miércoles, 20 de enero de 2010

Carta abierta a los periodistas del Grupo Clarín








Buenos Aires, 19 de enero de 2010


A todos los periodistas del Grupo Clarín
Presente


Estimados colegas:

Los que abajo firmamos somos periodistas y comunicadores de todo el país, algunos conocidos por el gran público, otros simplemente por los colegas y algunos completamente desconocidos, pero todos orgullosos de esta profesión que elegimos llenos de optimismo.

El motivo de esta carta es apelar a la reflexión y la conciencia de todos ustedes que, a sabiendas o no, colaboran con sus artículos, sus escritos, sus columnas y sus comentarios con la furiosa e irracional campaña de debilitamiento, desprestigio y derrocamiento de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzada por el directorio del grupo y su CEO, el señor Héctor Magneto.

Sabemos, porque ha tomado estado público, que todos ustedes son sometidos diariamente a un proceso de adoctrinamiento y presiones, para que la actividad intelectual por la cual han sido contratados, sirva de manera exclusiva —cualquiera sea la sección o especialidad periodística en la que desarrollen su labor— a la finalidad arriba descripta.

Para ello, denigran por todos los medios la acción de gobierno; calumnian, insultan y descalifican a la señora Presidenta, al ex presidente Néstor Kirchner y a los funcionarios y políticos del oficialismo e, incluso, a cualquier simpatizante del mismo; ocultan de manera sistemática los aciertos, las obras de gobierno y las intervenciones presidenciales; generan un clima de zozobra, angustia y miedo en la sociedad; esconden los signos de recuperación económica, para generar desesperanza y crispación; agigantan y repiten hasta el cansancio las malas noticias, las desgracias, los crímenes y delitos, para dejar la sensación y el efecto de sentido de que todo ello es culpa del gobierno y la presidenta.

Estas son, entre otras del mismo tenor, las tareas a las que están, suponemos, obligados a realizar. Como todos ustedes saben, todo lo aquí enumerado atenta tanto contra los principios éticos que rigen nuestra profesión, como contra los más elementales conceptos de lo que es el periodismo y la comunicación.

Creemos que, de una manera u otra, deben reaccionar frente a esto. ¿Pretenden ustedes pasar a la historia como los oficiales y soldados que, cumpliendo órdenes, lograron el desprestigio y la destitución de una presidente constitucional argentina, votada por el 45 % de la ciudadanía?

¿Están dispuestos a aceptar que sus hijos, el día de mañana, lean en los libros de historia que ustedes, sus padres, fueron la fuerza de choque, el grupo de tareas que pretendió llevarse puesta a una presidenta?

¿Con qué cara los mirarán cuando ellos pregunten, después de la escuela, qué hicieron cuando un grupo de millonarios monopólicos intentó con mentiras y manipulaciones destituir a un gobierno democrático y popular?

No tendrán posibilidad de recurrir a la Obediencia Debida y explicar a sus hijos que sólo seguían órdenes, porque este mismo gobierno contra el que sus patrones los lanzan, derogó esa falacia y mandó a prisión a quienes la argumentaron.

Sabemos que entre ustedes hay algunos -pocos- que han elegido un camino sin retorno, que les han hecho creer que eran ligeros para que corran, y hoy son verdaderos y concientes oficiales del Estado Mayor golpista, antidemocrático y monopólico. Pero no todos son Nelson Castro, Marcelo Bonelli, Ricardo Kirchbaum o Morales Solá, cuyos siderales honorarios los convierten en sicarios, cómplices y gustosos de la infamia.

Entre ustedes hay muchos, la mayoría, que están avergonzados del papel que el odio y el revanchismo políticos les están haciendo jugar, a cambio de un sueldo, imprescindible -es cierto-, pero que no alcanza para comprar la dignidad y la honra, colegas periodistas.

Los abajo firmantes los instamos a rebelarse contra esta perversa maniobra. Protesten, resistan y, si es necesario, renuncien y denuncien a sus patrones destituyentes. Una profesión que tiene a Mariano Moreno como paradigma no puede ser mancillada por un plato de sopa.


Comisión Directiva de
Faro de la Comunicación

Hugo Barcia, Presidente, Gustavo Granero, Vicepresidente

Vocales: Julio Fernández Baraibar, Enrique Masllorens, Mariana Baranchuk, Mario Paulela, Santiago Plaza, Javier González

Estimado colega, si quiere firmar esta carta envíe su adhesión a farodelacomunicacion@gmail.com

De ser posible y lograr los fondos necesarios, la publicaremos bajo la forma de solicitada.

Faro de la Comunicación
farodelacomunicacion@gmail.com



martes, 12 de enero de 2010

La única verdad es la realidad...



digna PRESIDENTA de la
Nación
Argentina





Que nada evite gozar de su fin de semana a la hija del teniente coronel !!!


En ámbitos del derecho existe una premisa básica: A confesión de partes relevo de pruebas.
Esto permite aseverar que la hija del teniente coronel no pensaba habilitar sábado y domingo para hacer correr las 48 hs. que el gobierno argentino tiene para apelar sus decisiones cautelares contra la creación del “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” y la expulsión del incumplidor Redrado como presidente del Banco Central de la República.
Dijo, ante TN/Clarín: “…es mi fin de semana”. Y claro, merece reposo por haber esforzado su intelectualidad jurídica durante dos breves horas para resolver un tema -el amparo de Redrado- que, según ella misma mencionó, “…se trata de una crisis institucional importante”.
Casi con una tenue congoja dejó traslucir que no es afecta a realizar declaraciones ya que “…por primera vez en mi vida acudo a la prensa para que la gente común sepa que hay un móvil en la puerta de mi casa sin que yo haya pedido custodia”.
Parece mentira, pero según explicaba TN y todo el arco opositor, pocas semanas atrás, ningún habitante de este país estaba dispuesto a desaprovechar un patrullero en su puerta aún sin pedirlo, ante la tan “publicitada” inseguridad delicuencial.
En todo caso pueden ser mecanismos inconscientes de defensa recordando las “hazañas” que el teniente coronel le habrá contado, desde 1976, en la sobremesa de los domingos, en relación a la presencia de los “Ford Falcon” en la puerta de los militantes populares para secuestrarlos, robarles y desaparecerlos luego de una considerable sesión de tortura.
Sin embargo, la hija del militar deberá estar tranquila ya que esos métodos tortuosos han dejado de utilizarse en la República desde 1983, salvo excepción hecha con el compañero Julio López.
Hoy el móvil policial estacionado en la puerta de su domicilio tiene identificación y pertenencia a una jurisdicción fácilmente reconocible del Estado argentino y no a una fuerza parapolicial subterránea. Incluso, la hija del teniente coronel está acostumbrada a la presencia física de un policía, diariamente, en la sede de su juzgado.
Pero, por otra parte, parece cierto que ella nunca, antes que ahora, habló por los medios de comunicación. En cambio, seguro, habrá sido su padre -el teniente coronel- el integrante de la familia más afecto a estas lides coloquiales por medio de los bandos militares de la dictadura procesista, ya que su “prosapia” deriva de haber pertenecido a la Secretaría de Inteligencia del Estado del proceso genocida de Videla y como delegado de la SIDE operando en la Sudáfrica del apartheid. Igual a su otro hijo -ex liceísta-, y también integrante de la familia del “derecho y humano” funcionamiento judicial, defensor de la mayoría de los acusados por la masacre de Margarita Belén, de Luciano Benjamín Menéndez y de Cecilia Pando.

Entre tanto, mientras Cristina Fernández de Kirchner, anunciaba la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas durante la larga noche dictatorial de 1976 a 1983 y el ministro de economía, Amado Boudou, resolvía medidas antimonopólicas en la empresa mixta Papel Prensa y elevadas multas a compañías extranjeras -Telefónica de Argentina-, se producía nuevamente un mini golpe mediático de derecha.
La excusa fue la creación del Fondo del Bicentenario para afrontar la deuda que la oposición tuvo el “honor” de compartirnos y que, aquello, se decidiera por un DNU.
En todo caso, no se trata de un pago anticipado, sino de dar una señal inequívoca de que existen la voluntad y los fondos para esos pagos.
Esta señal enviada a los acreedores y a los mercados financieros interno y externo, permitirá disminuir la percepción del riesgo-país (lo que ya sucede), con el consiguiente incremento del valor de los títulos públicos y reducción de las tasas de interés. De este modo, se beneficiará no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que deseen tomar crédito.
Lo urgente es mostrar la disponibilidad de los recursos, no su uso. Sin embargo, en torno de esta acción simple de política económica vemos una escenografía que como siempre impugna las formas, pero que oculta algunos problemas de fondo, que radican en discutir la influencia del uso o no uso de las reservas sobre el sistema cambiario, a quién le sirve la autonomía del BCRA, quiénes generaron la deuda, a qué sector social pertenecen y a qué partido político representan.

En otro sentido, es bueno recordar que la ley 16.986 articula una acción de amparo contra decisiones o actos u omisiones generados por particulares o funcionarios estatales que violenten derechos de los ciudadanos. La misma tiene fuerza legal desde 1966 y fue publicada en el boletín oficial el 30 de octubre de ese mismo año. Su finalidad resultó siempre valiosa ante atropellos gubernamentales contrarios a la voluntad de las mayorías populares.
Fue en la reforma constitucional de 1994 que, como contraprestación política entre Menem y Alfonsín -Pacto de Olivos-, se resolvió otorgarle un rango supralegal incluyendo la acción de amparo en el artículo 43 de la Constitución Nacional, a fin de brindar mayor reaseguro contra los operadores de la globalización mundial y el neoliberalismo cipayo. La ley resulta hoy el método de procedimiento de la garantía contemplada por la Carta Magna.
Bonita paradoja resulta, de todas maneras, observar como un instituto jurídico diseñado para combatir los ultrajes de los discípulos de Pinedo, Alzogaray y Cavallo, es utilizado por ellos mismos para “desgastar” y frenar al gobierno en su estrategia político-económica que intenta lograr una mayor soberanía que nos libere como pueblo de las garras del imperio, próximos a cumplir 200 años de la formación de un gobierno cuyo secretario fue el ilustre Mariano Moreno, difusor del “sagrado dogma de la igualdad”.

En su artículo 15º, la ley de amparo, establece que las medidas de no innovar o la suspensión de los efectos de los actos impugnados deberán ser apeladas dentro de las 48 horas de notificadas las resoluciones impugnadas.
Eso fue lo que resolvió la hija del teniente coronel: imponer medidas cautelares que frenan la creación del Fondo del Bicentenario y evitan, por el momento, la expulsión de Redrado de su cargo.
Para ello, y con motivo de la feria judicial, habilitó día y hora y lo resolvió el viernes por la tarde ante la “gravedad del asunto”.
Es cierto que los recursos ante la Justicia, según lo establece el código procesal, cuentan con un plazo que debe ser contado en términos de días hábiles pero aquella habilitación de día y hora, esgrimida por la hija del teniente coronel, hubiera podido permitir que las 48 hs., otorgadas por ley para apelar, se contaran el sábado y el domingo siguientes a su decisión.
Por eso el comisario de la 19ª concurrió a molestarla en su casa ya que el juzgado que ella dirige no había designado una lógica guardia de feria.
Lo categórico fue ver que: si “se trata de una crisis institucional importante”, como dejó colegir la hija del teniente coronel, debió habilitar día y hora para esperar, como sucedió, las apelaciones del gobierno.

Interesante, será prestar atención concreta a las resoluciones emitidas por la hija del teniente coronel: Medida cautelar que suspende los efectos del decreto (DNU) 2010/09, dictado el 14 de diciembre del pasado año.
Dice la hija del teniente coronel que “…en el particular caso de autos con el dictado del decreto de necesidad y urgencia, y la urgencia puesta de manifiesto por el gobierno a fin de ejecutarlo sin esperar los plazos constitucionales, el derecho de los actores (todos políticos de la Colación Cívica y del PRO) a ejercer su función participando en la formación de la voluntad del Poder Legislativo, se encontraría de modo inminente, amenazado, restingido, limitado o privado por el acto del Poder Ejecutivo…”.
Luego, agrega que “Surge claro que como principio general la Constitución Nacional prohíbe al PEN emitir disposiciones de carácter legislativo. Esta prohibición fue específicamente establecida en la reforma constitucional de 1994…a fin de garantizar la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 1 de la Constitución Nacional”.

Sin embargo la hija del teniente coronel cuando estudió la Constitución, en la Facultad de Derecho, pasó por alto algunos artículos: El 99 inciso 3, tercer párrafo, por ejemplo, que exceptúa a la Presidenta de aquella limitación ya que “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia (DNU), los que serán decididos en acuerdo de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
Las circunstancias excepcionales son manifiestas en cuanto el Poder Legislativo permanece en receso, la necesidad y urgencia es materia opinable, en términos políticos, pero sólo puede definirla quien debe tomar la decisión. En este caso la oposición cree que por haber cambiado la composición de las Cámaras legislativas ya tienen libertad para gobernar en la toma de decisiones ejecutivas y modificar el proyecto político votado en 2007.

Además, el hecho de que Carrió veranee en Punta del Este, Cobos en Chile y Rodríguez Saá en San Luís no significa que el mundo deja de girar: Por tanto, en las plazas económicas mundiales, -para las cuales la oposición argentina y el establishment dedicaron tanto afecto al momento de concretar negocios espurios a raíz de los problemas financieros de la Argentina cuando decidieron el mega canje o el blindaje- se sigue operando (allá es invierno) y de ello surge la necesidad y urgencia para mostrar, como sostengo “ut supra”, la disponibilidad de los recursos, no su uso, para negociar la deuda impuesta al pueblo por la oposición, en sus arrastrados gobiernos pasados, dentro de parámetros que permitan seguir consolidando el desarrollo de políticas de inclusión social, desarrollo industrial, redistribución equitativa de la renta nacional, etc.
Contrariando a la hija del teniente coronel debo decir que nadie está violentando los derechos de los legisladores (actores en el amparo) a ejercer su función participando en la formación de la voluntad del órgano legislativo. Sólo que la Constitución les impone el período de actuación ordinario desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre de cada año -artículo 63 Constitución Nacional-.
Los DNU fueron dictados en diciembre (Fondo del Bicentenario) y en enero (expulsión de Redrado por mal desempeño de sus funciones).
Sanciona el artículo 99 inciso 3, párrafo cuarto de la Constitución Nacional que el Jefe de Gabinete de ministros someterá la medida (DNU) a consideración de la Comisión Bicameral Permanente para que su despacho sea tratado por el plenario de cada Cámara y se confirme o rechace la decisión del Ejecutivo.
Allí, Pinedo, Graciela Camaño, Felipe Solá, Alfredo Atanasof, Manuel Morejón, ErnestoSanz, Gerardo Morales, Oscar Aguad, Ricardo Gil Lavedra, Prat Gay, Patricia Bullrich yVega podrán ejercer su derecho, como legisladores, a participar de la formación de las leyes, a partir del 1º de marzo del 2010. No antes. Están en receso dice la CN.

Pero la hija del teniente coronel, como su padre seguramente le encomendó desde pequeña, arremete con subordinación y valor la interpretación de la Ley Fundamental y sostiene en su medida cautelar que frena la conformación del Fondo del Bicentenario que “La posibilidad del PEN de dictar decretos de necesidad y urgencia requiere la existencia de una imposibilidad funcional por parte del Congreso de la Nación para desempeñarse como tal, imposibilidad que, prima facie, no parece configurarse en el caso habida cuenta que de conformidad con lo establecido en el art. 99 inciso 9 de la Constitución Nacional el Presidente de la Nación tiene atribución de convocar a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requieran”.
Y justamente aquí podrá observarse que esta resolución de la hija del teniente coronel no se ajusta a derecho, técnicamente hablando, y es de neto corte político -si, por caso, pudiéramos asegurar que el derecho no es un desprendimiento del juego del poder político- cuando confunde el término atribución y, ella, la hija del teniente coronel le impone el sentido de obligación paraCristina de convocar a extraordinarias. Una atribución, en definitiva, es una facultad que alguien tiene en función del cargo que ejerce y como tal representa una opción dentro de su competencia ejecutiva: convocar o no.
Y ello, no está ni bien ni mal. Es pura decisión de la Presidenta de acuerdo a su fiel y real saber y entender dentro del programa político que viene implementando desde que asumió. Usa la reglas de la democracia, la Constitución liberal de 1853/60, que pocos argentinos opositores han utilizado, incluso cuando han dirigido los destinos de este país.

Por caso, que decir de su padre, el teniente coronel, cuando en 1976 apoyó, colaboró y trabajó con la dictadura reconociendo que la Junta Militar disponía la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial, así como la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a través de la ley 21.256 imponía el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) por encima de la CN.
Hagamos un impasse para recordar el mando militar de aquella época y seguimos:

Buenos Aires, 24 de marzo de 1976
Considerando que es necesario establecer las normas fundamentales a que se ajustará el gobierno de la Nación en cuanto a la estructura de los poderes del Estado y para el accionar del mismo a fin de alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandeza de la República, la Junta Militar, en ejercicio del poder constituyente, estatuye:

Artículo 1°- La Junta Militar, integrada por los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que, con el título de Presidente de la Nación Argentina, desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación.
En caso de ausencia temporaria, enfermedad o licencia de alguno de los miembros de la Junta Militar, el cargo será desempeñado interinamente por el oficial superior que lo reemplace en el comando de la fuerza.

Artículo 5°- Las facultades legislativas que la Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el presidente de la Nación, con excepción de aquellas previstas en los artículos 45°, 51° y 52° y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del artículo 67°. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca

Artículo 14°- Los gobiernos nacional y provincial ajustarán su acción a los objetivos básicosque fijó la Junta Militar, al presente estatuto y a las Constituciones nacional y provinciales en tanto no se opongan a aquellos.

Videla. - Massera. - Agosti. (Y siguen las firmas: entre ellos el teniente coronel Luís Sarmiento y civiles devenidos en legisladores actuales – agregado por el redactor).

Seguimos analizando la resolución de la hija del teniente coronel que suspende los efectos de la creación del Fondo del Bicentenario. (La medida cautelar que pretende suspender el ejercicio de la función presidencial).

Al respecto, es significativo prestar atención al art. 63 de la CN cuando prescribe que “Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones”.
Este artículo, perteneciente al capítulo tercero, sección primera, título primero, segunda parte de la Constitución Nacional, -DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CAMARAS- y que define la competencia y el procedimiento del Poder Legislativo, establece para el funcionamiento del Congreso nacional, después del 30 de noviembre, que sea el presidente de la Nación quienpuede convocar a las sesiones extraordinarias. O sea, utiliza un verbo facultativo: si quiere y lo cree conveniente puede, sino no. Claramente, Cristina decide, ya que esta Constitución que nos “gobierna” fomenta una república presidencialista y no un sistema parlamentario como se observa en los estados europeos.

Para más abundamiento, dice la hija del teniente coronel: “Prima facie y en la medida requerida por las cautelares, la situación de urgencia requerida por la Carta Magna para justificar el dictado de un DNU no surge ni de su articulado ni de sus considerandos. Es más, de estos últimos surge que `no llevarse a cabo las acciones de política económica allí dispuestas, se podrían constituir en un factor crucial que dificultaría el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo…´, de lo que cabe deducir, -interpreta ella-, que los efectos no son en lo inmediato”.
Nos está diciendo que si bien la no aplicación de las medidas dispuestas por el gobierno nacional -Fondo del Bicentenario- podrá acarrear dificultades económicas a bastos sectores sociales argentinos no serán observadas y sufridas, éstas, sino hasta más adelante. No especifica cuándo arribaran dichas consecuencias. Pero, lo cierto es que de dicha definición “saca de la manga” la conclusión de que no existe urgencia para tomar las medidas dispuestas por el decreto 2010/09-de creación del Fondo del Bicentenario-, por lo menos, por medio de un DNU, lo cual implica un claro silogismo jurídico.
Cuando así se expresa, la hija del teniente coronel, nos hace creer que los asuntos políticos y económicos de una Nación, que disputa en cada negociación su soberanía para beneficiar al conjunto de las clases populares, pueden resolverse en un par de días antes del vencimiento de las obligaciones económicas. Que no existen cuestiones de confiabilidad, entre un Estado y otro, entre un Estado y sus acreedores ocasionales o entre simples particulares que deben ir convalidándose de a poco y constantemente hasta llegar al acuerdo.
Como si esta última -la confianza entre las partes, sobretodo, después de la presidencia de De la Rua, de Duhalde (y su famosa frase de que quien depositó dólares recibirá dólares…) o del Adolfo Rodríguez Saá (declarando el default)- pudiese ser obtenida por gracia divina y sin la existencia de pulsiones e intereses contrapuestos de las partes.

En realidad todo esto que viene sucediendo no es más que un embate contra un modelo político de consolidación progresiva del poder popular a través de las urnas.

Es bueno, sin embargo, que puedan discutirse estas cosas: antes no se debatían, la corporación económica -el poder real y concreto-, las clases dominantes, el poder mediático decidían. Acobachados detrás de las fuerzas armadas de ocupación o con gobiernos democráticos genuflexos y traidores a la soberanía popular. De cualquier manera ellos presidían la Nación.
A fines del 2002 el porcentaje de la deuda externa en relación al PBI argentino resultaba ser del 160%. A fines del 2009 se ha reducido aquel porcentaje al 40% del PBI, importando un crecimiento en el aporte para la educación.
Claro que un buen debate será discutir por qué es necesario pagar una deuda que, seguramente, puede ser considerada, política y jurídicamente, ilegítima.
Este país puede cerrar sus fronteras, alejarse del “primer mundo” y atrincherarse con las demás naciones hermanas de Sudamérica y seguir sobreviviendo dignamente. Sin embargo, aquello que criticamos a la hija del teniente coronel acerca del tiempo concreto que lleva desarrollar y obtener éxito en determinada decisión o propuesta, también nos compete a nosotros -el campo popular- para no vociferar razonamientos imposibles de implementar. Compartimos la Patria con sectores pudientes de la vida nacional que consideran que éste, también, es su lugar. Por eso mantenemos esta lucha “encarnizada” de las ideas, como predica Fidel Castro y que estamos llevando adelante. La otra opción es una revolución.
Y en ese caso, si a alguien, perteneciente a los sectores de la izquierda nacional, le quedó guardado algún resto envasado de revolución en alguna repisa que nos avise. La forma que conozco de promover el cambio efectivo de la realidad es la acumulación paulatina de poder a través del desarrollo de la conciencia social nacional y popular.
Cualquier otra cosa, es sólo un pequeño afiche pegado en la pared que nadie lee.
Y si no, como prueba basta un botón: El criterio soberano de que la deuda externa privada, estatizada por Cavallo en 1982, era ilegitima debió haber sido impuesto, luego del retiro de la dictadura procesista en 1983, por el gobierno que presidió el “padre de la democracia” Raúl Alfonsín, desconociéndola. También, podría haberlo hecho Menem o De la Rua o alguno de los “cuatro fantásticos” presidentes de finales del 2001 -Puerta, Rodríguez Saá, Caamaño, Duhalde-.
El puntano, hizo todo lo contrario: reconoció la deuda sosteniendo, casi caprichosamente, que no la iba a pagar.

En todo caso, la representación democrática argentina desde 1983 hasta principios de 2003 legitimó la deuda y a partir de allí se intenta, y con éxito, desendeudar al Estado con el objeto de que pueda recuperar soberanía.

Hoy quienes se oponen al Fondo del Bicentenario y a que Redrado deje el BCRA son los mismos que avalaron los acuerdos con el FMI (mega canjeblindaje), apoyaron la designación de Cavallo como ministro de economía, defendieron, más tarde, a los fondos buitres: Barra, Liendo, Morales y bastante UCR.

La hija del teniente coronel piensa, también, en la autonomía del Banco Central, al igual que toda la oposición. Lo demostró con sus resoluciones. Lo que esconde, ella y ellos, es que mantener la autonomía es evitar democratizar la política monetaria que ese Banco debe dirigir. La autonomía es mantener esa política por fuera de la voluntad popular que votó este modelo en 2007.
Ella, sobre todo, tan atenta a que los legisladores que apelaron la creación del Fondo del Bicentenario puedan “ejercer su función participando en la formación de la voluntad del órgano legislativo”. Como si esta voluntad no fuera mandataria de la voluntad mandante y soberana del pueblo argentino.
Mantener las reservas intactas significa que por cada 100 millones de dólares depositados se obtienen 500.000 dólares de ganancia. Pero si las reservas no se tocan, la solicitud de un préstamo para pagar implica, por cada 100 millones de dólares, un pago de intereses de 14 millones.

Por supuesto, lo que se pretende con esta intangibilidad de las reservas es que se utilice el presupuesto para pagar la deuda y, por lo tanto, se achique el gasto público (inversión social) y se ajuste a la población. Es que un desgaste de esta naturaleza le dificultaría al gobierno llegar con chances electorales a 2011.

Entonces la hija del teniente coronel, el mismo viernes 8 de enero, dos horas después que Redrado presentara su amparo, resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el “ocupa”, ordenando la suspensión de los efectos del decreto de necesidad y urgencia 18/2010 hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo en dicho amparo.
Fundamentó su criterio en el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA en tanto, aquel, establece que para remover a los miembros del directorio, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha Carta Orgánica, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, el PEN debe contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso nacional.
Por supuesto, este consejo como tal no resulta vinculante para la Presidenta de la Nación.

Pero insiste la hija del teniente coronel advirtiendo en su razonamiento jurídico que “la Señora Presidenta de la República, de la lectura del DNU 18/2010, pretende exceptuarse de esta exigencia la que, prima facie, parecería resultar improcedente ya que la previa comunicación a la comisión bicameral tendría como finalidad el garantizar la posible intervención del Poder Legislativo con la única finalidad de garantizar el sistema republicano de gobierno tutelado por el art. 1 de la CN”.
Más allá de la mala redacción del punto que se analiza, aparece una sutil falacia: La Constitución Nacional, como todas las normas, debe interpretarse en forma armónica con la totalidad de su articulado a fin de que no existan contradicciones u oposiciones entre las distintas disposiciones que la conforman. Más aún, deben complementarse a fin de obtener validez jurídica con todo el ordenamiento jurídico.
En este sentido ha dicho la Corte Suprema de Justiciaque para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769)”.

Por lo tanto, la única manera de garantizar el sistema republicano de gobierno instituido por la CN será entender que el Congreso está en receso y, si no es convocado, por el PEN, a sesiones extraordinarias, la Presidenta puede dictar un DNU como el que expulsó a Redrado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego, podrán pasar dos cosas:
1) recién cuando las cuatro comisiones que establece la ley para que brinde aquel consejo sobre la destitución del presidente del BCRA (presupuesto y hacienda y economía del Senado y de Diputados) se conformen y tengan autoridades designadas -aún no se han constituido después del recambió parlamentario del 10 de diciembre- la Presidenta atenderá el consejo y expulsará a Redrado ya no con un DNU sino con un simple decreto que no necesita ser refrendado por la Bicameral Permanente que analiza los decretos de necesidad y urgencia y los eleva al pleno de las Cámaras. Mientras tanto, ello acontezca, Redrado debe dejar su cargo de presidente del BCRA.

2) Si las comisiones no se constituyen y debe intervenir antes esta Comisión Bicameral Permanente que trata los DNU, realizará su dictamen que elevará al pleno y éste, a su vez, cuando comiencen las sesiones ordinarias, allá por el 1º de marzo del corriente, podrá validar o no el decreto de necesidad y urgencia 18/2010. Mientras tanto, hasta esa fecha, el DNU es válido y no es judiciable por parte de la hija del teniente coronel.
Luego, en ordinarias, si el Congreso valida el DNU 18/2010, Redrado se va. Si no lo valida podría retornar hasta que la Presidenta reciba el famoso consejo no vinculante.

En todo caso, todo lo contrario y esta decisión cautelar de la hija del teniente coronel, permite que una persona de menor rango institucional complique las ordenes y decisiones políticas de la primara mandataria de esta Nación y aleja el supuesto intento de hacernos creer que lo que se busca es imponer la institucionalidad de la República.
Pero es cierto, según expresó Néstor Kirchner, que Redrado es sólo un empleado. La única verdad es la realidad y significa que aquello que se intenta no es otra cosa que desgastar al gobierno, volver a endeudar al pueblo argentino y apropiarle, así, su sentido soberano.

La hija del teniente coronel concluye su “maestría” jurídica sosteniendo que “El peligro en la demora se encuentra configurado en el hecho que de no decretarse la suspensión de los efectos del decreto de remoción del Dr. Redrado de la presidencia del BCRA podría importar liberar el obstáculo que su presencia constituye para poder dar cumplimiento a la transferencia establecida en el art. 3 del DNU 2010/09 -creación del Fondo del Bicentenario-, tornando ineficaz la medida respecto de la cual en la fecha -viernes 8/1/10- este tribunal ha dictado medida cautelar ordenando la suspensión de los efectos del decreto2010/09 hasta tanto pueda ser considerado por el Congreso Nacional (conf. ´Pinedo Federico y otros c/Estado Nacional -Dt. 2010/09- s/amparo ley 16.986´)”.

Obsérvese, aquí, una nueva falacia jurídica puesta al servicio de la operación desgaste ya que no es Redrado el “obstáculo” para evitar la creación del Fondo del Bicentenario sino supuestamente su propia medida cautelar que, ella misma, menciona en los fundamentos de la resolución favorable al “Chicago boy”.
Resulta claro que el supuesto “obstáculo Redrado” no es más que el intento de promover, aquí, un posible “hondurazo”, sumándose al conato que buscan en Paraguay, o aquel que trató de “tumbar al Indio” en Bolivia o buscó destituir al comandante Chávez en la República Bolivariana de Venezuela.

Dijo la hija del teniente coronel, ante la prensa, que “…se trata de una crisis institucional importante”, algo que supone obliga a tratar con extrema rapidez la cuestión.
Sin embargo cuando la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo le hizo llegar, el lunes 11 de enero, las apelaciones del gobierno que había recibido, habilitando día y hora, el fin de semana previo, el Juzgado 11 a su cargo, al mismo tiempo, aceptó el pedido de opositores al modelo de redistribución de ordinarizar el procedimiento, mucho más breve, regulado para la acción de amparo.
Ello significa transformar un trámite rápido en un proceso común, o sea de mayor conocimiento del tema, implicando un mayor tiempo de desarrollo.
La contradicción que emerge de sus decisiones permite entender que la hija del teniente coronel está buscando sumarse a la oposición, abandonando su rol de integrante de un poder independiente.
A ella no le importa: lo que buscó es perder tiempo porque el procedimiento rápido del amparo la obligaba a elevar a su superior los recursos gubernamentales, contra sus medidas cautelares, dentro de las 48 hs. posteriores a haberlos recibido. En cambio, los plazos para hacer lo mismo en los casos de trámites ordinarios es mucho mayor.
La intención, entonces, es lograr que las apelaciones contra las cautelares arriben a la Cámara de Apelaciones cuando, después del 15 de enero, la sala de feria cambie la composición de sus integrantes porque se considera que el gobierno ya no tendría votos que lo favorezcan.

Su conciencia jurídica, enseguida, para demostrar independencia, la obligó a establecer un procedimiento extraordinario -sumarísimo- para tratar el tema Redrado y mantener su última resolución de ordinarización para el trámite que pretende desarmar el Fondo del Bicentenario.
Ahora la cuestión está en manos de la Cámara de Apelaciones, aunque, también por presión, el camarista Carlos Grecco, que el sábado recibió los recursos del gobierno y el lunes los hizo llegar al Juzgado de la hija del teniente coronel, como corresponde, se excusó por violencia moral.

Falta mucho, para lograr la construcción del poder popular.
Pero habrá aún más derecho que tratar.

Tenemos a favor bastante plata ahorrada, como Nación, para evitar corridas y condicionamientos indebidos de políticas nacionales.
Además, aceptable nivel de conciencia y movilización popular.
Pero, en contra, existe un indeciso sector progresista que no sabe por cúal puerta subirse al colectivo de los tiempos y como enfrentar la nueva composición del Congreso nacional, entre ellos el ex peronista Pino Solanas.
La oposición, ya se sabe, es parte del problema y no de la solución argentina: nunca gobernaron en favor del pueblo. Tienen muchas muertes sobre sus conciencias, desde los talleres Vasena, en 1918, la Patagonia Trágica, en 1922, los bombardeos sobre la Plaza de Mayo, en 1955, el Plan Conintes, en 1960, y los asesinatos del 19 y 20 de diciembre del 2001.

Lo importante será para el pueblo argentino no desarrollar la “memoria de la mosca” que a pesar de ser espantada del lugar donde se apoya vuelve a repetir la escena una y mil veces sin solución de continuidad.

Recordar que no se discute, hoy, en la Justicia la posible violación de derechos constitucionales por parte de un gobierno popular sino la implantación definitiva de alguno de los dos modelos que definen la cuestión: el de integración nacional y desarrollo productivo con redistribución de la renta nacional o aquel que permite la expoliación de nuestro pueblo y la entrega de nuestro trabajo a los cipayos de adentro y los buitres de afuera.

Por Antonio Mancuso

lunes, 11 de enero de 2010

La oposición permite que los especuladores accedan a reservas para fugar capitales pero no el Tesoro nacional para pagar deuda que aquellos generaron

La problemática en torno del Fondo del Bicentenario pone de manifiesto algunas cuestiones fundamentales en términos de regulación monetaria, de política económica y quizá de modelo de desarrollo.

El Fondo del Bicentenario tiene como objetivo el servicio de la deuda pública, en especial aquella denominada en moneda extranjera. En el momento de efectuar los pagos, el Tesoro podrá utilizar el dinero de este Fondo en vez de adquirir las divisas necesarias en el momento de su vencimiento. No se trata de un pago anticipado, sino de dar una señal inequívoca de que existen la voluntad y los fondos para esos pagos.

Esta señal enviada a los acreedores y a los mercados financieros interno y externo, permitirá disminuir la percepción del riesgo-país (lo que ya sucede), con el consiguiente incremento del valor de los títulos públicos y reducción de las tasas de interés. De este modo, se beneficiará no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que deseen tomar crédito.

Lo urgente es mostrar la disponibilidad de los recursos, no su uso. Sin embargo, en torno de esta acción simple de política económica vemos una escenografía que como siempre impugna las formas, pero que oculta el problema de fondo, que radica en la influencia del uso o no uso de las reservas sobre el sistema cambiario.

En los hechos, si las reservas quedan fuera del esquema de política económica del gobierno (flotación administrada), lo que se está planteando es abandonar el actual sistema cambiario para adoptar la flotación “pura”. En la actual coyuntura de excedente externo, esto significaría una apreciación del peso; es decir, un dólar barato. ¿Es a eso a lo que se refiere la oposición cuando dice que hay que defender el valor de la moneda? ¿Debemos aumentar la tasa de interés y tener una política monetaria contractiva con ese fin? ¿Qué opinan al respecto los industriales y el sector agropecuario? ¿Deberíamos también aplicar un ajuste fiscal, con medidas como las aplicadas en 2001, con reducción nominal de salarios y jubilaciones? ¿No hemos aprendido que tales ajustes recesivos no ajustan, sino que generan o agravan las recesiones? ¿Puede existir un Banco Central “independiente” de las políticas de desarrollo económico? La respuesta a cada pregunta implica un modelo de país.

Parecería que los críticos al Gobierno quisieran que no se usaran las reservas, a pesar de que su uso para pagar deuda es totalmente normal, como lo es para pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, y otras utilizaciones análogas. ¿Plantean un default espontáneo? ¿Es que para ellos los especuladores pueden acceder a las reservas del Banco Central cuando quieren fugar capitales, pero no la Tesorería de la Nación para pagar compromisos en moneda extranjera? ¿Cada turista que quiere viajar, cada importación, cada giro de dividendos requiere de una ley de la Nación?

En cuanto a la cuestión de la “independencia” de algunas instituciones, hay que saber que el manejo de los instrumentos de política económica propios de un Banco Central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas. De allí que conservar la conducción del Banco Central es considerado como un objetivo estratégico mayor.

Vemos una vez más que la ventaja de las crisis es que cada actor devela cuáles son sus intereses reales. Para algunos, será que pregonar tempestades permita cosechar en términos políticos los dividendos de un miedo sin razones macroeconómicas. El abismo, cuando no existe, es un juego peligroso. Para otros, redorar una reputación monetaria ortodoxa quizá permita posicionarse en un futuro improbable. En el año del Bicentenario es bueno volver a nuestros principios: recordemos a Mariano Fragueiro, para quien “el crédito público es una atribución indelegable del Estado y uno de los pilares de la soberanía nacional”.

Por Eric Calcagno

Senador de la Nación (FpV)




domingo, 10 de enero de 2010

“SERÍA IMPERDONABLE QUE EL PJ Y EL PROGRESISMO PERMITIERAN LA RESTAURACIÓN CONSERVADORA”


Cuando le pido que identifique los tres mayores aciertos de su presidencia, sonríe. “El principal fue animarme a abrir la puerta del despacho para entrar”, dice. Se recuerda como un presidente muy débil, en medio de una situación política, económica e institucional de “ingobernabilidad absoluta”. Ni siquiera la dirigencia política que lo apoyaba coincidía con su idea sobre el país. “Abrí una ventana. La Plaza de Mayo estaba llena. Fue la más triste que vi en mi vida, porque allí había un pueblo que demandaba trabajo, atención, que la Casa Rosada se diera vuelta y dejara de mirarlos con la nuca.” A veces las palabras no acuden cuando las precisa. Las ideas se le atropellan y la boca es un embudo muy estrecho, como el día en que habló de “un grito de aire fresco”. Su relación con sujeto, verbo y predicado no se inspira en la de Juan Perón. Le salen frases enrevesadas que a menudo quedan truncas, con los puntos suspensivos de una obra de Armando Discépolo, pero se hace entender mucho mejor que tanto pulcro abogado sentencioso. Dice que se acercó “a esa Plaza Rosada” y sintió que con el cargo había asumido todas las responsabilidades por la situación. “Tarea difícil la de ser presidente”.

Los pactos que no fueron

A los pocos días, un ministro le dijo que la Corte Suprema de Justicia se proponía redolarizar la economía si no se le brindaban “determinadas seguridades”. Por la noche lo consultó con Cristina y el Secretario Legal y Técnico Carlos Zannini. Vuelve a reír: “En aquel momento yo era el Chirolita de Cristina”. Cuando decidieron explicar a la sociedad que el gobierno no aceptaba este trato extorsivo “empezó uno de los procesos más importantes de la institucionalidad argentina”, que condujo al establecimiento de una Corte Suprema independiente, elegida con un método transparente. Pero advierte que más de una vez ha estado en desacuerdo con sus fallos y se intuye que no las tiene todas consigo sobre lo que el tribunal pueda decidir cada vez. Es que al formar esa Corte con no partidarios, como hizo Mitre un siglo y medio antes, se ató al mástil de una institucionalidad a prueba de editoriales exaltados de los herederos de su precedente y de los socios mayores.

Días antes de asumir, una visita importante le planteó que para garantizar la convivencia debían ratificarse las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

–El ex senador Eduardo Duhalde.

–Sí, pero también algunos compañeros.

Dice que el impulsor de esa especie de “acuerdo cívico militar” fue el general Ricardo Brinzoni, quien había visitado a varios gobernadores para llevarles su propuesta. Kirchner lo recibió durante un almuerzo en Comandante Piedrabuena.

–Me habló de un trabajo coordinado para sostener la institucionalidad. Le respondí que la mejor manera era que cada uno cumpliera con el rol que le asigna la Constitución. A muchos les sorprendió que en cuanto asumí lo relevé. Lo hice en defensa del gobierno que comenzaba, porque bajo su conducción las Fuerzas Armadas volvían a actuar en terrenos que no les correspondía.

–¿Y con las leyes de impunidad?

–Pedí tiempo hasta comenzar mi gobierno, que necesitaba fortalecerse. Y cuando asumí respaldamos los juicios que se estaban realizando, como pedían los organismos y el sistema interamericano de derechos humanos, derogamos el decreto que firmó De la Rúa contra las extradiciones solicitadas por el juez Baltasar Garzón y pedimos la ratificación de la Convención Internacional sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la nulidad de las dos leyes.

Mucho más que tres

Le hago notar que los tres mayores aciertos que mencionó se produjeron en los primeros meses de su gobierno. Son los más importantes porque sin ellos no hubiera habido institucionalidad, dice, pero limitarlo a tres le parece mezquino. “Son muchos más.” La enumeración que sigue a borbotones incluye los gemelos superávit comercial y fiscal, la renegociación de la deuda externa, el pago al Fondo Monetario Internacional para que deje de condicionar la política económica, la recuperación del trabajo con la creación de cinco millones de puestos nuevos, los 23 aumentos concedidos a los jubilados, la reapertura de las negociaciones paritarias, la fijación mediante sucesivos aumentos del salario mínimo más alto de Latinoamérica, la inclusión en el sistema provisional de un millón y medio de trabajadores pasivos que habían quedado sin ninguna cobertura. “Todo esto va vertebrando un sistema muy diferente al que recibimos y también diferente a lo que pasa ahora. A mí me tocó sacar a la Argentina del infierno. Por eso las contradicciones de esa etapa son diferentes a las contradicciones de este gobierno...

–Después hablamos del gobierno de Cristina...

Pero Kirchner no quiere interrumpir su razonamiento. Dice que las contradicciones son diferentes porque cambió el campo de alianzas. Entonces “había muchos que aún pensando diferente acompañaban porque todos querían salir del infierno, pero ahí todavía no se perfilaba la definición profunda del modelo, y ahora sí”. Cuando le pregunto por los tres mayores errores o carencias de su mandato, su respuesta se adelanta a la pregunta siguiente: las falencias de su gobierno, que reconoce, son los principales méritos del de su esposa. No parece deliberado, pero sumando ambas cosas, no hay más que aciertos. Ese es el estilo que les permitió darle a la caída electoral del 28 de junio la dimensión de un traspié, cosa que exaspera a los opositores que los daban por acabados. Una vez Cristina dijo que eran dos cuerpos con un solo cerebro.

Los medios y los fines

Kirchner no percibió que “la democratización debe ser total, más profunda”, que también era necesario consolidar “un sistema de medios absolutamente democrático y no monopólico”. Tuvo “la ingenuidad de esperar comprensión, para construir una Argentina democrática”. Después de reintegrar al sistema previsional a quienes habían quedado afuera por las privatizaciones que dejaron a tantos sin empleo, entendió que esa respuesta era parcial. También se habían privatizado “los fondos de los trabajadores, mediante las famosas AFJP, que crearon gran parte de la deuda argentina, por el buco que generaron en el presupuesto”. Se suponía que esos fondos servirían para crear un mercado de capitales, que benefició a muy pocos y descapitalizó a los trabajadores. La decisión posterior de recuperar el sistema previsional “la podríamos haber realizado nosotros, pero no lo vimos con claridad”. No parece recitar un libreto, sino buscar respuestas que aún no conoce. “A veces, es necesario ganar en homogeneidad, un proyecto tiene que ir construyendo conciencia en la gente”, tantea. Luego vuelve a terreno más conocido: “A este proyecto político lo atacan mucho más por los aciertos que por los errores”. Esos aciertos, dice, hicieron que se juntaran muchos “sin ideas y sin proyectos, sólo por tratar de revertir lo avanzado”.

“A Cristina le toca enfrentar un núcleo duro cerrado y desestabilizador, que se opone a la política de derechos humanos, más los sectores monopólicos mediáticos, a los que se suma una oposición política que destruyó la Argentina dos veces y no aporta ideas para la construcción a partir del caos que ellos crearon. Por el contrario, siempre tratan de profundizar cualquier contradicción para que todo se agrave. Eso es lo que hoy tenemos enfrente y lo que en la Argentina futura se va a debatir”.

Frente a ese cuadro, afirma que la respuesta de CFK consiste en mejorar la calidad institucional y pone como ejemplos la Ley de Medios Audiovisuales, la recuperación del sistema previsional, la asignación universal a cada hijo, el Fondo del Bicentenario. Kirchner entiende que la Asignación Universal es la medida de política social más importante que se adoptó en medio siglo. “Muchos dicen que ellos la plantearon primero. No vamos a discutirles. Si todos la querían, que la presidente la haya adoptado es un triunfo de todos. ¿No?”. También reivindica el Plan Argentina Trabaja, que mediante las cooperativas se aparta de los planes clientelistas que se dictaron en el inicio del siglo, “inclusive en algún momento de nuestro gobierno”. Es difícil compatibilizar su enfoque con los de la oposición, política, corporativa y mediática, que denuncia un atropello institucional tras otro. “Son los que trabajan para desestabilizar al gobierno. Lo que ocurre es que no nos estamos rindiendo al sistema. Llegamos para transformarlo”, replica.

Conflictos de intereses

La personificación de esa queja es el vicepresidente Julio Cobos. Kirchner pide que se tome conciencia del lastre que debe remontar Cristina, con el único “vicepresidente desestabilizador” que tuvo la democracia desde 1983, que “goza de los privilegios institucionales de un proyecto político al que traicionó y del que se plantea como alternativa”. También señala el machismo de la sociedad, al que atribuye que haya prosperado “el cuento de que yo tomo las decisiones, con el que intentan desgastarla. No la conocen a Cristina, ni a mí”.

El escollo con que chocó el actual gobierno a poco de andar fueron las patronales agropecuarias. Kirchner cree que “se podría haber comunicado mucho mejor” pero defiende la necesidad de las retenciones al comercio exterior de la soja, “tanto por la extensión de sus plantaciones y el nivel de precios como por la distribución del ingreso”. Omite nombres pero opina que “quienes trabajaban con Cristina en el tema no estuvieron a la altura de las circunstancias”. Se remite a una declaración de su esposa: “sin renunciar a las medidas en las que uno cree, desde la presidencia hay que buscar una síntesis, sin odios ni enojos”. Pero lo que se ve es un conflicto ríspido. “Que no nos asuste, muchas veces habrá conflicto de intereses. Ordenar los intereses de la sociedad significa equilibrar cargas que no lo están y eso genera conflictos”. Pero cree posible una síntesis, que no perjudique a nadie y que respete “los intereses de la mayoría de los argentinos”.

El gran examen

Cuando habla de su esposa trasunta una admiración que no se compadece con la imagen tan difundida, que la reduce a mera emanación de su voluntad. Dice que el manejo de la crisis internacional fue “el gran examen que dio Cristina”. Describe la crisis como más profunda que la de los años ’30, con el derrumbe del sistema financiero, el estallido de la burbuja especulativa simbolizada por instituciones como Lehman Brothers, emblemáticas del Consenso de Washington, y el uso del Estado como resguardo cuando todo temblaba. “Los dirigentes europeos y estadounidenses no podían comprender lo que les estaba pasando ni atinaban a aplicar el antídoto correcto, hasta que apelaron al tipo de medidas defensivas que nos criticaban a nosotros”. El razonamiento se cierra en el punto en que comenzó: “¿Se imagina si hubieran estado a cargo quienes gobernaron la Argentina en la década del ’90 o en la crisis de 2001? Hubiéramos tenido política de ajuste, descuento de salarios, descuento de ingresos a las provincias, pactos fiscales a cuenta de la coparticipación”. Y, aunque no lo diga, represión, para imponer ese programa. Agrega que “quienes hoy tanto hablan de coparticipación son los mismos que firmaron todos los pactos fiscales y llamaban a los gobernadores para que las provincias resignaran fondos”.

Reservas y deuda

La alabanza se refiere a las políticas activas para el sector automotor, el campo, la construcción, la inversión pública. Cuenta que en marzo hay 150 escuelas a inaugurar y miles de obras básicas y fundamentales para activar y para generar empleo, que comenzaron en 2008 y 2009. “Por eso la Argentina creció el 0,5 o 0,6 por ciento pero no decayó”.

–¿En 2009?

–Sí. Decían que se iban a vender 200 mil automóviles, se vendieron 550 mil. La recaudación aumentó en los dos últimos meses del año, y en este enero que comienza, está creciendo a dos dígitos. Se exportó carne por 1935 millones de dólares, cuando decían que iba a ser necesario importar. También ingresaron 670 millones de dólares por exportaciones de lácteos. A pesar de la tremenda crisis internacional, de la sequía, del conflicto, de no haberse liquidado algunas cosechas, los resultados económicos permitieron llegar a 48.240 millones de dólares de reservas.

–Varias fuentes de la oposición dicen que se reinicia el endeudamiento.

–Eso no es serio. Estamos pagando la deuda que contrajeron los gobiernos que se sucedieron desde 1976 hasta 2003. Cuando asumimos, la deuda equivalía a más de una vez y medio el Producto Bruto, ahora apenas pasa del 40 por ciento.

¿Qué es una derrota?

Reformulo su planteo de esta manera: desde 1983 hasta 2003 rigió un pacto de gobernabilidad. Los intereses hegemónicos que emergieron de la dictadura autorizaron la subsistencia de gobiernos electos, siempre que no afectaran sus negocios y que ajustaran sobre las espaldas de los trabajadores. Kirchner rompió este acuerdo en 2003. Pero entonces, ¿cómo se explica que su candidatura haya sido derrotada por nadie el 28 de junio?

–Hubo varios factores. El conflicto por la 125 produjo una confusión en la sociedad, que poco a poco se fue aclarando. Después empezamos a remontar desde muy atrás. Había sectores que de verdad querían que el gobierno se cayera...

–¿Querían?

–Y siguen queriendo. Dirigentes con nombre y apellido lo han dicho en público.

Cree que parte de la confusión fue que se atribuyera a factores internos la pérdida de poder adquisitivo de sectores medios y mediosbajos, que no lo relacionaron con la crisis internacional. También computa la zozobra que provocó la pandemia de gripe A. Pero considera central debatir si su construcción política fue correcta, porque percibe alguna desconexión entre el mensaje a la sociedad “y aquellos que tenían que instrumentarlo, que a veces pensaban más en sus intereses individuales que en los del proyecto nacional. Sin proyecto nacional es imposible que haya un proyecto provincial y menos proyectos municipales. Lo estamos discutiendo, nos autocriticamos”. También incluye en el análisis lo que llama “el cerco mediático para desgastarnos y limarnos”, y los recursos ilimitados de la campaña de quienes resultaron ganadores cuyo gasto “fue astronómico” y del que no debieron rendir cuentas. Aunque dice que “fuimos la primera minoría del país, por más de 6, 7 puntos”, no intenta minimizar el fuerte simbolismo de la derrota en la provincia de Buenos Aires. “Nos ganó la derecha”, señala.

La incidencia del Indec

Le doy mi opinión sobre la incidencia de la situación del Indec. El maquillaje de las cifras devaluó toda palabra pública y el enmascaramiento de la inflación dificultó ver ese sufrimiento de los sectores medios-bajos y bajos y demoró una medida como la Asignación Universal, que debería haberse tomado mucho antes.

Kirchner interrumpe, con esa actitud de peleador que tanto irrita como admira:

–Pero se tomó...

Trato de terminar el razonamiento:

–...y en cambio se prefirieron los acuerdos con sectores oligopólicos, que bajaban dos o tres artículos por unos días, mientras subían todos los demás, y dos o tres semanas después subían también los precios acordados.

No coincide. Por un lado, defiende el cambio de un sistema armado para un esquema neoliberal donde crecían los servicios y desaparecía el resto. También señala que había funcionarios del INDEC cercanos a las consultoras, aunque no quiere generalizar porque la mayoría le parecen decentes. Pero además observa que en el momento de las elecciones la caída de la actividad había hecho que los precios se mantuvieran o cayeran. ¿Y el efecto de la negada inflación anterior sobre la credibilidad oficial?

–Se puede discutir. Pero lo importante es lo que se está haciendo ahora. El gobierno no se ha encerrado como si se sintiera dueño de la verdad absoluta. Se está haciendo un trabajo conjunto con las universidades nacionales, que permitirá crear un sistema que quede fuera de toda duda. La presidente ha elegido ese camino para buscar la solución definitiva.

Aún así, no niega la posible influencia del INDEC en el resultado electoral. “Sería absurdo de mi parte. Nunca hay una sola causa que determine un resultado”. Pero insiste en ponderar los otros elementos que mencionó.

Llamados de atención

Pienso en la depresión y el repliegue de Alfonsín después de la derrota de 1987, en las maniobras de Menem después de la de 1997 para que lo sucediera la inofensiva oposición y no sus feroces compañeros, en la terca negación con que De la Rúa fingía que la derrota de 2001 no lo afectaba porque no había sido candidato. La reacción de Kirchner no se parece a ninguna de ellas. Acepta el resultado en forma autocrítica, pero no lo siente como un drama (la oposición dice que actúa como si no hubiera ocurrido). Se ríe cuando recuerda sus malos resultados en varias elecciones en su provincia, donde después se impuso.

–La política es así. A veces hay derrotas que son llamados de atención, y además de analizar por qué se pierde hay que ver con quién se pierde. Lo más grave es que no perdimos con una fuerza progresista sino con el pasado, con los años ’90. No hay más que ver lo que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno dice que nosotros estamos terminados, y él todavía no empezó. A nosotros nadie nos puede quitar el valor de que hemos sabido gestionar, administrar. Este señor no ha podido mantener una sola decisión, y ha tomado las más agraviantes. Lo grave es que nosotros perdimos con eso y nuestro análisis es que ocurrió por no haber profundizado y corregido las cosas que teníamos que corregir. Por eso se tomaron todas las medidas que se tomaron después del 28 de junio.

Le menciono tres proyectos de reforma que él no aprobó: la fiscal en la que trabajó Felisa Miceli, la de la Ley de Entidades Financieras de Carlos Heller y la de la Carta Orgánica del Banco Central que presentó Mercedes Marcó Del Pont.

–Hubieran sido profundizaciones del modelo y, por ejemplo, hubieran evitado el problema con Redrado.

–Nos quedamos sin Felisa.

–Desde el gobierno se paró esa reforma mucho antes, porque Clarín había publicado una tapa sobre el tema.

Pero seguimos trabajando, dice, sin explicar cómo ni cuándo.

–El tema de la Carta Orgánica del Banco es una asignatura pendiente. La conversamos pero nos quedamos ahí por no alterar el funcionamiento del sistema financiero. Mercedes presentó un buen proyecto, hay que discutirlo, pero el mundo no termina hoy ni mañana, y la presidenta tiene muchas cosas más claras de lo que las tenía yo. Con Heller estamos conversando sobre este tema, nunca fue rechazado.

Por Horacio Verbitsky - Página/12

La jueza Sarmiento



El viernes, la jueza María José Sarmiento bloqueó la creación del Fondo del Bicentenario dispuesto por un decreto presidencial. También suspendió el decreto de remoción de Martín Redrado del Banco Central.

Entonces, el Gobierno apeló ayer ante la Justicia las 2 medidas cautelares que había dictado la jueza Sarmiento y rápidamente, el Ejecutivo presentó las apelaciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, explicó que la presentación se realizó directamente ante el tribunal de alzada, que se encuentra de feria y había habilitado día y hora “atento a las razones de extrema gravedad”. Fernández también cargó contra la magistrada por no querer recibir la apelación del Ejecutivo ni el viernes ni ayer en su domicilio particular. “La jueza nos había informado que el plazo para presentar las apelaciones respectivas a los fallos emitidos por ella vencía mañana (por hoy). Como se negó a recibirnos en su casa, debíamos esperar hasta el lunes y, para ese entonces, los plazos de apelación habrían vencido”, cargó el jefe de Gabinete. En el último intento por entregarle los escritos, la policía había encontrado a la jueza paseando a su perro junto a su marido.


¿Quién es la Jueza María José Sarmiento?

El padre de la jueza es el teniente coronel Luis Sarmiento, quien durante la dictadura militar revistó en la Secretaría de Inteligencia del Estado. En 1982, fue delegado de la SIDE en la Sudáfrica del apartheid. Su representante legal en la SIDE era su colega Eduardo San Emeterio, otro oficial del Ejército, que a principios de la década de los ’60 cursó la Escuela de las Américas y la Escuela Superior de Guerra de Francia, cuna de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria. Su hijo homónimo es un ex liceísta que defiende a la mayoría de los acusados por la masacre de Margarita Belén, a Luciano Benjamín Menéndez y a Cecilia Pando.


El Gobierno hizo una presentación con dos apelaciones: una contra el bloqueo del Fondo del Bicentenario y otra contra la suspensión del desplazamiento de Redrado. El contenido de los escritos fue elaborado por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini; el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; el ministro de Justicia, Julio Alak, y el propio jefe de Gabinete, Anibal Fernández.

El procedimiento habitual en estos casos es que la apelación a una medida cautelar se presente en el mismo juzgado que emitió la resolución. Sin embargo, como la jueza hizo lugar a un amparo de Redrado a tres horas de haber recibido el escrito y al mismo tiempo no quiso recibir la apelación y la pospuso hasta mañana a primera hora, en el Ejecutivo decidieron presentar las apelaciones directamente ante la mesa de entradas de la Cámara. Aparte, en el Gobierno temían que la jueza hiciera una interpretación inesperada de la legislación, que sostiene que existen 48 horas de plazo para presentar las apelaciones. Generalmente se trata de 48 horas hábiles, pero como Sarmiento ya había dictado una medida fuera del horario judicial, podría haber considerado que el sábado y el domingo estaban habilitados y que corrían los plazos.

Según algunos constitucionalistas, la jueza podría haber incurrido en la figura de “retardo de justicia” o “negativa de justicia” al no facilitar la recepción de las apelaciones del Ejecutivo el mismo viernes. Uno de los argumentos que plantean es que la magistrada, al dictar una medida cautelar el viernes a la tarde y fuera del horario judicial, había habilitado día y hora para analizar en su juzgado la remoción de Redrado del Banco Central. Eso la obligaba, también, a habilitar día y hora para recibir una apelación ese mismo día si la otra parte así lo deseaba. “Tendría que haber dejado una guardia en su juzgado”, dijo a Página/12 el constitucionalista Eduardo Barcesat.

Zannini, Guglielmino, Alak y Fernández estuvieron sin dormir desde la noche del viernes hasta la tarde del sábado. Durante todo ese tiempo permanecieron en la Casa Rosada. Allí recibían los llamados de la Presidenta desde la quinta de Olivos. Alak y Fernández comenzaron su cumpleaños a puro vértigo. Ambos nacieron un 9 de enero. Anoche, los funcionarios evaluaban cuál podría ser el próximo movimiento de la magistrada.

“Sería un escándalo que la misma jueza que en tres horas le concedió el amparo a Redrado, a nosotros nos llevara hasta el jueves usando chicanas”, comentó uno de los funcionarios que trabajó en la redacción de las apelaciones. En el Gobierno saben que la jueza dispone de 48 horas para expedirse sobre las apelaciones y que tiene dos alternativas: pasar el caso a la Cámara manteniendo los efectos de su medida cautelar, o elevar el litigio al tribunal de alzada pero suspendiendo la aplicación de sus dos resoluciones. El funcionamiento del Central dependerá de lo que decida la magistrada: si siguen vigentes las cautelares, Redrado podrá mostrarse ante las cámaras como el titular de la autoridad monetaria hasta que la Cámara eventualmente decida lo contrario.

“La situación va a seguir siendo confusa, pero confiamos en que la Cámara va a acoger favorablemente”, comentó anoche uno de los ministros que están trabajando en el tema. La Cámara en cuestión todavía está vacante: como está de feria y éste es el primer caso que obliga a su intervención, el lunes se deberá realizar un sorteo para que el tribunal se complete con tres camaristas de distintas salas.





martes, 5 de enero de 2010

BOLETIN OFICIAL : Arranca la Ley de Medios





Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual

RADIODIFUSION (Resolución 1/2009)

Relevamiento de los Servicios de Radiodifusión Sonora Operativos.
Bs. As., 29/12/2009

VISTO el Expediente Nº 1652-COMFER/02, y CONSIDERANDO:

Que el artículo 7º de la Ley Nº 26.522, promulgada con fecha 10 de octubre de 2009, expresamente reconoce al ESTADO NACIONAL —a través del PODER EJECUTIVO NACIONAL— la administración, asignación, control y cuanto concierna a la gestión de los segmentos del espectro radioeléctrico, destinados al servicio de radiodifusión, ajustándose dicho mandato a las normas y recomendaciones de la UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES y otros organismos pertinentes.

Que la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, la cual comprende la preservación y desarrollo de las actividades previstas en la Ley Nº 26.522, como parte de las obligaciones del Estado Nacional, establecidas en el artículo 75, inciso 19 de la CONSTITUCION NACIONAL, de acuerdo a lo que prevé el artículo 2º de la ley antes mencionada.

Que el artículo 156 de la Ley Nº 26.522, dispone, en su inciso c), que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual deberá elaborar, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, normas técnicas para la instalación y operación de servicios de radiodifusión y la norma nacional del servicio.

Que por su parte, el artículo 162 de la mencionada norma establece que, como paso previo a toda declaración de ilegalidad, se solicitará a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado requiriendo su legalización.

Que resulta conveniente implementar un relevamiento a fin de contar con una nómina actualizada de servicios de radiodifusión sonora operativos, que no cuenten con autorización administrativa.

Que resulta conducente considerar los datos vinculados a las emisoras de los servicios de radiodifusión sonora por modulación de amplitud y de frecuencia como insumos necesarios para la implementación de las medidas ajustadas a los lineamientos definidos por el legislador a partir de la sanción y promulgación de la Ley Nº 26.522.

Que el relevamiento que se propicia deviene necesario a fin de contar con herramientas actualizadas que coadyuven a la oportuna elaboración de la Norma Nacional de Servicio dispuesta por el artículo 156 de la Ley Nº 26.522 y de los planes a que su articulado refiere.

Que cabe aclarar que el presente relevamiento no es constitutivo de derechos, sino que se limita a convocar a los prestadores de los servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia y amplitud modulada, para conocer la forma en la que se distribuyen geográficamente y la modalidad de prestación del servicio.

Que el servicio jurídico permanente de esta AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL ha tomado la intervención que le compete y emitido el pertinente dictamen.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 12 y 14 de la Ley Nº 26.522 y artículo 1º del Decreto Nº 1974/09, de fecha 10 de diciembre de 2009.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL RESUELVE:

Artículo 1º — Iníciase el proceso de RELEVAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION SONORA OPERATIVOS.

Art. 2º — Deberán presentarse al citado relevamiento las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que a la fecha del dictado de la presente resolución se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización, a cuyo efecto deberán completar el formulario que como Anexo I integra el presente y presentarlo en la sede de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, sita en la calle Suipacha Nº 765 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES y sus Delegaciones en el interior del país, dentro del plazo comprendido entre los días QUINCE (15) de enero y QUINCE (15) de marzo de 2010.

Art. 3º — Determínase que las personas contempladas en el artículo 2º, que no se presenten al ORDENAMIENTO previsto por el presente acto administrativo dentro del plazo expresamente estipulado, resultarán pasibles del procedimiento previsto por el artículo 162 de la Ley Nº 26.522.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. —
Juan G. Mariotto.



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