La justicia remitió un pedido a la cancillería para que reclame a la División Criminal de la Oficina de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos información sobre presunto lavado de dinero en cuentas del JP Morgan Chase Bank NA sucursal Buenos Aires y JP Morgan Chase SA. Se trata de la causa en la que el ex ejecutivo de esa entidad bancaria Hernán Arbizu denunció hace cuatro años una serie de operaciones de más de 400 personas físicas y jurídicas que habrían sacado grandes cantidades de dinero desde la Argentina al exterior.
Arbizu reapareció en los medios de comunicación en las últimas horas, a propósito de la denuncia mediática y la causa judicial contra el empresario Lázaro Báez. Fue él quien, en el marco de la crisis financiera de las subprimes, huyó de Estados Unidos (que lo reclama en extradición), se autodenunció en la Argentina y describió operaciones presuntamente irregulares de empresarios y empresas, entre ellas varias vinculadas con el Grupo Clarín.
Pese a los reiterados pedidos de información –en el marco de los tratados internacionales de colaboración contra el lavado de dinero–, el juez federal Sergio Torres, quien tiene a su cargo la investigación, nunca consiguió respuestas satisfactorias. Por eso resolvió "insistir ante el señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto a fin de que a través de las vías diplomáticas correspondientes se exhorte y urja nuevamente a las autoridades del Departamento de Justicia… el envío de una respuesta concreta vinculada con los informes de clientes y de cuentas radicadas en el JP Morgan". El magistrado reclamó "encarecidamente un trato prioritario y preferencial tanto a la reiteración a las autoridades como en la obtención de la respuesta".
La medida fue dispuesta mucho antes de que estallara la causa originada en las denuncias televisivas del programa Periodismo Para Todos, que conduce el periodista Jorge Lanata. El 14 de marzo pasado, cuando el ciclo televisivo de Canal 13 ni siquiera estaba en el aire, la Cancillería argentina informó al juez que Estados Unidos persistía en su silencio ante los reclamos de cooperación para la investigación sobre presunto lavado denunciado por Arbizu. "El coordinador de Cooperación Internacional en materia penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Dr. Diego Martín Solernó, ante el reclamo de falta de respuesta por parte de las autoridades norteamericanas, informó al tribunal que había procedido a reiterar diplomáticamente la solicitud. Sin embargo, hasta el día de la fecha, de aquella petición no se ha obtenido ningún resultado", explica la fundamentación del nuevo pedido a la Cancillería.
No es cierto que Estados Unidos nunca haya respondido. Pero lo hizo de una forma considerada incompleta e ineficaz para la pesquisa. "El exhorto original tuvo una respuesta por parte de las autoridades del Departamento de Justicia de aquel país que no se compadecía con lo pedido por el juzgado, por lo cual se debió reiterar la diligencia", señala la documentación, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino.
La falta de colaboración del Departamento de Justicia de Washington mantuvo virtualmente paralizado el expediente, ya que –según considera el juez Torres– "la información procedente de las autoridades norteamericanas resulta crucial para la correcta prosecución de la investigación".
No obstante, ante la presunción de que esa ayuda internacional nunca llegará, el juez podría ordenar en las próximas horas medidas para avanzar localmente en el expediente.
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