalmente falso. Por el contrario, la experiencia de la concentración determina una fuerte estratificación en materia laboral.
La señora senadora Estenssoro —le pido disculpas por nombrarla, pero no es para descalificarla— trabajaba en su tarea de periodista en el Canal de la Mujer y también había un canal infantil que se llamaba Cablín. A su vez, había un canal que se llamaba P&E, que era de noticias económicas y políticas. Pues bien, todos esos canales desaparecieron en función de la fusión y del inicio, a partir de 2003, de la concentración entre CableVisión y Multicanal. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, no tenían procesos de rentabilidad. Eran espacios muy interesantes, especialmente el infantil, el económico y el Canal de la Mujer, que tenía un matiz determinado por cuanto estaba dirigido al público femenino. Sin embargo, en función del esquema de rentabilidad, esos canales desaparecieron. La concentración provocó la desaparición de esos canales y de fuentes de trabajo, de espacios laborales. Precisamente, lo que plantea la ley es la apertura de nuevos espacios, de nuevos lugares de trabajo, fundamentalmente para el periodista, que es el destinatario de esto.
El proyecto de ley es moderado, democrático y limita en el 35 por ciento, permitiendo que distintas empresas puedan mantener una posición razonable, no dominante. El corazón del debate de este proyecto de ley es el tema de la posición dominante, por no llamarla casi monopólica. A mí me parece que ese es el tema central.
A continuación, voy a contestar algunas cosas que tienen que ver con el pasado y, además, con experiencias personales que me tocaron vivir como senador. Tengo una mirada sobre el pasado mucho más benevolente que algunos de los senadores que han hablado, porque creo que las cosas hay que ponerlas en el contexto histórico; o sea, en el momento en que ocurrían esas cosas.
En un momento muy dramático de la vida de los argentinos, con la caída de la convertibilidad, con un quiebre en la credibilidad del sistema democrático, ustedes recordarán esa consigna que era casi nihilista de la sociedad "que se vayan todos", y en ese proceso, este Congreso, indudablemente, tomó algunas decisiones que yo califico de importantes y a las que algunos especialistas en materia de quiebras se opusieron terminantemente; eran aquellos que también estaban ligados a fuertes intereses financieros.
Algunos senadores defendieron la posición desde el punto de vista jurídico, pero yo no estoy hablando de ellos. Lo que digo es que hubo fuertes cuestionamientos de los acreedores financieros, no solamente de las empresas de medios, sino de todas las empresas argentinas.
Nuestro primer intento, en el marco de la crisis en la que asumió el doctor Duhalde, fue la reforma de la ley de quiebras, donde eliminábamos el instituto del crawn down para todas las empresas de la Argentina que tenían deudas, porque entendíamos que era fundamental en ese momento de la crisis más profunda del país tratar de preservar el capital nacional de las empresas. Y el mecanismo del crawn down, que fue una reforma que instaló el doctor Cavallo, que es el viejo instituto del aplastamiento por el cual el acreedor financiero se queda con la empresa productiva era, indudablemente, un buen instrumento que había que sacarlo de circulación para evitar que los acreedores financieros se quedaran con las empresas argentinas. Esa ley no pudo sostenerse por la presión del establishment financiero de la Argentina, que tenía terminales en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Hubo una fuerte presión en ese sentido; incluso, hay un libro de Eduardo Amadeo que transmite fuertemente esas horas terribles que vivió el ex presidente Duhalde y todas las presiones que sufrió, las que determinaron un cambio a través del propio Congreso de esa ley. Finalmente, tuvimos que revertir la ley de quiebras.
Como producto de esa decisión política y frente al riesgo que corrían todas las empresas de medios de la Argentina, que corrían un grave riesgo de trasnacionalización y de que la comunicación argentina quedara en manos de extranjeros, entendíamos que era conveniente y, además, un instrumento necesario trabajar sobre la idea de bienes culturales.
Hay un libro que narra la biografía de Héctor Magnetto, que yo diría que es una biografía casi autorizada escrita por un eminente periodista de extracción radical, José Ignacio López. En uno de los capítulos trata esta temática de la ley de bienes culturales que salvó prácticamente a todas las empresas gráficas y de medios audiovisuales de la Argentina, que un medio gráfico la denominaba con el nombre de "ley Clarín". En realidad, era la "ley La Nación", porque esta era una de las principales empresas endeudadas con el Citibank: debía 80 millones de dólares por la construcción del edificio. En ese momento era una de las empresas más complejas. Clarín tenía problemas desde el punto de vista de la conversión de la deuda en el exterior. Y también tenían problemas como Crónica y el propio Ámbito Financiero y Canal 9.
Por lo tanto, consideramos que fue muy importante para la vida pública de la Argentina mantener los medios de comunicación en manos de capitales nacionales. Esta ley instala claramente que un 70 por ciento tiene que ser nacional y un 30 por ciento extranjero, según el esquema de conformación de las empresas de medios. Porque entendemos que la información y la comunicación son muy importantes y es preferible y conveniente a los intereses del país, con una visión argentina, que sean los argentinos los que emitan la información, y que sean las empresas nacionales las que den la información en la Argentina.
Esto fue una decisión importante de este Congreso. Puede tener opiniones y visiones críticas, pero configuró un verdadero avance y una verdadera protección de las empresas de bienes culturales, incluyendo las empresas audiovisuales y las empresas gráficas, las empresas culturales, todo lo referido a la industria del cine, a la comunicación, a la radio y al libro también, como bien me señala el senador Pampuro.
Así que yo reivindico plenamente la ley de bienes culturales. Además, soy el autor de dicha ley y no la considero de ninguna manera una mancha en el legajo. Al contrario, creo que es uno de los hechos más importantes, como lo fue el proyecto de ley de quiebras, que era un proyecto de contenido revolucionario, en un momento de crisis de la Argentina, donde los acreedores, en lugar de apoderarse de la empresa, tenían que formar parte de ella como simples directores, sin tener la capacidad de decisión. Era una ley de la crisis, que no pudo soportar la presión internacional.
En su momento, tampoco pudimos soportar el sostenimiento de la Ley 20840, en orden a la cuestión denominada ley de subversión financiera. Los banqueros y las organizaciones financieras en la Argentina presionaron fuerte, ya que tenían miedo de que muchos gerentes y directores de bancos que se habían quedado con los dineros del corralito pudieran ir presos; habían determinado el riesgo y la posibilidad de que ello ocurriera. Esta es la historia, y la vivimos muchos de los senadores que estamos acá esta noche. Fuimos parte de esa historia y no tiene beneficio de inventario.
Quiero, también, hacer una referencia al decreto 527, tan difamado últimamente, que conformó una decisión política del gobierno nacional. De este gobierno "depredador de los medios", según algunas calificaciones que he escuchado esta noche; de este gobierno que se come todo, hasta los chicos; que se queda con todas las radios, que los empresarios K y los contratistas compran. Ojalá hubieran comprado algún canal. Por lo menos, escucharíamos alguna noticia buena del gobierno. Han comprado alguna radio. No sé qué porcentaje tiene en la audiencia. Es importante, no descalifico a la radio. Digo: la verdad, muchachos, no hay nada.
El gobierno tomó el decreto 527 en la misma línea y en el mismo espíritu de lo que significó la ley de bienes culturales. El decreto 527 tuvo como finalidad la preservación de numerosas empresas. No de una empresa, como decía recién el senador Sanz. Me permito corregirlo, senador. El 527 prorrogó las licencias de la firma CableVisión; Multicanal; Supercanal —que también tiene, además, dos canales de aire en su provincia: el 7 y el 9, que estaban en una situación de riesgo o en concurso preventivo—; Canal 9, Telearte; Canal 2, América; Radiodifusora del Carmen; LU33 Radiodifusora Pampeana; LU2 Radio Bahía Blanca y un sinnúmero más de empresas radiales que estaban en concurso preventivo.
Indudablemente, el vencimiento de las licencias las colocaba afuera de la posibilidad del acuerdo preventivo. Si no había prórroga, no había acuerdo preventivo y estas empresas iban a la quiebra como camino inexorable. Porque, si no hay acuerdo en el concurso preventivo, lógicamente el plazo límite de la licencia se terminaba, no hay ecuación financiera que cierre y estas empresas tenían que quebrar. El motivo fue éste. Ésta fue la decisión, y no tenemos nada de qué arrepentirnos. Creemos que hemos hecho lo que correspondía en esa coyuntura histórica, en 2005.
Por otra parte, hay que mantener el decreto 527. No hay que derogarlo, porque hace a esta famosa declamación que hacen muchos senadores, de la boca para fuera, que tiene que ver con los derechos adquiridos.
Para terminar, quiero, simplemente, referirme al dictamen que ha construido la Unión Cívica Radical. Le hemos dado realmente una lectura muy apurada, porque fue un dictamen que se presentó hoy por la mañana. Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho el bloque radical y, seguramente, —como ha dicho el senador Sanz— el aporte intelectual que han hecho muchos de los colaboradores. Pero debo decir que, en algunos artículos, hay profundas contradicciones, graves afectaciones a derechos adquiridos; meten a las telefónicas dentro de esta ley; meten el esquema del sistema de telecomunicaciones, bandera que la diputada Silvia Giudice se cansó de repetir y que no forma parte de esta ley.
Lo vamos a decir cuando hagamos el debate en particular, para terminar con cualquier argumento falaz. El tema de las telefónicas no forma parte de esta ley. ¿Que en el futuro habrá que discutir este tema? Por supuesto, porque el avance tecnológico no se puede frenar con el mero voluntarismo. Habrá que ver cómo entran, cómo ordenamos, cómo limitamos, cómo hacemos posible la supervivencia de los sistemas de cable, de las pymes, etcétera.
Entre paréntesis, quiero adelantarles que nos vamos a quedar hasta terminar. Tenemos el compromiso de agotar este debate en particular hasta el final, hasta el fondo. Pero voy al artículo 161, a este famoso artículo 161, donde nos imputan que hacemos coacción sobre las empresas para la desinversión; que tienen un año, plazo relativamente corto.
El tema del plazo ya lo explicó el senador Fernández. No es un año. Son más de dos años. Hay que conformar la estructura de la autoridad de aplicación, el Consejo Federal; hay que determinar también las pautas de la transición. En fin, son más de dos años.
Pero fundamentalmente, quiero analizar brevemente el proyecto que presenta la Unión Cívica Radical. Tiene dos elementos. Por un lado, plantea una amnistía para aquellos que están fuera de la ley. Mire qué interesante. Establece un mecanismo de un año para aquellos que tienen más licencias de las que establece esta Ley 22285; un blanqueo. Es interesante este tema de la amnistía. Benefician a los infractores que tienen exceso de licencias.
Otro aspecto contradictorio y central de la Unión Cívica Radical...
Murmullos en las bancas...
Sr. Morales. — Está leyendo mal.
Sr. Pichetto. — Yo los escuché. Vamos a discutirlo en particular después. Voy a leerlo, claro que voy a leerlo.
Murmullos en las bancas...
Sr. Morales. — Estudie un poco.
Sr. Pichetto. — No; yo estudié, los que no estudian son ustedes.
Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor. Continúe, senador.
Sr. Pichetto. — Senadora, yo la escuché con atención todas las veces que usted habló. Le
pido que no me interrumpa, presidente.
Otro aspecto contradictorio es que la UCR, en la Cámara de Diputados —como dije recién—, bregó incansablemente para que el sistema de comunicaciones no forme parte de esta ley de medios de comunicación audiovisuales. Sin embargo, en este dictamen, proponen meterse de lleno en el régimen de telecomunicaciones; ordenan desinvertir en materia de telecomunicaciones; da como organismo de aplicación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Todavía nos preguntamos por qué aparece este tema.
Realmente, es sugestivo. Tendrá que ver con Telecom, tendrá que ver con algún tema... No sé, es realmente muy sugestivo.
Además, me pregunto por qué se mete con un servicio público que tiene que ver con la telefonía. Es muy interesante esto. Cabe preguntarse por qué meten este tema acá, en este dictamen. Por qué meten este tema, que no tiene nada que ver, y que vamos a decir, en el artículo 2/ y en todos los artículos, que la interpretación auténtica del legislador y de este Congreso, cuando votemos, es que las telefónicas no forman parte de este debate. Porque la presidenta las excluyó, para terminar con un falso debate y una falsa discusión; que era que veníamos a quedarnos con el negocio; que venía Telecom, los socios argentinos y no sé quién —el fantasma Benito o el conde Drácula— a quedarse con todo.
El otro tema interesante es el artículo 19, sobre el federalismo. Nuestro proyecto plantea una representación de la autoridad de aplicación en todas las ciudades capitales y en todas aquellas ciudades de más de 500 mil habitantes. El dictamen de la Unión Cívica Radical elimina esto último, y ciudades importantes, como Mar del Plata o Bahía Blanca, no van a tener un representante de la autoridad de aplicación.
El otro tema tiene que ver con los contenidos. Este tema lo plantea también el dictamen de la Unión Cívica Radical. Dice que deben emitir opinión sobre la calidad educativa, cultural, informativa y de entretenimiento de los servicios audiovisuales. No existe ninguna norma.
En este sentido, yo quiero aclarar la cuestión de los contenidos porque tiene que ver con la cuota de música nacional que están obligados a pasar los medios audiovisuales en la difusión en la Argentina. Reivindican la cultura nacional, la música nacional; el trabajo de actores y músicos; tratar de generar empleo en la Argentina. A mí me parece que es una muy buena decisión, que no tiene nada que ver con el contenido o con un intento discrecional del Estado de querer limitar la libertad de expresión del periodista o de tratar de condicionar esa información. Tiene que ver con una definición política de alentar la industria nacional, la industria de la música popular argentina, indudablemente, frente a una fuerte presencia de música extranjera en el país. Hace a nuestra cultura y hace también a la ratificación de una consolidación cultural y de una autoestima que a veces sentimos que perdemos en nuestras propias manifestaciones.
El otro tema que para mí es central —uno de los temas más neurálgicos que erróneamente plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical— es el del artículo 46 donde confunde la televisión móvil con la prestación de la telefonía celular. O lo que es peor: cree que el aparato receptor es asimilable al sistema de transmisión. Es cuanto menos un desconocimiento manifiesto de los más mínimos conceptos de las nuevas tecnologías.
Este es un tema realmente grave. Creo que es un error. Es un problema de desconocimiento de la materia. Realmente, me parece que es imposible de sostener. La otra cuestión tiene que ver con la publicidad oficial. ¡Fíjense qué interesantes son las pautas de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical!
Establece, primero, un sistema de instalación del medio en función de su desarrollo. Establece, además, un sistema de concurso donde el que gana se lleva el 50 por ciento; el segundo se lleva el 30; el tercero, el 20; y los demás, los chiquitos —los locales— se quedan mirando cómo se distribuye la mecánica de la publicidad oficial.
Imaginemos una campaña del dengue o de la gripe A. ¡A los argentinos les gusta dramatizar estos temas! Nos inundamos con el dengue, con la gripe A; fundimos ciudades turísticas. Repetimos las cosas y, además, todos salen a hablar tonterías. Sería una campaña nacional donde se difunde el consumo de determinado medicamento. Lógicamente, esto se va a concentrar en una gran empresa: en la gran empresa que concentra indudablemente el mayor desarrollo desde el punto de vista de la comunicación; la segunda empresa multimedia y, por último, la tercera empresa en esa escala. Las pequeñas empresas, los medios locales de difusión en las provincias, no van a agarrar un céntimo de esta pauta de distribución de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical.
En su discurso, el senador Petcoff Naidenoff ha planteado el tema del Estatuto del Periodista como si éste no existiera. Está vigente. Es la Ley 12908, que está plenamente vigente. También escuché a la senadora Estenssoro hablar de este tema.
Otro de los temas que plantean es que las cooperativas no pueden ingresar en localidades pequeñas, de menos de 30 mil habitantes. Realmente es un absurdo: ¡un absurdo total! Creo que los socialistas no van a avalar este tema. En los pueblos pequeños de nuestro interior, de las provincias, ¿quiénes, si no las cooperativas, son las que dan este tipo de servicios, si no hay rentabilidad para establecer proyectos de desarrollo audiovisual o de cable físico en localidades pequeñas? Es precisamente el espacio de la cooperativa como espacio comunitario, que a lo mejor tiene también el servicio de la luz, el del gas o el del agua, el que puede afrontar también el sistema de cable: realmente, una incoherencia increíble.
Estos son algunos de los aspectos del debate en particular de este dictamen planteado por la Unión Cívica Radical.
Por primera vez podemos discutir de proyecto a proyecto. Por primera vez, en lugar de descalificar al gobierno —más allá de que pueda haber errores o cosas que no compartimos— estamos discutiendo sobre la base de un proyecto alternativo. ¡Esta es la verdadera discusión democrática! Caso contrario, simplemente se trata de la descalificación en el sentido de que porque lo hace el gobierno está mal, porque este gobierno es autoritario y demás. Esas suelen ser las cosas que se dicen con una ligereza extraordinaria en la Argentina. Es más, un diputado habló de sangre; se dice cualquier cosa y con total impunidad en nuestro país.
No quiero extenderme más. Por lo tanto, adelanto que nosotros respaldaremos este proyecto en general y en particular. Mi bloque votará afirmativamente el proyecto de ley venido en revisión de Diputados porque tiene reformas importantes; porque hubo un consenso plural importante; y porque vino mucha gente a manifestarnos que lo aprobemos tal como vino de la Cámara baja.
Estamos dando un primer paso. Ninguna norma es perfecta, a perpetuidad, ni se escribe en la piedra, como le dije hoy a un periodista. Seguramente, en el futuro esta ley pueda ser corregida y, a lo mejor, en poco tiempo —en uno o dos años— habrá que afrontar el debate relacionado con las telefónicas. Sin embargo, la que estamos considerando es una norma superior a la vigente; es un avance; es un paso gigantesco en esta discusión realmente importante que hace a la consolidación de la democracia en la Argentina.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente. — Pasamos a votar los pedidos de inserción.
Se practica la votación...
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Se va a votar el proyecto de ley en general.
Se practica la votación por medios electrónicos...
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa, y 24 por la negativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto en general...
Sr. Presidente. = Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. = Señor presidente: voy a tratar de hacer una síntesis de algunas formulaciones que han hecho los senadores a lo largo de todo el día. Y, en primer término, quiero hacer alguna reflexión, fundamentalmente, sobre las palabras que acaba de expresar el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de esta visión de una democracia consensual que la verdad es que no existe en el mundo. Creer que las sociedades carecen de la existencia del conflicto, de la disputa de intereses, creer que hay espacios únicamente para el consenso constituye indudablemente una mirada muy extraña sobre la vida cívica del país y sobre el funcionamiento parlamentario que, quiero decirlo, no comparto para nada. Sin duda, gobernar significa afrontar dificultades, dirimir conflictos en el marco de la sociedad, y los parlamentos resuelven los temas mediante el mecanismo de mayorías y minorías, a través del voto de sus representantes.
Hace muy poco tiempo, hubo un debate impresionante en Francia, donde se discutía la reforma de la Constitución, y se dirimió por un voto. Y no ocurrió nada dramático. Se definió por un voto. Acá vivimos, también, una noche trascendente, presidente, donde su voto desempató. Así que la verdad es que no creo en ese mundo feliz del consenso, en esa visión onírica de la democracia del rabino Bergman, quien el otro día, vino con toda esa visión fundamentalista de rabinos y curas, que tienen siempre buenas intenciones y nos vienen a dar clases de democracia acá, al Congreso. El otro día hicieron un acto patético en las puertas de este Congreso, donde se juntaron la Biblia y el calefón.
Sr. Mayans. = Lamentable.
Sr. Pichetto. = Ese cortador de rutas profesional, que es el señor De Angelis, este rabino
fundamentalista y, seguramente, creo que andaba por ahí Castells.
También quiero hacer una reflexión, señor presidente, sobre el doble estándar que se construye, muchas veces, desde los medios de comunicación y que algunos representantes de las cámaras expresan. Me refiero al doble estándar de los legisladores que se van de nuestro bloque y votan en contra del gobierno; son ídolos populares, pasan a tener la estima de la sociedad y son reporteados por todos los medios, mientras que aquellos senadores que deciden apoyar una propuesta del gobierno son tránsfugas, delincuentes, son Borocotó. Es interesante este doble estándar. La forma en que funciona la sociedad argentina y cómo se construye la comunicación está en el corazón de este debate.
Hechas esta reflexiones que me parecía fundamental efectuar, no quiero contestar cosas que tienen que ver con el ejercicio del gobierno. El otro día, estaba mirando en la televisión un programa de Todo Noticias, un programa político interesante de dos periodistas que reporteaban a un economista que tiene cierta afinidad con la Unión Cívica Radical: Javier González Fraga. Uno de los periodistas le preguntaba sobre la situación económica de la Argentina y el economista, que es un hombre de trayectoria, que ocupó cargos importantes y que, además, tiene una visión hasta crítica del gobierno, dijo que la economía anda bien, que realmente hay algunos o muchos empresarios, en la Argentina, que quieren consumir noticias apocalípticas y que, realmente, la tendencia económica de la Argentina es favorable. Apuntó, incluso, algunos procesos de desinversión en el marco de la crisis internacional, pero dijo que los datos de la economía real son interesantes, que la Argentina no va a caer en default, que la Argentina tiene posibilidades grandes de recuperarse. Es muy interesante. En realidad, lo que se consolida en la opinión pública es la visión de la destrucción, del discurso apocalíptico, todo negativo, todo destructivo. No quiero hacer referencias. Lo que digo es cómo se construye sobre la base de la destrucción del otro.
Acá no estamos discutiendo proyectos. A lo largo de este debate que hicimos, en muchas oportunidades, he escuchado que la descalificación es hacia el gobierno y no hacia el contenido de la norma, porque es el gobierno el que lo ha hecho y, entonces, está mal y éste es un gobierno autoritario.
Recién reflexionaba con mis compañeros de banca sobre los multimedios que maneja el gobierno, una radio municipal de la Universidad de Lomas de Zamora. El "holding K" maneja también Radio del Plata, dicen, a través de una empresa afín con el gobierno. Estos son todos nuestros multimedios. Y cuando uno analiza el flujo de la información en la Argentina, se da cuenta de que el 98 por ciento de la información política es realmente contraria al gobierno, negativa al gobierno. Incluso —les digo más—, a veces, hasta tengo una visión de los medios públicos en el sentido de que son tan plurales, tan democráticos que hablan mal del gobierno. Es extraordinario. La verdad, es para reírse, realmente.
Yo escuché a una senadora hablando de Radio del Plata y de otros medios. Que me diga cuáles son los otros medios, porque en el espectro de la radio y de la televisión argentina, nadie habla bien del gobierno. Uno, cuando corre la perilla, es una cosa atroz, especialmente en los últimos tres o cuatro meses, en que esto se ha profundizado de una manera notoria. Ni hablar cuando uno lee los diarios a la mañana. Sería interesante descubrirlo porque, a lo mejor, nos estamos manejando muy mal.
Ahora, vamos a entrar en algunos de los temas que tienen que ver con la ley, porque lo que vinimos a discutir acá es una ley de medios de comunicación audiovisual, una ley que tiene un fuerte contenido democrático, superadora indudablemente de esta norma que rige hasta ahora, la 22285, de un gobierno autoritario, un gobierno que limitó libertades. No voy a profundizar tanto en ese tema, que es casi obvio.
Entre las cosas que se dijeron, que las hemos discutido en la Comisión, se insiste nuevamente acá con la cuestión federal. Yo tengo un profundo respeto intelectual por el senador Adolfo Rodríguez Saá y también por su hermano. Pero, realmente, quiero decirles que ésta es una visión vetusta, un concepto superado por un conjunto de fallos del máximo tribunal de la Nación al considerar este tema de la libertad de imprenta. Se trata de una cuestión que fue producto de una consecuencia histórica producida en 1880, cuando los diarios de Buenos Aires, ya con una presencia gravitante, agraviaban y atacaban fuertemente la figura del caudillo Justo José de Urquiza. ¿Cuál era el miedo de estos diarios, después de Cepeda, después de la derrota de las fuerzas porteñas en Cepeda? El miedo era que viniera Urquiza a Buenos Aires y los metiera presos a los editores y a los jefes de redacción por todas las barbaridades que habían dicho con carácter previo a esta batalla. Entonces, los medios, que en ese momento ya tenían un desarrollo interesante y de fuerte gravitación en la vida pública porteña, designan a su abogado, un eminente jurista, que era Dalmacio Vélez Sarsfield, y hacen la incorporación de Buenos Aires y la enmienda de 1860, donde incorporan la cláusula por la que se decía que los delitos de imprenta solamente podían ser juzgados por jurisdicciones provinciales. Esta fue la razón histórica que discutimos el otro día. Realmente, este tema, después, la Corte lo supera.
Usted mencionaba que el doctor Verani le acercó una información interesante. Hubiera sido interesante, doctor Verani, que le acercara el fallo de "Río Negro c/ Nación", en el que en 1984, esta cuestión la resuelve la Corte, determinando claramente la jurisdicción federal en materia de radiodifusión.
Usted recordará cuándo se planteó el tema de los derechos provinciales sobre las radios FM, que fue una cuestión que, sin duda alguna, la Corte resolvió negando el derecho a la provincia para tener capacidad de legislar en esta materia. El artículo 32 es una construcción interesante, que tiene un contenido federal y que, en el fondo, reivindica derechos de la provincia; pero no es una materia delegada. Indudablemente, la Constitución y especialmente el ámbito de la aplicación del artículo 67 y el nuevo artículo 75, inciso 19, en términos de la reforma de 1994, dejaron resuelto esto, en términos de la discusión doctrinaria, y también la Corte resolvió, a través de reiterados fallos, la cuestión jurisprudencial. Así que me parece que este tema tiene mucha contundencia, mucha entidad, para sostener y reivindicar la jurisdicción federal en esta materia.
El otro tema que quiero plantear tiene que ver con algunas de las impugnaciones. Yo considero que esta es una norma moderada; lo dije durante el debate y en los programas de televisión a los que me tocó asistir. Es una norma que atiende la problemática de las grandes empresas en la Argentina, que les permite mantener una cuota importante del espacio audiovisual, un 35 por ciento. Otras legislaciones, como la americana, simplemente, fijan el límite del 20 por ciento y, además, la legislación americana prohíbe que las empresas audiovisuales tengan medios gráficos; tienen impugnaciones cruzadas, limitaciones cruzadas. A mí me parece que el 35 por ciento es un porcentaje realmente razonable, lo mismo que una empresa pueda tener diez canales de televisión de aire y 24 canales de cable.
Además, quiero romper con algunas argumentaciones falsas que se han vertido en este debate: por ejemplo, que TN no va a poder ser recibido en los canales del interior. Eso no es cierto: TN se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior. Lógicamente que se va a tener que convertir en función de la decisión empresaria, a lo mejor, en una señal de cable local; pero se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior, lo mismo que Cadena 3. Estas argumentaciones que se han dado son falsas y se han hecho para engañar y para instalar temas como el de la pérdida de fuentes de trabajo, que es otra falacia.
El argumento de que se van a perder fuentes de empleo tampoco es cierto, sino totalmente falso. Por el contrario, la experiencia de la concentración determina una fuerte estratificación en materia laboral.
La señora senadora Estenssoro —le pido disculpas por nombrarla, pero no es para descalificarla— trabajaba en su tarea de periodista en el Canal de la Mujer y también había un canal infantil que se llamaba Cablín. A su vez, había un canal que se llamaba P&E, que era de noticias económicas y políticas. Pues bien, todos esos canales desaparecieron en función de la fusión y del inicio, a partir de 2003, de la concentración entre CableVisión y Multicanal. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, no tenían procesos de rentabilidad. Eran espacios muy interesantes, especialmente el infantil, el económico y el Canal de la Mujer, que tenía un matiz determinado por cuanto estaba dirigido al público femenino. Sin embargo, en función del esquema de rentabilidad, esos canales desaparecieron. La concentración provocó la desaparición de esos canales y de fuentes de trabajo, de espacios laborales. Precisamente, lo que plantea la ley es la apertura de nuevos espacios, de nuevos lugares de trabajo, fundamentalmente para el periodista, que es el destinatario de esto.
El proyecto de ley es moderado, democrático y limita en el 35 por ciento, permitiendo que distintas empresas puedan mantener una posición razonable, no dominante. El corazón del debate de este proyecto de ley es el tema de la posición dominante, por no llamarla casi monopólica. A mí me parece que ese es el tema central.
A continuación, voy a contestar algunas cosas que tienen que ver con el pasado y, además, con experiencias personales que me tocaron vivir como senador. Tengo una mirada sobre el pasado mucho más benevolente que algunos de los senadores que han hablado, porque creo que las cosas hay que ponerlas en el contexto histórico; o sea, en el momento en que ocurrían esas cosas.
En un momento muy dramático de la vida de los argentinos, con la caída de la convertibilidad, con un quiebre en la credibilidad del sistema democrático, ustedes recordarán esa consigna que era casi nihilista de la sociedad "que se vayan todos", y en ese proceso, este Congreso, indudablemente, tomó algunas decisiones que yo califico de importantes y a las que algunos especialistas en materia de quiebras se opusieron terminantemente; eran aquellos que también estaban ligados a fuertes intereses financieros.
Algunos senadores defendieron la posición desde el punto de vista jurídico, pero yo no estoy hablando de ellos. Lo que digo es que hubo fuertes cuestionamientos de los acreedores financieros, no solamente de las empresas de medios, sino de todas las empresas argentinas.
Nuestro primer intento, en el marco de la crisis en la que asumió el doctor Duhalde, fue la reforma de la ley de quiebras, donde eliminábamos el instituto del crawn down para todas las empresas de la Argentina que tenían deudas, porque entendíamos que era fundamental en ese momento de la crisis más profunda del país tratar de preservar el capital nacional de las empresas. Y el mecanismo del crawn down, que fue una reforma que instaló el doctor Cavallo, que es el viejo instituto del aplastamiento por el cual el acreedor financiero se queda con la empresa productiva era, indudablemente, un buen instrumento que había que sacarlo de circulación para evitar que los acreedores financieros se quedaran con las empresas argentinas. Esa ley no pudo sostenerse por la presión del establishment financiero de la Argentina, que tenía terminales en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Hubo una fuerte presión en ese sentido; incluso, hay un libro de Eduardo Amadeo que transmite fuertemente esas horas terribles que vivió el ex presidente Duhalde y todas las presiones que sufrió, las que determinaron un cambio a través del propio Congreso de esa ley. Finalmente, tuvimos que revertir la ley de quiebras.
Como producto de esa decisión política y frente al riesgo que corrían todas las empresas de medios de la Argentina, que corrían un grave riesgo de trasnacionalización y de que la comunicación argentina quedara en manos de extranjeros, entendíamos que era conveniente y, además, un instrumento necesario trabajar sobre la idea de bienes culturales.
Hay un libro que narra la biografía de Héctor Magnetto, que yo diría que es una biografía casi autorizada escrita por un eminente periodista de extracción radical, José Ignacio López. En uno de los capítulos trata esta temática de la ley de bienes culturales que salvó prácticamente a todas las empresas gráficas y de medios audiovisuales de la Argentina, que un medio gráfico la denominaba con el nombre de "ley Clarín". En realidad, era la "ley La Nación", porque esta era una de las principales empresas endeudadas con el Citibank: debía 80 millones de dólares por la construcción del edificio. En ese momento era una de las empresas más complejas. Clarín tenía problemas desde el punto de vista de la conversión de la deuda en el exterior. Y también tenían problemas como Crónica y el propio Ámbito Financiero y Canal 9.
Por lo tanto, consideramos que fue muy importante para la vida pública de la Argentina mantener los medios de comunicación en manos de capitales nacionales. Esta ley instala claramente que un 70 por ciento tiene que ser nacional y un 30 por ciento extranjero, según el esquema de conformación de las empresas de medios. Porque entendemos que la información y la comunicación son muy importantes y es preferible y conveniente a los intereses del país, con una visión argentina, que sean los argentinos los que emitan la información, y que sean las empresas nacionales las que den la información en la Argentina.
Esto fue una decisión importante de este Congreso. Puede tener opiniones y visiones críticas, pero configuró un verdadero avance y una verdadera protección de las empresas de bienes culturales, incluyendo las empresas audiovisuales y las empresas gráficas, las empresas culturales, todo lo referido a la industria del cine, a la comunicación, a la radio y al libro también, como bien me señala el senador Pampuro.
Así que yo reivindico plenamente la ley de bienes culturales. Además, soy el autor de dicha ley y no la considero de ninguna manera una mancha en el legajo. Al contrario, creo que es uno de los hechos más importantes, como lo fue el proyecto de ley de quiebras, que era un proyecto de contenido revolucionario, en un momento de crisis de la Argentina, donde los acreedores, en lugar de apoderarse de la empresa, tenían que formar parte de ella como simples directores, sin tener la capacidad de decisión. Era una ley de la crisis, que no pudo soportar la presión internacional.
En su momento, tampoco pudimos soportar el sostenimiento de la Ley 20840, en orden a la cuestión denominada ley de subversión financiera. Los banqueros y las organizaciones financieras en la Argentina presionaron fuerte, ya que tenían miedo de que muchos gerentes y directores de bancos que se habían quedado con los dineros del corralito pudieran ir presos; habían determinado el riesgo y la posibilidad de que ello ocurriera. Esta es la historia, y la vivimos muchos de los senadores que estamos acá esta noche. Fuimos parte de esa historia y no tiene beneficio de inventario.
Quiero, también, hacer una referencia al decreto 527, tan difamado últimamente, que conformó una decisión política del gobierno nacional. De este gobierno "depredador de los medios", según algunas calificaciones que he escuchado esta noche; de este gobierno que se come todo, hasta los chicos; que se queda con todas las radios, que los empresarios K y los contratistas compran. Ojalá hubieran comprado algún canal. Por lo menos, escucharíamos alguna noticia buena del gobierno. Han comprado alguna radio. No sé qué porcentaje tiene en la audiencia. Es importante, no descalifico a la radio. Digo: la verdad, muchachos, no hay nada.
El gobierno tomó el decreto 527 en la misma línea y en el mismo espíritu de lo que significó la ley de bienes culturales. El decreto 527 tuvo como finalidad la preservación de numerosas empresas. No de una empresa, como decía recién el senador Sanz. Me permito corregirlo, senador. El 527 prorrogó las licencias de la firma CableVisión; Multicanal; Supercanal —que también tiene, además, dos canales de aire en su provincia: el 7 y el 9, que estaban en una situación de riesgo o en concurso preventivo—; Canal 9, Telearte; Canal 2, América; Radiodifusora del Carmen; LU33 Radiodifusora Pampeana; LU2 Radio Bahía Blanca y un sinnúmero más de empresas radiales que estaban en concurso preventivo.
Indudablemente, el vencimiento de las licencias las colocaba afuera de la posibilidad del acuerdo preventivo. Si no había prórroga, no había acuerdo preventivo y estas empresas iban a la quiebra como camino inexorable. Porque, si no hay acuerdo en el concurso preventivo, lógicamente el plazo límite de la licencia se terminaba, no hay ecuación financiera que cierre y estas empresas tenían que quebrar. El motivo fue éste. Ésta fue la decisión, y no tenemos nada de qué arrepentirnos. Creemos que hemos hecho lo que correspondía en esa coyuntura histórica, en 2005.
Por otra parte, hay que mantener el decreto 527. No hay que derogarlo, porque hace a esta famosa declamación que hacen muchos senadores, de la boca para fuera, que tiene que ver con los derechos adquiridos.
Para terminar, quiero, simplemente, referirme al dictamen que ha construido la Unión Cívica Radical. Le hemos dado realmente una lectura muy apurada, porque fue un dictamen que se presentó hoy por la mañana. Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho el bloque radical y, seguramente, —como ha dicho el senador Sanz— el aporte intelectual que han hecho muchos de los colaboradores. Pero debo decir que, en algunos artículos, hay profundas contradicciones, graves afectaciones a derechos adquiridos; meten a las telefónicas dentro de esta ley; meten el esquema del sistema de telecomunicaciones, bandera que la diputada Silvia Giudice se cansó de repetir y que no forma parte de esta ley.
Lo vamos a decir cuando hagamos el debate en particular, para terminar con cualquier argumento falaz. El tema de las telefónicas no forma parte de esta ley. ¿Que en el futuro habrá que discutir este tema? Por supuesto, porque el avance tecnológico no se puede frenar con el mero voluntarismo. Habrá que ver cómo entran, cómo ordenamos, cómo limitamos, cómo hacemos posible la supervivencia de los sistemas de cable, de las pymes, etcétera.
Entre paréntesis, quiero adelantarles que nos vamos a quedar hasta terminar. Tenemos el compromiso de agotar este debate en particular hasta el final, hasta el fondo. Pero voy al artículo 161, a este famoso artículo 161, donde nos imputan que hacemos coacción sobre las empresas para la desinversión; que tienen un año, plazo relativamente corto.
El tema del plazo ya lo explicó el senador Fernández. No es un año. Son más de dos años. Hay que conformar la estructura de la autoridad de aplicación, el Consejo Federal; hay que determinar también las pautas de la transición. En fin, son más de dos años.
Pero fundamentalmente, quiero analizar brevemente el proyecto que presenta la Unión Cívica Radical. Tiene dos elementos. Por un lado, plantea una amnistía para aquellos que están fuera de la ley. Mire qué interesante. Establece un mecanismo de un año para aquellos que tienen más licencias de las que establece esta Ley 22285; un blanqueo. Es interesante este tema de la amnistía. Benefician a los infractores que tienen exceso de licencias.
Otro aspecto contradictorio y central de la Unión Cívica Radical...
Murmullos en las bancas...
Sr. Morales. — Está leyendo mal.
Sr. Pichetto. — Yo los escuché. Vamos a discutirlo en particular después. Voy a leerlo, claro que voy a leerlo.
Murmullos en las bancas...
Sr. Morales. — Estudie un poco.
Sr. Pichetto. — No; yo estudié, los que no estudian son ustedes.
Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor. Continúe, senador.
Sr. Pichetto. — Senadora, yo la escuché con atención todas las veces que usted habló. Le
pido que no me interrumpa, presidente.
Otro aspecto contradictorio es que la UCR, en la Cámara de Diputados —como dije recién—, bregó incansablemente para que el sistema de comunicaciones no forme parte de esta ley de medios de comunicación audiovisuales. Sin embargo, en este dictamen, proponen meterse de lleno en el régimen de telecomunicaciones; ordenan desinvertir en materia de telecomunicaciones; da como organismo de aplicación a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Todavía nos preguntamos por qué aparece este tema.
Realmente, es sugestivo. Tendrá que ver con Telecom, tendrá que ver con algún tema... No sé, es realmente muy sugestivo.
Además, me pregunto por qué se mete con un servicio público que tiene que ver con la telefonía. Es muy interesante esto. Cabe preguntarse por qué meten este tema acá, en este dictamen. Por qué meten este tema, que no tiene nada que ver, y que vamos a decir, en el artículo 2/ y en todos los artículos, que la interpretación auténtica del legislador y de este Congreso, cuando votemos, es que las telefónicas no forman parte de este debate. Porque la presidenta las excluyó, para terminar con un falso debate y una falsa discusión; que era que veníamos a quedarnos con el negocio; que venía Telecom, los socios argentinos y no sé quién —el fantasma Benito o el conde Drácula— a quedarse con todo.
El otro tema interesante es el artículo 19, sobre el federalismo. Nuestro proyecto plantea una representación de la autoridad de aplicación en todas las ciudades capitales y en todas aquellas ciudades de más de 500 mil habitantes. El dictamen de la Unión Cívica Radical elimina esto último, y ciudades importantes, como Mar del Plata o Bahía Blanca, no van a tener un representante de la autoridad de aplicación.
El otro tema tiene que ver con los contenidos. Este tema lo plantea también el dictamen de la Unión Cívica Radical. Dice que deben emitir opinión sobre la calidad educativa, cultural, informativa y de entretenimiento de los servicios audiovisuales. No existe ninguna norma.
En este sentido, yo quiero aclarar la cuestión de los contenidos porque tiene que ver con la cuota de música nacional que están obligados a pasar los medios audiovisuales en la difusión en la Argentina. Reivindican la cultura nacional, la música nacional; el trabajo de actores y músicos; tratar de generar empleo en la Argentina. A mí me parece que es una muy buena decisión, que no tiene nada que ver con el contenido o con un intento discrecional del Estado de querer limitar la libertad de expresión del periodista o de tratar de condicionar esa información. Tiene que ver con una definición política de alentar la industria nacional, la industria de la música popular argentina, indudablemente, frente a una fuerte presencia de música extranjera en el país. Hace a nuestra cultura y hace también a la ratificación de una consolidación cultural y de una autoestima que a veces sentimos que perdemos en nuestras propias manifestaciones.
El otro tema que para mí es central —uno de los temas más neurálgicos que erróneamente plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical— es el del artículo 46 donde confunde la televisión móvil con la prestación de la telefonía celular. O lo que es peor: cree que el aparato receptor es asimilable al sistema de transmisión. Es cuanto menos un desconocimiento manifiesto de los más mínimos conceptos de las nuevas tecnologías.
Este es un tema realmente grave. Creo que es un error. Es un problema de desconocimiento de la materia. Realmente, me parece que es imposible de sostener. La otra cuestión tiene que ver con la publicidad oficial. ¡Fíjense qué interesantes son las pautas de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical!
Establece, primero, un sistema de instalación del medio en función de su desarrollo. Establece, además, un sistema de concurso donde el que gana se lleva el 50 por ciento; el segundo se lleva el 30; el tercero, el 20; y los demás, los chiquitos —los locales— se quedan mirando cómo se distribuye la mecánica de la publicidad oficial.
Imaginemos una campaña del dengue o de la gripe A. ¡A los argentinos les gusta dramatizar estos temas! Nos inundamos con el dengue, con la gripe A; fundimos ciudades turísticas. Repetimos las cosas y, además, todos salen a hablar tonterías. Sería una campaña nacional donde se difunde el consumo de determinado medicamento. Lógicamente, esto se va a concentrar en una gran empresa: en la gran empresa que concentra indudablemente el mayor desarrollo desde el punto de vista de la comunicación; la segunda empresa multimedia y, por último, la tercera empresa en esa escala. Las pequeñas empresas, los medios locales de difusión en las provincias, no van a agarrar un céntimo de esta pauta de distribución de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical.
En su discurso, el senador Petcoff Naidenoff ha planteado el tema del Estatuto del Periodista como si éste no existiera. Está vigente. Es la Ley 12908, que está plenamente vigente. También escuché a la senadora Estenssoro hablar de este tema.
Otro de los temas que plantean es que las cooperativas no pueden ingresar en localidades pequeñas, de menos de 30 mil habitantes. Realmente es un absurdo: ¡un absurdo total! Creo que los socialistas no van a avalar este tema. En los pueblos pequeños de nuestro interior, de las provincias, ¿quiénes, si no las cooperativas, son las que dan este tipo de servicios, si no hay rentabilidad para establecer proyectos de desarrollo audiovisual o de cable físico en localidades pequeñas? Es precisamente el espacio de la cooperativa como espacio comunitario, que a lo mejor tiene también el servicio de la luz, el del gas o el del agua, el que puede afrontar también el sistema de cable: realmente, una incoherencia increíble.
Estos son algunos de los aspectos del debate en particular de este dictamen planteado por la Unión Cívica Radical.
Por primera vez podemos discutir de proyecto a proyecto. Por primera vez, en lugar de descalificar al gobierno —más allá de que pueda haber errores o cosas que no compartimos— estamos discutiendo sobre la base de un proyecto alternativo. ¡Esta es la verdadera discusión democrática! Caso contrario, simplemente se trata de la descalificación en el sentido de que porque lo hace el gobierno está mal, porque este gobierno es autoritario y demás. Esas suelen ser las cosas que se dicen con una ligereza extraordinaria en la Argentina. Es más, un diputado habló de sangre; se dice cualquier cosa y con total impunidad en nuestro país.
No quiero extenderme más. Por lo tanto, adelanto que nosotros respaldaremos este proyecto en general y en particular. Mi bloque votará afirmativamente el proyecto de ley venido en revisión de Diputados porque tiene reformas importantes; porque hubo un consenso plural importante; y porque vino mucha gente a manifestarnos que lo aprobemos tal como vino de la Cámara baja.
Estamos dando un primer paso. Ninguna norma es perfecta, a perpetuidad, ni se escribe en la piedra, como le dije hoy a un periodista. Seguramente, en el futuro esta ley pueda ser corregida y, a lo mejor, en poco tiempo —en uno o dos años— habrá que afrontar el debate relacionado con las telefónicas. Sin embargo, la que estamos considerando es una norma superior a la vigente; es un avance; es un paso gigantesco en esta discusión realmente importante que hace a la consolidación de la democracia en la Argentina.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente. — Pasamos a votar los pedidos de inserción.
Se practica la votación...
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Se va a votar el proyecto de ley en general.
Se practica la votación por medios electrónicos...
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa, y 24 por la negativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto en general...
muy bueno!
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