martes, 29 de septiembre de 2009

AMÉRICA DEL SUR-ÁFRICA



PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN, CRISTINA FERNÁNDEZ, EN LA SEGUNDA CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE AMÉRICA DEL SUR-ÁFRICA, REALIZADA EN LA ISLA MARGARITA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


Presidente Chávez; líder Muamar Kadafi; señores presidentes; señoras presidentas; jefes y jefas de delegación: recién cuando el presidente Chávez, como es su costumbre, desplegaba mapas y se veían ahí los perfiles de América del Sur y del África, me vinieron a la memoria teorías científicas que se han esbozado acerca de que en algún momento de la historia de nuestro planeta Tierra, África y América del Sur estuvieron unidas, encajan casi, si uno las acerca, como las formas de una mujer con un hombre, como si fueran un continente que alguna vez estuvo unido.

La verdad es que no sé si esas teorías científicas tendrán razón, pero sí sé que, si tal vez no estuvimos unidos por la geografía, estuvimos y estamos unidos por nuestra matriz histórica.

La matriz histórica de la América del Sur y del África son las mismas: fuimos paridos por el yugo colonial, ambos somos hijos de grandes guerras por las liberaciones nacionales.

¿Cuál es, tal vez, la diferencia entre la América del Sur y el África? El tiempo, el siglo en que esas guerras se libraron. Bolívar, al que tanto te gusta nombrar; San Martín, el de mi país; O'Higgings, Sucre, Artigas, dieron esas grandes guerras de liberación contra los colonialismos de aquel momento durante la primera mitad del siglo XIX.

Ustedes, el África, dieron las grandes guerras de liberación nacional durante el siglo XX. Samora Machel, Agustín Oneto, Nelson Mandela, Patrice Lumumba, veo de aquí a mi querido amigo el presidente Buteflica, fundador del Frente de Liberación Nacional de Argelia.

Tal vez la última independencia fue la de Namibia, en el año 1991, Hugo. Vos ya estabas luchando acá en lo que era la construcción de una Venezuela diferente y recién Namibia se estaba independizando. Esto marca etapas y tiempos históricos diferentes

Pero esta mirada retrospectiva sobre las guerras de liberación nacional no es para buscar enemigos, no es para buscar adversarios, al contrario, es para entender el por qué de los atrasos históricos, de las luchas por la pobreza que hemos tenido que dar en diferentes momentos históricos nuestras naciones.

Esto, lejos de amilanarnos, nos debe llevar a comprender la necesidad de articular una vinculación diferente a la que tuvieron las naciones durante el siglo XX en materia de relaciones internacionales y que tuvieron que ver con un concepto de subordinación, no solamente política o cultural, sino también y fundamentalmente en términos económicos.

Términos económicos que se dieron para nosotros durante el siglo XX en los términos de intercambio comercial, donde nuestro rol como naciones ya independientes pero en vías de desarrollo, estaban limitadas únicamente a ser proveedoras de materias primas mientras desde los grandes países desarrollados, coloniales en sus orígenes, nos venían los recursos que muchas veces eran sacados de nuestros propios países con valor agregado generando riqueza en otros continentes.

Esto nos debe llevar a todos, africanos y hombres y mujeres de la América del Sur, a concebir que hay un nuevo orden mundial porque se han modificado aquellos viejos términos de intercambio que caracterizaron al siglo XX. La aparición de nuevos actores a nivel internacional, la revalorización de los recursos energéticos y en materia alimentaria nos hacen pensar en un siglo XXI diferente y en una articulación entre la América del Sur y el África absolutamente diferente basada en la cooperación y la asociación estratégica.

Estoy absolutamente convencida, porque lo he visto en la gira que este año he hecho por los países del África del Norte, que nuestro grado de complementariedad, de vinculación y de articulación debe sobreponerse a esas viejas fórmulas de subordinación donde solamente se nos veía como vendedores de materias primas o compradores de mayor valor agregado.
Al contrario, creo que ese nuevo concepto de articulación, de cooperación y de solidaridad exige convenios de asociación estratégica con transferencia tecnológica, como lo estamos haciendo aquí, en la América del Sur, por primera vez en mucho tiempo entre Argentina, Venezuela, en nuestro MERCOSUR, con Brasil, con Paraguay, con Uruguay.

Creo, sinceramente, que la hoja de ruta, creo sinceramente que lo que debemos constituir hoy en esta Segunda Cumbre entre la América del Sur y el África, deber ser, precisamente, un espacio, llámese Secretaría, Mesa Estratégica de Presidentes, los nombres son lo de menos, lo importante es construir instrumentos eficaces que puedan unir nuestras economías, muchas de ellas absolutamente complementarias para que el paso que América del Sur pudo hacer durante la segunda mitad del siglo XX, pueda ser comenzado a ser recorrido con nuestra ayuda, con nuestra cooperación, con nuestra solidaridad, con nuestros intereses en conjunto por el África.

Creo que sería pasar de la mera retórica unionista a la efectividad de poder lograr convertirnos en la relación Sur en protagonistas del siglo XXI.

Hoy el comandante y presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, hablaba de una palabra que yo suelo pronunciar con mucha frecuencia, "ecuación". Y es cierto, a mí me gusta mucho la palabra "ecuación". ¿Y saben por qué me gusta mucho la palabra "ecuación"? Porque toda ecuación presupone la participación de muchos miembros y un resultado. Toda ecuación tiene un resultado.

La participación de muchos miembros puede ser positiva si sumamos sinergias, si dejamos atrás diferencias; la ecuación y los números de miembros pueden ser negativos si solamente hacemos eco en diferencia y, entonces, en lugar de sumar, restamos.

Por lo tanto, siempre, absolutamente siempre, el resultado de una ecuación depende de la actitud y de la voluntad de los miembros que la conforman en términos de ser positivos, en términos de sumar esfuerzos, en términos de entender que ya no puede haber un viejo concepto de cómo vamos a sacar ventaja del otro. Ese es un concepto y un modelo colonial, de un siglo que hemos dejado atrás y que es necesario, entonces, entre ambos continentes, inaugurar una nueva etapa.
Algunos que me precedieron en el uso de la palabra, el presidente del Brasil, Lula, y el presidente Zuma, de Sudáfrica, comentaban la participación de nuestros tres países en el G-20. Muchos eran escépticos de lo que podía pasar, pero lo cierto es que yo comentaba ayer que cuando nos fuimos de Londres -y Lula no me deja mentir- nos fuimos peleando para que eliminaran las palabras "flexibilización laboral" del documento final.

Ayer, unos meses más tarde, el documento se inaugura con la necesidad de articular en el trabajo decente y bien remunerado uno de los pilares básicos de la reconstrucción de la economía nacional. No significa que todo haya sido maravilloso; no, siempre hay diferencias, intereses contrapuestos, pero lo importante es advertir que el mundo ha cambiado de tal manera que ya nadie puede ser protagonista excluyente de los otros, estamos ante un nuevo mundo y en este nuevo mundo todos nosotros somos el mundo y parte de ese mundo.

La globalización que, tal vez, en algún momento fue vista como una amenaza por muchos de nosotros y también por preconceptos, hoy nos coloca visibles los unos con los otros, intercomunicados, interdependientes y esa interdependencia de países desarrollados con países en vías de desarrollo para obtener alimentos, energía nos va a convertir en un mundo más equilibrado. Porque el gran problema siempre en el mundo, en un continente, en un país o, tal vez, en una familia, es el desequilibrio y cuando uno o algunos pocos quieren primar sobre los intereses del conjunto y mandar al conjunto.

Creo que depende, entonces, de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestros valores -y cuando hablo de valores hablo no solamente en términos económicos, por supuesto, sino en términos de inteligencia, en términos de política, en términos de construcción- la posibilidad de ser protagonistas en el siglo XXI, la América del Sur y el África, de este nuevo mundo que se ha construido a pesar de los poderosos o, tal vez, los poderosos no se dieron cuenta que con sus políticas de dominación, con sus políticas de exclusión, casi como una acción y reacción, estaban contribuyendo en su propio egoísmo y en su propia insolidaridad, a formar un mundo diferente.

Si no, miremos, para terminar como empecé, por qué empezaron las guerras por la liberación en la América del Sur hace dos siglos: porque nos ahogaban económicamente, porque se llevaban nuestros recursos. Y pensemos por qué empezaron las guerras por la liberación también en el África, por las mismas razones. Porque, en definitiva, los colonialismos, los imperialismos terminan engendrando ellos mismos, en su propia dinámica ilógica la reacción de liberación y construcción de mundos diferentes y de escenarios diferentes. (Cristina incorpora en su discurso el concepto de la dialéctica)

Aprovechemos, hermanos y hermanas, este momento, este punto de inflexión en la historia del mundo en la cual tenemos una oportunidad histórica de unir esfuerzos y recursos materiales e intelectuales para ser protagonistas de ese mundo que, desde nuestras ideas, desde nuestras identidades diferentes, lo que refleja la multipolaridad de un mundo nuevo, hemos construido. Algunos son parte viviente de la historia, son todavía hombres de la modernidad; nosotros, ni Lula, ni Chávez, ni yo, ni Michelle, ni Tabaré podemos decir que participamos en las guerras por la liberación nacional, simplemente honramos a nuestros próceres. Ustedes tienen la suerte de contar entre ustedes con muchos de los hombres y mujeres que contribuyeron a forjar su gesta liberadora.

Aprovechemos esta formidable sinergia y este momento mundial para darnos una nueva oportunidad ambos, América del Sur y el África, de protagonizar un mundo diferente.

Muchas gracias.





domingo, 27 de septiembre de 2009

Cómo funciona Papel Prensa






























Todos para uno, pero jamás uno para todos. Durante casi una década, a fines de los ’60 y principios de los ’70, la totalidad de los periódicos argentinos aportaban un gravamen equivalente al 10% del papel que importaban con el objetivo de reunir los fondos necesarios para montar Papel Prensa, la primera fábrica de bobinas para diario del país.

Hoy, a cuatro décadas de que se inaugurara la papelera, el Grupo Clarín se convirtió en el principal accionista de la firma que no sólo tiene una posición dominante en el mercado, sino que distribuye su producción de papel de manera discrecional, a quien quiere y al precio que quiere.

En la actualidad, Papel Prensa –según fuentes de la propia empresa–, está compuesta por el Grupo Clarín (49%), el matutino La Nación (22,5%) y el Estado nacional (27,5%). El uno por ciento restante, agregan, corresponde a pequeños inversores iniciales. Con su producción de 170.000 toneladas anuales, la empresa provee de papel a 130 diarios, el 95% de los que se publican en el país. Pero resulta imprescindible una aclaración: no vende la cantidad de bobinas que los periódicos demandan, sino la que la papelera define en sus reuniones de directorio.

Excepto los diarios Clarín y La Nación, que reciben las toneladas de papel que precisan para cubrir sus ediciones, el resto de las publicaciones está sujeto a los cupos de venta que fija el directorio de la empresa cada seis meses. “Todas las veces que llamo y digo que quiero aumentar el volumen de compras, me dicen que el plan productivo del semestre ya está comprometido. Y cuando llamo al siguiente semestre, recibo la misma respuesta”, refunfuña el directivo de un diario porteño. “Nunca consigo incrementar la cantidad de papel –agrega– y si quiero imprimir una mayor tirada tengo que importar papel. Ahora, si un día llego a decir que necesito menos, después nunca más puedo volver a los niveles actuales de compra.”

La ley de la poca oferta. Argentina posee sólo dos empresas que fabrican papel para imprimir diarios, una es Papel Prensa y la otra Papelera Tucumán –vinculada al ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri–, de inferior capacidad productiva, menor calidad y precios más caros. La tercera opción para obtener las bobinas es acudir a las distribuidoras que importan papel, principalmente de Chile, Canadá y Estados Unidos. Aunque también puede conseguirse –en menor medida y calidad– el que llega desde Brasil o, incluso, algunos países de África o de la Europa escandinava.

De esta manera, a través de la política de cupos, Papel Prensa cuenta con una herramienta que le permite regular la competencia en el mercado de las publicaciones periódicas. Puede, si lo quiere, frenar el crecimiento de la tirada de un periódico u obligarlo a importar y pagar precios mucho más caros, dificultando muchas veces la viabilidad económica de las empresas.

Uno de los primeros en denunciar este mecanismo fue el fundador de Ámbito Financiero, un periodista-empresario defensor a ultranza del libre mercado, que nadie podría tildar de izquierdista. Para describir cómo funcionaba el sistema autoeditó un libro llamado Los Cerrojos de la prensa, en el que escribió: “Se regaló Papel Prensa sólo a tres diarios. Luego se elevó el arancel de importación de papel a 44-48% para que no hubiera otra escapatoria que comprarle a esa fábrica a precio exorbitante. Cuando bajó el arancel, con los radicales, y el precio bajó, Papel Prensa no le vendía a nadie. A precio bajo sólo se benefician los dueños”.

La necesidad de las empresas periodísticas de obtener papel a precios bajos permitió, también, que la historia de Papel Prensa que vincula en su nacimiento a la dictadura militar con los diarios de mayor circulación en la Argentina quedara silenciada. Hoy, incluso, muchos medios gráficos prefieren callar sobre las condiciones comerciales que impone la papelera antes de correr el riesgo de que sus cuotas de papel disminuyan. Esta cultura del miedo al gigante explica la suavidad con que es tratado Clarín en el mercado de la libertad de imprenta. De cara a la discusión sobre la comunicación concentrada en el mercado del cable, la situación se replica con los pequeños cableros, absolutamente dependientes de los contenidos y redes desde una posición dominante.

Maravillas de la papelera propia. En estos días, el kilo producido en Papel Prensa cotiza a 2,95 pesos, IVA incluido. Mientras que la misma cantidad producida por Papelera Tucumán ronda los 3,26 pesos. Un diario chico, que cada día tira 8.500 ejemplares de 48 páginas, consume unos mil kilos de papel por edición. Si trabajara con Papelera Tucumán a fin de año tendría un costo de 112.220 pesos más que si lo hiciera con Papel Prensa.

Si se cambia el punto de vista y se analiza cuánto es el ahorro de Clarín, el diario de mayor circulación, por ser el fabricante casi exclusivo del papel más barato del país, la cifra se multiplica de manera exponencial. El diario vendió en el primer semestre de este año, según el IVC, un promedio de 354.000 ejemplares por día (en el mundillo de la distribución de diarios se habla de una caída en el último año y medio que haría descender la cifra a 280 mil). Si imprimiera ejemplares similares a los de un diario chico, de sólo 48 páginas, y comprara los insumos en Papelera Tucumán, tendría –de piso– un costo extra anual de casi cinco millones de pesos. Si se contempla que Clarín, a veces, puede duplicar esa cantidad de páginas en el cuerpo central del diario y con los suplementos adicionales que ofrece las llega a triplicar, el ahorro podría multiplicarse por dos o por tres.

Si, para mantener la calidad del producto, una publicación decide adquirir papel importado, los costos que debe afrontar son aún mayores. El papel comprado en Chile cuesta 3,40 pesos el kilo, IVA incluido. A esa cifra es necesario añadirle el 3% de impuesto a las ganancias y si la empresa no está inscripta en el Registro de Importación del Sector Editorial, tendrá que abonar un 10% extra en concepto de IVA a la importación. Además, es necesario tener en cuenta que los costos se incrementan con los honorarios del despachante de aduana, el alquiler del depósito aduanero hasta que se retira la mercadería, el precio del servicio de custodia mientras se traslada el material y sellados varios.

Esta situación en el mercado del papel prensa no es nueva. Ya el 8 de octubre de 1986, en su tapa, Crónica publicaba una editorial inédita, que desnudaba la situación del mercado del papel: Crónica se editará dentro de pocas semanas con el papel más caro del mundo, pues a su precio de fábrica tenemos que sumarle un 28% de impuestos que se tributa para mantener la supuesta producción nacional. Cabe consignar, que de las 2.000 toneladas que esta editorial consume mensualmente, la mitad era provista por Papel Prensa, pero con el correr del tiempo la misma se fue achicando hasta llegar a las 300 o 350 actuales. El Gobierno considera a dos de sus socios (Clarín y La Nación) como diarios líderes por el caudal publicitario que reciben y los convierte en los árbitros de los precios de venta, o sea que todos los demás deberán acompañarlos, aunque sus costos operativos sean muchos más elevados (...)”.

Hacia el final del artículo, Héctor Ricardo García, otro de los pocos editores que se animó a protestar contra las reglas de juego, escribió: “Bien es sabido, por ejemplo, que en el país hay dos tipos de precios para el papel con que se imprimen los diarios: para unos está el que produce Papel Prensa, que cotiza la tonelada de 380 australes, y para los otros el de Papel del Tucumán, que cuesta 570 australes la tonelada, un 60 % más. Con el producto más barato se confeccionan los diarios socios del Ejecutivo, como Clarín, La Nación y La Razón, y con el más caro la casi totalidad de los restantes editados en todo el país”.

Habrá que recordar que hace años el viejo y popular diario Crónica entró en una pendiente más que complicada.

Remarcando precios. Más acá en el tiempo, el año pasado, el diario Hoy de La Plata dedicó una extensa editorial a protestar por los aumentos de precio que fijaba Papel Prensa, desde su óptica desproporcionados. “En diciembre de 2006, la tonelada valía 1.567 pesos, mientras que actualmente el precio es de 2.151. Es decir, en poco más de un año, el precio se incrementó un 37,2%, cuatro veces más que el índice de inflación anual reconocido por el Indec. Esta compañía monopólica, que es controlada por el Grupo Clarín y el diario La Nación (en sociedad con el Estado), busca ahogar a aquellos diarios que no forman parte de la corporación mediante continuos aumentos en el precio del papel”, aseguraba el artículo.

El nuevo proyecto de Ley de Medios Audiovisuales que ahora se discute en el Senado, busca poner límite a situaciones de mercado de este tipo en el mundo de la televisión, el cable y la radiofonía. Pero no refiere al mercado de la prensa gráfica que, más allá de los que pase en la Cámara alta, seguirá teniendo actores que podrán decir: “Yo lo fabrico, yo lo vendo y yo lo escribo”.

MIRADAS AL SUR



sábado, 26 de septiembre de 2009

El libro maldito del país burgués





Arturo Enrique Sampay, el jurista más incómodo de la historia nacional, a 60 años de la consagración de la Constitución Nacional de 1949.

El Estado rector, la lógica del “bien común” en la economía y el “artículo 40”: nacionalizaciones, estatizaciones sin indemnización y soberanía sobre los recursos energéticos del país. Vigencia y aporte, en un mundo que abjura del neoliberalismo sin saber muy bien hacia dónde va.






I - Se cumple el 11 de marzo el 60 aniversario de la reforma constitucional de 1949, la que fuera conocida, como elogio por unos y en desprecio por otros, como la “Constitución peronista”. Había pasado casi un siglo desde la sanción de la Constitución de 1853 y la Argentina y el mundo eran otros. Ya no éramos un país subpoblado y agrario, conducido por una elite económica e intelectual que monopolizaba la participación política para los miembros de su propia clase mediante el fraude electoral y la proscripción de las clases trabajadoras.

La Argentina era ahora una sociedad relativamente industrializada, con una clase trabajadora con una clara conciencia de sus derechos, alta participación electoral gracias a la universalización del voto masculino, y una clase media pujante. También el mundo había cambiado. El capitalismo mercantil de mediados del siglo diecinueve era ahora capitalismo monopolista y el Estado de “laissez faire” había dejado paso al Estado interventor y regulador de la economía.

La Constitución de 1853 había enmarcado con eficacia muchas de esas transformaciones, pero buena parte del ámbito académico y político opinaba que era necesaria una reforma integral, que expresara más dinámicamente la nueva configuración de la sociedad argentina. Los grandes enunciados de 1853, pensados para impulsar el progreso económico, político y cultural de la joven nación en un contexto internacional de capitalismo competitivo, con el cambio de los escenarios y, sobre todo, con la debilidad política de las clases populares, actuaron para facilitar la subordinación neocolonial y la preservación del poder oligárquico.

La amplia protección de la propiedad privada, que en tiempos de Alberdi era fundamentalmente propiedad individual y la de los emprendimientos de pequeña o mediana escala, sirvió para proteger a las corporaciones monopólicas y al latifundio rentista. En pocas décadas el libre comercio exterior quedó en manos de los frigoríficos extranjeros y de las sociedades acopiadoras y exportadoras de granos que imponían condiciones leoninas a los productores.

El control foráneo del Banco Central sacó a la política monetaria del ámbito de decisión soberana del Estado. La tensión entre el sistema socioeconómico así gestado y la vigencia de la soberanía popular expresada a través del voto ciudadano se hizo insostenible dentro de los marcos de la institucionalidad constitucional. Ello así, porque la participación política de las clases populares expresa siempre concepciones más avanzadas de justicia social que las que admiten los grupos de poder. Sus manifestaciones pueden parecer desprolijas, bullangueras y hasta caóticas, pero esas anécdotas derivan de la propia subordinación de la que tratan de emanciparse y dan testimonio, en todo caso, de la vitalidad y la energía emocional de sus aspiraciones de emancipación social.

II - El peronismo fue la expresión política de esa voluntad emancipatoria. La reforma constitucional de 1949 fue su instrumento jurídico. Arturo Enrique Sampay fue el más destacado de los destacados convencionales constituyentes que le dieron forma y contenido. Su extraordinaria formación jurídica y filosófica, su profundo conocimiento de la cultura clásica y moderna y sus arraigadas convicciones nacionales le permitieron transformar las demandas de justicia de las grandes mayorías nacionales, que el peronismo transformó en programa político, en un texto constitucional acorde con los nuevos tiempos. Su pensamiento está vertido en un número muy importante de libros, folletos y artículos traducidos a varios idiomas. (1)

Se ha insistido mucho en la formación de Sampay en la filosofía tomista, evidente particularmente en su monumental Introducción a la Teoría del Estado, considerada por varios de sus contemporáneos como una de las principales obras sobre ese tema. Ello no le impidió apreciar e incorporar los aportes de otras corrientes del pensamiento universal, sobre todo en sus obras de las décadas de 1960 y 1970, acompañando en este aspecto a similar evolución de la doctrina social de la Iglesia Católica, en especial los documentos del Concilio Vaticano II y las encíclicas de los papas Juan XXIII y Paulo VI. (2)

Sin embargo, donde mejor se aprecia la originalidad de su pensamiento, que hace tan difícil clasificarlo en cualquiera de las corrientes del pensamiento filosófico político es en sus dos últimas obras: Constitución y Pueblo (1973) y en su magnífico estudio introductorio a su recopilación de Las Constituciones de la Argentina (1975).

Sampay distingue entre la constitución real de una sociedad, es decir las relaciones de poder entre las clases sociales, y la constitución escrita, que es la expresión jurídica de esa estructura; de ahí que cambios significativos en esta acarrean cambios en la constitución escrita, o en la interpretación que la cultura jurídica producto de esos cambios efectúa de los textos escritos. Pero a diferencia de autores como Lassalle, Jellinek, Weber, Heller o Schmitt, que se limitan a constatar esa correspondencia, para Sampay lo que legitima ética y políticamente a la constitución escrita y al orden socioeconómico en que se basa es su capacidad para hacer efectiva la justicia social, de acuerdo con las posibilidades que brinda el desarrollo de las fuerzas productivas, el progreso científico y técnico, y la conciencia jurídica de los pueblos –es decir, conciencia de sus derechos y voluntad de ejercerlos–. En consecuencia, agrega, un verdadero jurista no debe limitarse a la aplicación de la letra de la constitución sino que debe interpretarla de acuerdo con la realidad histórica, es decir socioeconómica y cultural, si es que pretende que esa interpretación sirva a los grandes fines hacia los que se encamina la ordenación de las acciones colectivas. El verdadero jurista es atento lector de “los signos de su tiempo” y traductor de estos en normas de conducta individual y colectiva.

Es misión indeclinable del poder político, sostiene Sampay, crear las condiciones más favorables a la efectuación de la justicia social. Para que esto sea posible el poder político debe dar cabida, con un rol decisivo, a las clases populares, porque siendo estas quienes sufren en mayor medida la injusticia, mayor “hambre de justicia” tienen y mayor interés poseen en que la organización socioeconómica y política se oriente hacia la justicia social. Concluye por lo tanto que la realización de la justicia social requiere la efectiva conversión de la soberanía política del Estado en soberanía popular, la emancipación de las capacidades estatales de los intereses particulares y los privilegios de las clases económicamente poderosas, y la dotación de herramientas institucionales para la intervención en la vida económica.

III - Estos principios fueron incorporados a la reforma constitucional de 1949, de la que Sampay fue miembro informante. Su Preámbulo, que es donde se enuncian los fines que orientan a la constitución real, reitera el de 1853 pero agrega “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”, así como promover “la cultura nacional”. La nueva Constitución armonizó los derechos y garantías individuales con un conjunto de derechos sociales que dan testimonio del cambio de relaciones de poder que se había registrado en la sociedad argentina. Así, ratificó la protección del derecho de propiedad privada, pero explicitó su función social, vale decir su ejercicio subordinado a las obligaciones que fije la ley “con fines de bien común” (art. 38), y confirmó la organización de toda la actividad económica (con excepción del comercio exterior que estaría a cargo del Estado) “conforme a la libre iniciativa privada siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios” (art. 40).

Ya desde principios del siglo veinte no cabían dudas de que, con el ingreso del capitalismo a su faz monopólica y el surgimiento del imperialismo económico, la cuestión de quién conduce u orienta la vida económica se planteaba en términos diferentes a los de las revoluciones burguesas. La propiedad económica individual o familiar había sido definitivamente marginada por gigantescas corporaciones transnacionales, que gozan además de la protección extraterritorial de los gobiernos de los países más avanzados en donde tienen su domicilio legal. En estas condiciones, o la economía nacional es regulada con miras al bienestar general por un Estado hegemonizado por las clases populares, o es controlada y conducida por esas grandes corporaciones y los países más desarrollados, para su propio beneficio y el de las oligarquías nativas. Es esta una concepción que, por encima de una variedad de ideologías políticas, formaba parte del “estado del arte” de la política económica.

Más aún: de acuerdo con los teóricos del desarrollo económico en los países atrasados, la única forma de superar ese atraso consiste en dotar al Estado de amplias capacidades de gestión y regulación. Se consideraba una verdad autoevidente que el control de los recursos naturales, en particular energéticos, era condición ineluctable de la soberanía nacional y la libre adopción de decisiones económicas, y se tenía conciencia de que acciones de este tipo deberían confrontar la violenta oposición de la oligarquía y sus contrapartes foráneas. Sin ir más lejos, ahí estaba la experiencia nacionalista petrolera del presidente Yrigoyen y su derrocamiento en 1930 por los intereses que había afectado, semejante al derrocamiento de tantos otros gobiernos latinoamericanos que, antes y después, osaron hacer efectiva la soberanía nacional poniendo coto a ilegítimas presiones internas e injerencias externas.

Un breve párrafo en una de las exposiciones de Sampay en la Convención Constituyente resume, con amargura pero también con esperanza, estas experiencias: “¡Algún día los latinos de América mostrarán las causas de su llamada incultura política, de los derrocamientos de presidentes, de los fraudes electorales y de las violencias; será el día en que se puedan conocer los archivos de algunas cancillerías extrañas y de los directorios de las plutocracias de Wall Street!” (sesión del 8 de marzo de 1949).

Es cierto que la oligarquía recurrió al intervencionismo estatal para hacer frente a la crisis de 1929 y la propia crisis actuó como escudo protector para la sustitución de importaciones por la industria local. Pero era evidente que esas medidas eran provisorias, y que tan pronto la crisis se superara las cosas regresarían a la “normalidad” del laissez faire. Por tal motivo la nacionalización del comercio exterior y los recursos naturales, la prestación de los servicios públicos esenciales, la estatización del Banco Central, recibieron jerarquía constitucional.

Esas actividades se consideraron perteneciendo originariamente al Estado, al que le serían transferidos las que estuvieran en poder de particulares, mediante compra o expropiación (art. 40). Y para sortear la espinosa cuestión de la valoración de esas actividades, se fijó un estricto método que prevenía el pago de sobreprecios: “El precio por la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable, que serán considerados también como reintegración del capital invertido” (art. 40).

El capítulo III incorporó los “Derechos del trabajador”, los “Derechos de la familia”, “Derechos de la ancianidad” y los “Derechos de la educación y la cultura” Muchos de estos ya habían sido reconocidos por la legislación impulsada por las luchas obreras; ahora recibían rango constitucional explicitando el protagonismo político de las clases trabajadoras en la nueva estructura de poder.

Desde el punto de vista de la técnica constitucional esta larga enunciación fue considerada por los juristas tradicionales una extravagancia (disimulando la finalidad claramente política que el encumbramiento constitucional perseguía, a saber, evitar que una cambiante mayoría legislativa, o un veto del Poder Ejecutivo, alteraran los alcances o el significado de tales derechos). Empero, cuando hoy observamos las enunciaciones de derechos y garantías del constitucionalismo surgido de las grandes transformaciones políticas en Venezuela, Bolivia o Ecuador, entre otras, es claro que la “extravagancia” de 1949 se convirtió en regularidad constitucional.

IV - El golpe militar de 1955 derogó la Constitución de 1949. La excusa oficial fue la discutida legalidad de la convocatoria para la reforma (según había alegado el bloque opositor) y el artículo que establecía el voto directo para la elección de Presidente y Vicepresidente y habilitaba la reelección de ambos. En la realidad de los hechos se trataba de la incompatibilidad radical entre el sistema socioeconómico normado por la Constitución, y la restauración antiobrera y neocolonial que constituía el programa constitucional del golpe. Para entonces ya Sampay había debido partir al exilio a causa de intrigas internas en el propio gobierno peronista –algunas de ellas posiblemente vinculadas con la aprobación del artículo 40 en contra de la opinión de algún sector del gobierno, según el propio Sampay referiría en conversaciones posteriores–.

Recién en 1958 pudo regresar al país, pero sólo en la década de 1970 se reintegró sistemáticamente a la cátedra universitaria. En el ínterin desarrolló una intensa actividad como conferencista dentro y fuera del país, y en la presidencia del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). En varios trabajos de este período puso énfasis en la necesidad de dotar a la interpretación constitucional de una perspectiva dinámica, históricamente centrada, que se hiciera cargo de las transformaciones socioeconómicas en el país y en el mundo. Representativo de esta etapa –además de su ya citado Constitución y Pueblo) es el artículo “El cambio de las estructuras económicas y la Constitución Argentina” (1973) publicado por el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del que fue nombrado director en 1973. Ese año también fue designado conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

Sampay murió en febrero 1977. La dictadura militar y luego la entronización del neoliberalismo como sistema supraconstitucional completaron el trabajo iniciado en 1955. Hoy, cuando el neoliberalismo se derrumba hasta en los países que nos lo impusieron y se espera del Estado que pague los platos rotos de la fiesta especulativa, y cuando sabemos el precio terrible que hemos debido pagar por ese delirio, estudiar a Sampay contribuirá decisivamente a volver a pensar el país y su futuro en clave nacional, popular, democrática y de justicia social.


Dr. Carlos M. Vilas
Presidente del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)
y Director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno
de la Universidad Nacional de Lanús.
Es abogado y doctor en Ciencias Políticas.
En 2005, la prestigiosa revista francesa Le Nouvel Observateur
lo destacó como uno de los 25 intelectuales más influyentes del mundo
de los últimos 40 años.




1. Ver una enumeración de su obra publicada en Alberto González Arzac, Sampay y la Constitución del futuro (1982). El libro contiene asimismo una bien lograda síntesis biográfica de Sampay.

2. Por ejemplo sus textos “Proyecciones sociales de la Encíclica Populorum Progressio” (1967); “El ConcilioVaticano II y los regímenes económicos socialistas”, en Ideas para la revolución de nuestro tiempo en la Argentina (1968).




FUENTE


La globalización comenzó hace 500 años - Parte 3



















Cinco siglos igual

La globalización en Argentina (sus causas y consecuencias)

Los militares argentinos asaltaron el poder en 1976 derrocando, otra vez, a un gobierno constitucional. Sin embargo las diferencias fundamentales con otros gobiernos de facto estuvieron dadas por las metodologías y las políticas que se adoptaron para lograr el dis ciplinamiento económico y social de la sociedad argentina.

Según Guillermo O`Donnell en las décadas de 1960 y 1970, la imagen que las FF.AA tenían de la sociedad era organicista: imaginaban a la sociedad como un cuerpo en el que cada parte tenía funciones bien delimitadas y jerárquicamente ordenadas. Las fuerzas armadas se consideraban a sí mismas la cabeza, dotada de una racionalidad de la que carecían las otras partes y que debían orientar al conjunto hacia su bien común.

Esta concepción sostenía que cuando el cuerpo se enfermaba, la cabeza podía aplicar una durísima medicina en la parte afectada: esta parte, por su inferior racionalidad y por el hecho mismo de estar enferma, no tenía conciencia del mal que causaba.

La cabeza tenía no sólo el derecho a proceder sino el deber de hacerlo porque su obligación era cuidar la salud de todo el cuerpo.

Según O`Donnell, esta imagen autoritaria, jerárquica, estamental y ultraelitista -tan difundida entre los militares argentinos- estaba en la base de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Los fundamentos ideológicos de la dictadura propusieron un disciplinamiento generalizado de la sociedad argentina y para ello ejerció dos tipos de violencia sistemática: la violencia del Terrorismo de Estado y la violencia del mercado para lograr la reconversión del Estado de Bienestar y conformar un Estado mínimo desregulador que permita la hegemonía económica de los capitales nacionales/transnacionales más concentrados.

El Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza que los ciudadanos consienten en un Estado de Derecho (para que garanticen la vigencia de sus derechos individuales) se vuelve en su contra.

Libre mercado

Las teorías económicas basadas en el concepto de libre mercado fueron reformuladas hacia fines de la década de 1970 por la corriente conocida como neoliberalismo económico dentro del ámbito de la académica Escuela de Chicago, promovida por Milton Friedman en EE.UU y por sus más dilectos alumnos argentinos, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo y Roque Fernández (“los chicago boys”) en nuestro país.

Según estos principios es el mercado y no el Estado el que asigna los recursos a la sociedad: el libre juego de la oferta y la demanda determina qué sectores sociales obtienen los medios concretos para satisfacer sus necesidades básicas o mantener sus niveles de consumo y quiénes no.

Las teorías del libre mercado dejan a la libre asignación no sólo el trabajo, sino también otros bienes como la salud y la educación. En este marco, los individuos que se comporten más eficientemente -ya sean productores, trabajadores o consumidores- serán los que obtengan mayor cantidad y calidad de beneficios.

Los críticos a esta teoría sostienen que en las complejas sociedades contemporáneas la libre competencia nunca existió.

Los opositores a esta doctrina económica explican que en cada sociedad existen ciertas relaciones de poder social y económico que, por lo menos, obstaculizan “la igualdad de oportunidades” que la teoría del libre mercado supone como requisito.

Sostienen que los grupos y los individuos que tienen más recursos (económicos, culturales -como educación- y políticos -como la participación en organizaciones de representación de intereses-, factores de influencias o grupos de presión que conquistan poder en la faz agonal de la política) son los que tienen mayores oportunidades de obtener más y mejores bienes, servicios y beneficios. (Estructura y Superestructura en el Materialismo Histórico de Marx).

Este tipo de políticas deja libradas a una lucha desigual las posibilidades y las condiciones de sobrevivencia de los sectores mayoritarios de la población.

(Equilibrio reflexivo en la Teoría de Justicia de Rawls que explica que las partes aceptarían las desigualdades económicas siempre que beneficien a los menos aventajados y solo esto si es producto de una libertad real de oportunidades).

La aplicación de planes económicos de orientación neoliberal en Gran Bretaña y los EE.UU durante la década de 1980, permiten afirmar que, en esas sociedades, el Estado no dejó de intervenir completamente en la organización de la economía. Dejó de intervenir a favor de unos sectores -los trabajadores y los de menores recursos- pero continuó interviniendo en algunas áreas económicas y sociales consideradas claves por los sectores capitalistas con mayor poder de inversión.

La dictadura

La Junta militar juro fidelidad a un documento titulado Actas y Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional que en la práctica se colocaba por encima de la “Constitución Nacional” (1853/60). Suspendieron las funciones legislativas y las reemplazaron por la “Cámara de Asesoramiento Legislativo” (CAL). Desapareció la división de poderes del sistema republicano. La junta militar concentró, de hecho, las facultades: ejecutiva, legislativa y judicial.

(Monarquía) Dictadura contra Democracia (República). Oligarquía o Democracia.
“No división de poderes” o “división de poderes”. El antagonismo actual, desarrollado desde 1980 -el criterio globalizador- deja de ser Dictadura o Democracia para conformarse el de “Democracia Esencial” o “Democracia Formal”.

A este respecto cabe recordar que la Fundación Plural produjo, en 1984, al arribo de la democracia “alfonsinista” un documental histórico donde en su guión se plantea los acontecimientos políticos que dividieron a los argentinos y llevaron a la perdida de la “República”. La democracia formal (República / división de poderes) se fundamenta en el respeto del ordenamiento jurídico.

El discurso del mercado está fundado en las corrientes más “matematizadas” de la economía neoclásica, la teoría monetarista de la Escuela de Chicago y el liberalismo (una de las tradiciones ideológicas más arraigadas en la cultura occidental).

Los investigadores y economistas que se posicionan detrás de una opción crítica, como Francisco Cholvis explican que: “para la economía liberal el Estado sólo debe tener a su cargo las funciones que le son tradicionales: defensa nacional, seguridad interna, justicia, sanidad y educación (las dos últimas con participación privada). No obstante, aunque las corrientes liberales rechazan la intervención del Estado en economía, no vacilan en apelar a él -en muchas ocasiones con insistencia- en cuanto necesitan de su protección.

Pero lo que no desean es una intervención que pueda trabar su libertad de movimientos; acogen complacidos la intervención cuando los favorece con preferencias, subsidios, exenciones impositivas, crédito barato y otras prebendas. Por ello dicen que la economía liberal moderna no aboga por un estatismo a ultranza ni “niega los derechos sociales” y consiente la intervención del Estado en la economía siempre que estimule la iniciativa individual y no limite el derecho de propiedad ni la libre competencia.

Se oponen a la participación estatal en la programación del desarrollo industrial nacional y sostienen que la industrialización debe ser promovida espontáneamente, según lo aconseje el funcionamiento del mercado y con la guía que proporcionan los precios libremente concertados...”

Los militares

· Anularon garantías constitucionales.
· Suprimieron derechos civiles individuales y libertades públicas.
· Crearon nuevos instrumentos jurídicos.
· Declararon el estado de sitio y pusieron a su disposición una gran cantidad de detenidos.
· Suspendieron la actividad de los partidos políticos y los sindicatos.
· Disolvieron la CGT y la CGE.
· Prohibieron el derecho de huelga con una pena de 10 años de prisión.
· Desarticularon las organizaciones obreras (considerado un punto indispensable para la aplicación de un plan económico inspirado en los principios del libre mercado).
· controlaron e intervinieron los medios de comunicación.
· Vigilaron y persiguieron manifestaciones artísticas.
· Secuestraron, mataron, torturaron y desaparecieron detenidos.
· Robaron bienes de los detenidos.
· Secuestraron y cambiaron la identidad de bebés nacidos en cautiverio.
· Participaron en fraudes públicos utilizando el poder del Estado.

Argentina se convirtió en un país ocupado por sus propias Fuerzas Armadas y sus ciudadanos con todos sus derechos conculcados, transformados en habitantes de una gran cárcel arbitraria, sustentada en la ilegítima legislación de los usurpadores.

Un comunicado oficial del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, que el 4 de noviembre de 1977 salió publicado en los medios, decía que “en las proximidades de Constitución una patrulla de las fuerzas legales sorprendió a un activista que incitaba al cese de las actividades impidiendo la concurrencia al trabajo, siendo abatido por el fuego. Las fuerzas cumplían con la misión impuesta de asegurar la libertad de trabajo.” (1)

José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado ministro de Economía como representante del liberalismo económico ortodoxo y profundamente relacionado con los organismos y centros financieros internacionales.

El Fondo Monetario Internacional aprobó -con sorpresiva rapidez- un crédito de 110 millones de dólares que permitió mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central. Además, el ministro contó con el apoyo de los sectores capitalistas que concentraban el mayor poder económico en la Argentina.

El programa del 2 de abril de 1976 fue denominado “de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. ¿Iría hacia una economía de producción?

“Lograr el saneamiento monetario y financiero indispensable como base para la modernización y expansión del aparato productivo del país, en todos sus sectores, lo que garantizará un crecimiento no inflacionario de la economía.

Acelerar la tasa de crecimiento económico.

Alcanzar una razonable distribución del ingreso, preservando el nivel de los salarios en la medida adecuada a la productividad de la economía”

El programa debía dominar lo que llamó “los tres incendios”: la inflación, la deuda externa y la recesión, o sea, la caída en los niveles de producción. El objetivo básico era implantar una economía de producción frente a la economía de especulación preexistente.

Debería llevarse a cabo en un muy corto plazo (como sugeriría, tiempo después, el ministro de Menem de la década del ‘90, Domingo Cavallo para su plan de convertibilidad) y al cabo de los cinco años que duró la gestión de Martínez de Hoz lo que se obtuvo fue una profunda transformación de las bases mismas de la economía y la estructura de la sociedad.

El control de la inflación sería el elemento fundamental para estar en condiciones de avanzar con las metas prefijadas.

Los tecnócratas

El diagnostico del equipo de técnicos del ministerio de Economía era que la crisis no sólo se debía a la acción de la guerrilla, el desborde del poder sindical o del peronismo (efectos de la idea corporativa de las actividades profesionales que proponía teóricamente el sociólogo francés Emile Durkheim y llevaba a la práctica, por esos tiempos, el Pacto Social de Perón y la burguesía nacional de la CGE), sino también aquellos factores que habían servido de causas para estos fenómenos: economía semicerrada que redundó en una subóptima distribución de recursos, industrialización subsidiada que encubrió beneficios a empresarios ineficientes y politización de la transferencia de los recursos que desembocó en crisis de acumulación y violentas luchas por la distribución.

En este marco, el disciplinamiento de los actores sociales en la Argentina debía abarcar a los sectores populares y, necesariamente, a importantes grupos de capitalistas. Si las medidas debían tender a una apertura y desregulación, la precondición para su implementación exitosa era la neutralización de la influencia de las presiones sectoriales tradicionalmente corporizadas en demandas y lobby de las asociaciones empresarias.

Por ello, si bien los capitalistas gozaron de un lugar privilegiado en su papel de empleadores (dada la prioridad que fijó la dictadura en desarticular/reprimir toda forma de organización popular), su capacidad de influir como productores (esto es, medidas que implicasen transferencias de recursos ligadas a contradicciones entre grupos capitalistas) fue mucho menor que la que caracterizó su relación con otros gobiernos militares. (2)

Para alcanzar el control de la inflación, el programa propuso un fuerte y brusco retroceso en el poder adquisitivo de los salarios (achicar la demanda interna en el consumo) lo que significó una pérdida del 30% del poder adquisitivo de los salarios reales frente a la inflación, complementado por otras disposiciones tendientes a garantizar el disciplinamiento de la clase obrera.

La disolución de la CGT, supresión de las actividades gremiales y el derecho de huelga, las reformas de la ley de contrato de trabajo y la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial (se desregula el Estado pero no se permite la libertad contractual) fueron acompañadas con la eliminación del sistema de precios con el propósito de lograr el “sinceramiento” de la economía.

Según Guillermo W. Klein, secretario de Coordinación Económica, se trataba de “un aporte que necesariamente debemos pedirles, ya que no existen alternativas y es por ese motivo que requerimos que contribuyan con generosidad...”

Otra de las claves fue la reducción del gasto público y del déficit fiscal pues eran considerados el causante principal de la inflación argentina.

La eliminación progresiva del personal de la Administración pública y una recuperación de la recaudación tributaria completa el cuadro de situación.

Se estableció la indexación de los recursos provenientes de los impuestos para actualizarlos, a nivel inflacionario, multiplicándolos por un índice determinado.
El equipo económico anunció un plan de privatizaciones de las empresas del Estado que serían saneadas en su administración para tal efecto.

Se fijan dos tipos de cambio -uno financiero y otro comercial- en el precio del dólar (al igual que lo había hecho Krieger Vasena con Onganía) para nivelar la balanza de pagos y “terminar” con la especulación financiera.

También eliminó los derechos que debían pagar los exportadores.
Suspendió la intervención del Estado en la Junta Nacional de Granos quedando a cargo del sector privado la comercialización para impulsar, así, las ventas al exterior.

La especulación en la Bolsa de Comercio, a partir del lanzamiento del programa de Martínez de Hoz, reinició sus operaciones en un clima de euforia. Las oficinas de los agentes e comisionistas tenían desde la mañana largas colas de inversores dispuestos a colocar su dinero.

Gran cantidad de acciones subieron entre un 200 y un 500 % con respecto a sus cotizaciones anteriores. La city porteña fue invadida por una agitada multitud dispuesta a creer que su dinero podría multiplicarse indefinidamente por medio del sencillo acto/experimento de comprar unos papeles a los que se asignaba un futuro casi mágico.

Una de las razones que indujeron a muchos ahorristas a adquirir acciones a precios altos fue la versión difundida por los especuladores de que cada acción debería llegar a valer un dólar. De hecho, el boom, de la Bolsa fue fomentado por el Banco Central y llevado a cabo por las grandes empresas y condujo a una masiva transferencia de ingresos de los ahorristas hacia esas empresas.

Estas empresas, las más grandes, obtenían grandes volúmenes de capital para aplicar a sus negocios. A ese pico le siguió la operación opuesta: hacer bajar el precio de las mismas acciones que habían sido vendidas a cotizaciones elevadísimas. No fue difícil: bastó con dejar de sostener un mercado artificialmente elevado. (3)

El abandono

de la profundizacion industrial: Las bases previstas para la reactivación de la economía del país significaban una reinserción de Argentina en la nueva división del trabajo de la economía capitalista internacional según las ventajas comparativas que ofrecía su sector primario, agropecuario y minero. Como contrapartida correspondía no profundizar la industrialización como núcleo dinámico de la economía. (4)

Martínez de Hoz consideraba a las inversiones extranjeras como un elemento esencial “para reducir el costo social del proceso de capitalización del país y acelerar su tasa de crecimiento”. Esperaban que los capitales foráneos se radicaran en el sector agropecuario y el sector minero y petrolero, intensificando la producción agroindustrial orientada hacia el mercado internacional, al igual que la producción de petróleo, gas y la gran minería.

Se propuso crear un “mercado de capitales” que resultara atractivo a los inversores extranjeros completando la liberalización financiera, o sea, un mercado libre del dinero en el que las tasas de interés se definan a través de la oferta y la demanda, estableciendo una garantía de los depósitos a cargo del Banco Central y facilitando la instalación de nuevas entidades bancarias y financieras.

¿Para qué invertir? en una economía afectada por la recesión si para algunos sectores resultaba mejor negocio especular que producir bienes y servicios.

¿Qué hicieron las empresas con las grandes sumas recaudadas en la Bolsa?. La conducción económica planteó la necesidad de transferir ingresos hacia las empresas para que éstas aumentaran su inversión productiva: no fue asi.

Las empresas usaron la mayor parte de esos fondos para especular. Obtenían más ganancias de sus operaciones financieras que de la venta de los productos que fabricaban. Además las utilidades especulativas estaban desgravadas, la venta de los bienes y servicios debían pagar impuestos.

Resultaba contradictorio sostener una economía de producción sin arbitrar medios para que esa producción fuera consumida. Era imposible pretender inversiones cuando la casi totalidad de las empresas trabajaban con un elevado porcentaje de capacidad productiva ociosa.

A mitad de 1978, el equipo económico buscó crear las condiciones para que aumentaran las tasas de interés: redujo la cantidad de moneda circulante.

Las empresas públicas comenzaron a pedir créditos al sistema bancario y financiero. El aumento de la demanda de dinero originó el incremento de las tasas de interés que no se hizo esperar.

Por lo tanto apareció un efecto recesivo casi instantáneo: las empresas que habían tomado créditos se encontraban con costos crecientes y reaccionaron liquidando sus stocks de mercaderías, y en muchos casos también, sus bienes de capital e instalaciones, lo cual produjo una caída “libre” de la actividad industrial.

Martínez de Hoz llegó a permitir la entrada y salida de capitales extranjeros en un plazo mínimo de 24 horas profundizó la regulación del circulante mediante la Cuenta de Regulación Monetaria que establecía el encaje mínimo.

Sin embargo la inflación había aumentado al 160,4% en relación con Diciembre del ´76 y 169,8% a fines de 1978. Por eso se hizo necesario presentar las “medidas de profundización y ajuste del plan” y el ministro dijo que “La crisis está superada, pero la obra no está terminada. Desde este momento el esfuerzo habrá de concentrarse en transformar las bases mismas de la economía argentina.

José Mercado

El estado nacional, las provincias y las empresas públicas: se encontraban fuertemente endeudadas, lo cual las ubicaba en una posición vulnerable y dependiente del sistema financiero. Las facilidades otorgadas al movimiento internacional de capitales dejaron al Estado sin el control que antes ejercía transfiriéndose de hecho a los grupos privados.

En términos de poder esto significaba que el pequeño sector social que controlaba el sistema financiero disponía de una enorme capacidad para influir sobre el funcionamiento de la economía argentina y, por lo tanto, sobre la sociedad y la política del país entregando un formidable respaldo al exterior para impedir alterar las nuevas reglas de juego impuestas. (5)

La apertura de la economía significa facilitar el ingreso de los productos importados fabricados en el extranjero como una forma de controlar la inflación. Una forma de presionar a los sectores productivos para que mejoraran su competitividad.

La vigencia de un mercado financiero liberalizado y una pauta cambiaría fija produjo un explosivo aumento del endeudamiento externo e incentivó las operaciones financieras a muy corto plazo y alta rentabilidad desalentando las inversiones productivas.

A partir del tercer trimestre de 1979 comenzaron a llegar los capitales extranjeros que provocarían los cambios cuantitativos y cualitativos de la economía argentina. Pero no llegaron para radicarse: eran capitales “golondrinas”.

La sobrevaluación del peso favoreció la realización de viajes de compras al exterior. La película “Plata Dulce” mostraba también los mecanismos de algunos de los delitos económicos muy frecuentes durante esos años (vaciamiento de empresas). Los especuladores a gran escala que integraban la “patria financiera” quedaban libres y sin ser juzgados.

Chau industria

Por su intensidad y por la oportunidad en la que se aplica, la desprotección efectiva actual está llamada a alterar profundamente la estructura económica del país. Nuestra industria está impedida de competir por la recesión en el mercado interno y por el desaliento permanente a las exportaciones industriales. Esta recesión sólo puede ser soportada por empresas con suficiente capacidad financiera. (6)

Durante 1979, el aumento de la inflación y la recesión agudizó la crisis. Un grupo de capitalistas vinculados con el Instituto para el Desarrollo del Empresariado de la Argentina, de orientación neoliberal, expresó su temor de que “el tiempo político no entregue lo suficiente” para implementar las reformas económicas y pidió al ministro que avanzara con más energía.

Las asociaciones representativas de los sectores capitalistas más concentrados habían dado su apoyo activo al golpe militar. Los sectores de la burguesía industrial y la agropecuaria, de mayor poder económico, apoyaron la filosofía de la dictadura militar hasta que surgieron algunos reclamos por temas puntuales, relacionados con luchas por transferencias de recursos entre fuertes grupos de capitalistas.

Por otra parte en un acto organizado por la Convocatoria Nacional de Empresarios, CONAE, algunos ex directivos de la disuelta CGE presentaron sus quejas y pidieron cambios en la orientación económica afirmando que “esta política económica perjudica la rentabilidad de las empresas, reduce el ingreso de los trabajadores, comprime el mercado interno, arbitra sobre la permanencia y desaparición de fuentes productoras, niega así el principio de libertad económica que dice sustentar, mantiene alta la presión tributaria, insiste en un tipo de cambio rezagado, desmantela las economías regionales y se manifiesta impotente para contener la fuga de divisas y capitales y el incremento descontrolado de la deuda externa... ” (7)

Derechos y humanos

El dialogo politico y las propuestas para blanquear: A finales de 1977, el gobierno de facto sugirió varios proyectos que tenían como propósito diseñar las bases del orden político futuro: promover un diálogo político con algunos sectores de la sociedad civil.

Pero para darle inicio, las FF.AA necesitaban que dichos sectores aprobaran pública y manifiestamente lo realizado en la represión y, además, se comprometieran a no revisar el pasado. El tiempo demostraría que así habría de pasar, casi 10 años después, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y un poco mas tarde, aun, con el Indulto de un presidente democrático.

Además, los militares pretendían tener un rol institucional relevante y permanente: Conservarían la capacidad de tutelar los límites del disenso de una futura democracia.

En 1979, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) afirmó que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos.
La Comisión considera que esas violaciones han afectado: a) el derecho a la vida, b) el derecho a la libertad personal, c) el derecho a la seguridad e integridad personal, d) el derecho de justicia y proceso regular.

En virtud de sus conclusiones, la CIDH recomendó: 1) en relación a las muertes imputadas a autoridades públicas, enjuiciar y sancionar con todo el rigor de la ley, a los responsables de estas muertes y con respecto a los detenidos - desaparecidos informar sobre la situación de estas personas.

A pesar de este lapidario informe internacional no hubo ningún tipo de represalias económicas como suelen hacer los países del primer mundo.

Los partidos

Un grupo de partidos estaba integrado por las agrupaciones consideradas aliadas y potenciales herederas del gobierno militar: el Partido Demócrata Progresista, el Socialismo Democrático, el Partido Federal, los Partidos Conservadores provinciales y Línea Popular. Otro era un grupo de partidos (dispuestos a participar, al que el gobierno militar consideraba adversarios pero no enemigos) integrado por el MID, el Partido Comunista, la UCR y los grupos de oposiciones internas de carácter conservador de los Partidos Intransigente, Justicialista y Popular Cristiano.
Los que se negaron al dialogo fueron los Peronistas , el PI, el Partido Socialista Popular, el Unificado, de la Confederación Socialista, el FIP, el Partido Popular Cristiano y el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR.

La crisis

financiera de 1980: El equipo económico retiró la garantía del Estado para los depósitos, en diciembre de 1979. A mitad de 1980 la restableció.
Entre una medida y otra, provocaron un pánico generalizado entre los inversores y una ola de demanda especulativa de divisas.

Cierre de grandes bancos y el retiro de los depósitos de los mismos sumado a la salida del país de cuantiosas sumas. Cuando decidieron restablecer la garantía oficial se utilizó gran parte de las reservas en devolver a los clientes de las entidades quebradas sus depósitos y se adelantaron fondos a los bancos en crisis.

Cuando los intermediarios del dinero no encontraban tomadores a quien prestar (en el sector privado a tazas usurarias) el problema tenía sencilla solución: le prestaban al Estado.
Se formaron y prosperaron empresas fantasmas, sirviéndose de los recursos que les prodigaban los bancos y financieras.

Otras firmas ya existentes usufructuaban esta oportunidad para formar monopolios o holdings que abarcaban diversos tipos de actividades. Se cumplían los postulados de concentración para hacer una economía más eficiente y de escala.
Cuando el Banco Central (finales del ‘79) retiró la garantía a los depósitos, el nerviosismo del público hizo explotar el mercado. (8)

Durante un tiempo, las ruinas y el desconcierto impidieron vislumbrar con claridad las profundas transformaciones que Martínez de Hoz había producido en las relaciones de poder dentro del país. (5)

La junta militar se atribuyó potestad de dictar reformas de la Constitución. Todos los elementos que caracterizaron la relación entre el poder y el derecho se fundamentaban en la invocación de una supralegalidad, la pretensión de impunidad, el poder como potestad sin límites ni responsabilidades. (9)

El sindicalismo

y los partidos politicos: los militares buscaron quebrar las bases de las organizaciones obreras, atomizando sus estructuras y buscando entre la dirigencia sindical colaboradores con los cuales organizar un gremialismo dócil y adicto al régimen.

En marzo de 1977, desde un plenario de trabajadores se dio origen a dos nucleamientos sindicales: la Comisión de los 25 y la Comisión Nacional del Trabajo (CNT).

Esta última núcleo a los dirigentes dialoguistas comprometidos con el gobierno; muchos provenían de los sectores vandoristas y participacionistas, como los de Luz y Fuerza, plásticos, ferroviarios, construcción y metalúrgicos. Se destacaban Oscar Lezcano y Jorge Triaca (quien en el gobierno democrático de Carlos Menem, asesorando al ministro del interior Corach, mantuvo estrechos contactos con el “empresario” Alfredo Yabrán).

Muchos dirigentes de diversos partidos políticos y agrupaciones intentaron un acercamiento con los militares. Procuraron establecer fluidas relaciones e incluso ocuparon cargos diplomáticos y funciones en intendencias de muchas ciudades del país.

Estuvieron algunos hombres “democráticos” del radicalismo, la democracia progresista y del socialismo democrático. (Martínez Raymonda fue embajador en Italia y hoy conduce el programa político “El hombre libre” en un canal de cable y es además diputado nacional).

Desde el golpe de Estado y hasta el momento en que el régimen entró en crisis los partidos políticos tradicionales más importantes (radical y justicialista) no fueron transgresores de las reglas del juego impuestas por las FF.AA.

Tampoco formularon estrategias partidarias alternativas: la expectativa y la espera de un colapso de la dictadura fue lo que privó entre los popes de la política argentina. (10)

En la Unión Cívica Radical, el Movimiento (interno) de Renovación y Cambio, que lideraba Raúl Alfonsín, criticaba a la conducción partidaria de “haber adoptado una posición moderada, en momentos en que la sociedad reclama cambios revolucionarios”. (11)

Fuga de divisas

La crisis economica de 1981 a 1983: Lorenzo Sigaut reemplaza a Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía y conociendo la oposición que existía (dentro de la junta militar) a la orientación de la política económica por parte de algunos oficiales se generaron expectativas de posibles cambios en el rumbo.

Sin embargo, para hacer frente a la entrega de los fondos a los bancos que estaban en dificultades por las corridas y los pagos que se hicieron a los bancos quebrados para devolver los depósitos garantizados, el BCRA recurrió a la emisión monetaria, hecho que contribuyó al aumento de la inflación y que constituía un subsidio no declarado al sistema financiero.

La crisis financiera originó una masiva fuga de divisas hacia el exterior: los capitalistas cambiaban sus pesos por dólares y retiraban sus capitales del país.

Este movimiento también fue realizado por numerosos especuladores que habían cometido
delitos económicos para obtener cuantiosas sumas de dinero.

Frente a esta situación, el equipo económico mantuvo la completa libertad que regía las operaciones financieras y cambiarias y siguió respondiendo con las reservas existentes en el Banco Central a la creciente demanda de dólares. Para contrarrestar la disminución de las reservas, continuó tomando créditos en el exterior. La combinación produjo un explosivo aumento de la “deuda externa”: hacia finales de 1981 la deuda neta del sector público había aumentado cuatro veces su volumen en comparación con el monto registrado a fines de 1979.

El origen de la deuda externa argentina desde el punto de vista de la presión que el sistema financiero internacional ejerció sobre los gobiernos de los piases subdesarrollados fue analizado por un ex director de la CEPAL y especialista en derecho y ciencia política. Según Alfredo Eric Calcagno, hacia fines de la década de 1970, la banca internacional tuvo urgencia en reciclar la avalancha de petrodólares depositados en EE.UU por los piases exportadores de petróleo.

Con ese propósito, generó mecanismos para obtener elevados beneficios, ya que ninguno quiere pagar intereses por depósitos sin cobrar otros mayores por el préstamo de esos mismos fondos.
Empezó así una época en la que los bancos extranjeros presionaron a los gobiernos de los países del Tercer mundo para que se endeudaran, al margen de las normas de seguridad usuales. De este modo, obtuvieron enormes ganancias y en una etapa posterior, los acreedores extranjeros también consiguieron que los Estados nacionales garantizaran las deudas privadas. (12)

La deuda externa

la nacionalizacion de la deuda externa privada que la dictadura transfirió al nuevo gobierno democrático fue una deuda que comprometía al país en su conjunto y “al honor nacional obligado a pagar”.

A través de diferentes mecanismos, la dictadura militar legalizó, incluyendo en la deuda externa pública, enormes sumas que, entre 1976 y 1982, habían servido para la especulación y maniobras fraudulentas; y también nacionalizó la deuda contraída por el sector privado, aunque esta deuda no había beneficiado al conjunto de la sociedad.

La mayoría de las divisas que habían entrado al país a través de créditos tomados por el sector público fueron utilizadas para subsidiar bancos y financieras quebrados o en crisis, en muchos casos por causa de la especulación o por manejos ilícitos de los fondos de los depositantes que alimentaron la fuga de divisas al exterior.

La mayor parte de esa deuda pública no había sido destinada a inversiones públicas o gasto social que beneficiaran a toda la sociedad, sino que lo había hecho con una pequeña porción de los sectores capitalistas de mayor poder económico, especuladores y delincuentes económicos.

Con respecto a la deuda externa privada, la intervención del Estado subvencionando el pago de una gran parte, socializó las pérdidas y apropió las ganancias en pocas manos.

En 1982, el Banco Central, dirigido por el actual diputado de la Nación y ex ministro de la “convertibilidad” Domingo Felipe Cavallo, estableció la vigencia de un régimen de seguros de cambio mediante el cual, con el pago de una prima mensual, se aseguraba a los particulares y a las empresas privadas la venta, en el momento del vencimiento de sus obligaciones externas, de la suma de dólares que tenían que pagar al mismo tipo de cambio que estaba fijado cuando se endeudaron.

Dada la enorme diferencia entre la cotización de la moneda extranjera en el momento de tomarse las deudas y al vencimiento de éstas, el seguro de cambio representaba un importante subsidio a los deudores y les permitía obtener cuantiosas ganancias.

Ex presidente del BCRA (en 1982); ex funcionario de la Fundación Mediterránea; ex ministro de Relaciones Exteriores y Economía; ex acusador público de Alfredo Yabrán; hoy, convertido en diputado y futuro candidato a la presidencia de la Nación, en 1999. Domingo Cavallo endeudó, por varios miles de millones de dólares, a varias generaciones de argentinos

En julio de 1984, el directorio del Banco Central, de acuerdo con instrucciones del gobierno democrático, ordenó investigar las declaraciones de deudas en moneda extranjera al 31/10/83, efectuadas por empresas del sector privado. Esta decisión tenía como objetivo determinar su carácter legítimo o no para, en este último caso, darles de baja entre los compromisos externos del país. Con este propósito, el BCRA determinó los parámetros que permitían diferenciar las deudas legítimas de las otras.

La circular 340/84 estableció que la deuda sería considerada ilegítima en alguno de los siguientes casos:

· Cuando el acreedor externo no confirmara dentro de los 45 días el pedido de solicitud de saldos o negara la existencia de una deuda, ante el pedido de confirmación formulado por la autoridad bancaria
· Cuando por cualquier medio de prueba se confirmare que la calidad de deudor y acreedor podía confundirse (prestarse dinero a sí mismo)
· Cuando la operación se hubiera realizado fuera de las que se llaman prácticas de mercado generalmente aceptadas

Al 31/10/83 el total de la deuda externa ascendía a 43.006 millones de dólares: de estos 25.500 correspondían a la deuda pública y 17.206 a la deuda privada.

Los investigadores demostraron el 11,8% del endeudamiento. Este escaso porcentaje detectó numerosas irregularidades siendo que alrededor del 50%, de esa pequeña cantidad estudiada, resultaba ilegítima. (13)

En enero de 1982, la junta militar decidió retomar las negociaciones diplomáticas con Gran Bretaña y emplear la fuerza armada en el caso de fracaso de la primera opción.
La operación militar prevista inicialmente era incruenta y consistía en el desembarco, la ocupación y el retiro inmediato de las islas.
Buscaban evitar una reacción del gobierno inglés y obligarlo a una negociación.
Pero algo no funcionó. La junta decidió no retirarse de las islas porque advirtió que la campaña militar por la recuperación de la soberanía territorial podía generar importantes beneficios políticos internos a la vez que nueva legitimidad política.
La mayoría de los partidos políticos apoyaron la medida. Sólo Alfonsín expresó rechazo a la idea de la guerra.

Salida concertada

Tras la derrota militar en Malvinas se dio lugar a una moderada liberalización de los controles autoritarios sobre la sociedad civil, debido al desprestigio político, militar y económico de la dictadura.

El gobierno de facto presentó un documento que incluía quince temas sobre los que las FF.AA consideraban necesario negociar para concluir la institucionalización del país.
Entre los 15 puntos para concertar que abarcaban una gama de asuntos de gravitación nacional estaban: el plan económico, deuda externa, Yaciretá, presupuesto de 1984, ley de asociaciones gremiales, ley de obras sociales, diferendo austral, estado de sitio, estabilidad de la justicia y mecanismos y secuencia del acto electoral y entrega del gobierno.
Antonio Tróccoli, de la conservadora Línea Nacional de la UCR, declaraba que “no debemos hacer una revisión política de los problemas ocurridos, porque en definitiva, todos somos responsables del estado en que se encuentra el país... .”

Los políticos estaban dispuestos a canjear olvido, como elemento decisivo de la pacificación interna, a cambio de Constitución: es decir, restablecer la institucionalización democrática a un precio extorsivo.

Malvinas tuvo una consecuencia paradójica: obligó a los partidos políticos a sostener al régimen al que se habían “enfrentado” con el fin de darse tiempo para acceder al gobierno, ordenadamente. (14)

La firmeza de los reclamos de todos los organismos de derechos humanos se constituyó en una barrera que impidió que los militares negociaran con los dirigentes políticos una salida concertada que incluyera la no-revisión de la política represiva.
Estos últimos presentaban una posición moderada con respecto a los militares al igual que un documento de la Iglesia católica que llamaba a la reconciliación nacional.

Sin embargo, luego de la movilización popular del 16 de diciembre de 1982, Alfonsín reclamó que fuera la Justicia y no sólo la historia quien se encargara de revisar el pasado, denunciando, además, la existencia de un pacto sindical-militar para tender un manto de olvido sobre los hechos militares de 1976 a 1983. Al respecto Alfonsín declaró que “tengo noticias, desde luego, sobre acuerdos que se producirían entre el general Nicolaides, el general Suárez Mason y hombres del sindicalismo... .”
Siendo Presidente de la Nación se desdijo con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Los candidatos

De la politica para reemplazar militares: el Radicalismo llevaba a Raúl Alfonsín como presidente, a Víctor Martínez como vice, de la influyente Línea Córdoba, y a Fernando de La Rua como senador por la Capital Federal (quien 15 años después como Jefe de la Ciudad Autónoma de Bs. As. sería abochornado por el diario “Perfil”, al publicarse escuchas telefónicas de sus hijos realizando tráfico de influencias en la Facultad de Derecho de la UBA; y como presidente de la Nación saldría, poco después, desde los techos de la casa rosada con una veintena larga de muertes de argentinos sobre sus espaldas).
Al justicialismo no le iría mejor llevando al “social demócrata” moderado, Antonio Cafiero, Federico Robledo (apoyado por los sindicalistas colaboracionistas de la dictadura como Jorge Triaca y Diego Ibáñez) y Vicente L. Saadi quien tenía su “feudo” en Catamarca consiguiendo, por un tiempo, mantener oculto el asesinato de María Soledad.

NOTAS

(1) El Estado terrorista de Eduardo Luis Duhalde.
(2) Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre autoritarismo y democracia. (1955- 1983) de Carlos H. Acuña.
(3) Papeles indexados. ¿Sólo especulación? en Realidad Económica de Pablo Schneider.
(4) Globalización y Democracia de Ernesto López.
(5) Martínez de Hoz: la lógica política de la política económica de Jorge Schvarzer.
(6) La apertura de la economía, en Realidad Económica de Ricardo Campero. Marzo de 1979.
(7) Empresariado nacional y cambios sociales de Pablo Castell.
(8) Tomado de IADE, Opción para la Argentina: crisis o desarrollo independiente.
(9) Poder y derecho durante el Proceso de Reorganización Nacional de Enrique Groisman.
(10) A veinte años del golpe de Silvia Dutrénit Bielous.
(11) La Argentina del siglo XX de Alanzo, Elizalde y Vázquez.
(12) La perversa deuda argentina de A. E. Calcagno.
(13) Deuda externa privada. El destino de una investigación de Halliburton, Villalba y Bianco.
(14) Un nuevo pacto político de Carlos Acuña y Catalina Smulovitz.

jueves, 24 de septiembre de 2009

La globalización comenzó hace 500 años - Parte 2




LA GLOBALIZACION (‘G) ES UNA DINAMICA INMENSA donde actúan, simultáneamente, fuerzas globalizadoras y fuerzas localizantes en forma interactiva. A cada incremento de la globalización aparece una respuesta de fragmentación. En un mismo sentido se habla de fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Las primeras estarían desencadenadas por la dinámica económica, mientras que las segundas lo estarían por dinámicas sociales, políticas y culturales. (1)


A medida que las personas y organizaciones experimentan la pérdida de autonomía que acompaña la ‘G, buscan proteger sus intereses y alcanzar cierta tranquilidad anímica, volviéndose hacia los grupos más inmediatos en los que están concernidas. Ejemplos hay decenas: La Liga del Norte italiana, los movimientos nacionales-regionales españoles y ex yugoslavos, cultos religiosos mediáticos (no oficiales), el racismo, los dogmatismos religiosos, la xenofobia laboral.

El traslado de los mismos acontecimientos pueden observarse también, aquí, en Argentina: las cofradías musicales, los barra-bravas futboleros, la xenofobia laboral con respecto a los países limítrofes (muchos de los cuales pertenecen al Mercosur), la xenofobia hacia las minorías sexuales, culturales, la violencia de la marginación.

La conformación de un escenario global pero también fragmentado, impacta sobre el plano de los actores sociales. En el pasado, los actores principales eran de naturaleza nacional, tanto en el terreno internacional, cuanto en el vernáculo.

En uno actuaban centralmente los Estados nacionales y en el otro -lo doméstico- los partidos, sindicatos, fuerzas armadas. Hoy es perceptible la presencia de una compleja trama tejida por actores nacionales/transnacionales y subnacionales en ambos planos externo e interno.

(Lo que Norberto Bobbio llama la “privatización de lo publico”: el proceso inverso al de publicitación de lo privado, considerado el proceso natural del desarrollo del Estado moderno que debe reconocerse en la gradual absorción de la sociedad civil en aquel y más acabadamente “subgobierno”, otro gobierno sin leyes ni frenos y que trabaja activamente por debajo del gobierno constitucional).

TRANSFORMACION INTERNACIONAL

LA BIPOLARIDAD PERMITIO a occidente dejar de privilegiar los requerimientos de una alianza militar estratégica frente a eventuales diferencias en el plano económico.

El mundo capitalista defendía un tipo de modelo económico y se daba a sí mismo seguridad a partir de una política que vinculaba a los principales países. El otro “polo” procuraba hacer lo mismo.

Pero el estallido del bloque del socialismo real vino a cambiar las cosas pues vació de sentido la articulación de seguridad y economía occidental.

Sin embargo, desaparecida la “bipolaridad”, no sobrevino un mundo “unipolar”. Los EE.UU. quedaron como la única superpotencia militar, pero el desarrollo de la ‘G catapultó tres superpotencias económicas: EE.UU, la Unión Europea y Japón.

La lógica amigo/enemigo perdió vigencia y sobrevino un desplazamiento desde la confrontación militar entre sistemas alternativos y mutuamente excluyentes hacia la competencia económica entre países con modelos afines.

La lógica de la ‘G vino a colocar un complejo juego de cooperación/competencia en el interior del Mundo Occidental. El incremento de la interdependencia económica -productiva, financiera, comercial- entre los distintos países hace que sus economías individuales se necesiten recíprocamente cada vez más.

Pero al mismo tiempo, la competencia se hace cada vez más exigente entre ellos.

Thurow usa al fútbol como una comparación para dar cuenta de este nuevo estado de cosas y sostiene que “a pesar de su ingrediente competitivo -el deseo de vencer- el fútbol tiene también un ingrediente cooperativo. Todas tienen que coincidir en las reglas de juego, los árbitros y el modo de dividir los resultados. Es posible que uno desee vencer, pero al mismo tiempo conserve la amistad durante el juego y después...”

La competencia es durísima: head to head. Pero la comparación es útil. (2)

GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION

EN LOS ULTIMOS TIEMPOS SE HA PROMOVIDO una tendencia a la formación de polos económicos regionales pero dicha gestación fue un fenómeno presente en el período de bipolaridad. De modo que no cabe hablar sino de una continuidad.

Pero el basamento actual de la regionalización tiende a una coordinación y/o compatibilización, entre los asociados, de políticas macroeconómicas, monetarias, fiscales, comerciales, etc. como principales objetivos y no, como en el pasado, a una malla de seguridad militar.

La formación de polos regionales van a producirse en las áreas en que se localizan las superpotencias económicas: América del Norte, Europa y la Cuenca del Pacífico, aunque no exclusivamente.

EE.UU que comenzó con la propuesta del Tratado de Libre Comercio (TLC), echó a andar la iniciativa de constituir una Asociación de Libre Comercio Americana (ALCA), que reúna a todos los países del continente.

La Comunidad Económica Europea (CEE), hoy convertida en unión económica (unificación monetaria), interpelada por la “apertura” oriental, debe enfrentar el desafío de trabajar para incorporar a los países que integraban el ex bloque comunista.

“... Las políticas de la dictadura generaron condiciones favorables para la especulación financiera, un gigantesco endeudamiento externo y la comisión de delitos económicos por parte de funcionarios públicos y empresarios del sector privado”...

La Unión Europea con más de 800 millones de habitantes, una estructura productiva de primerísima línea, buenos niveles históricos de remuneración y de instrucción, y una sólida experiencia integrativa previa, parece llamada a ocupar un lugar de preponderancia, aún mayor que el que ya tiene, en el futuro próximo. (3)

La Cuenca del Pacífico, hábitat de Japón y los Tigres Asiáticos tiene una iniciativa en curso: la Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC). La “regionalización periférica” la conforman el Mercosur sudamericano y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

A todas estas iniciativas las orienta una lógica no demasiado complicada. Un principio básico rector sería el que todos los miembros deberán obtener mayor beneficio perteneciendo a la asociación, que estando afuera de la misma: lo que los especialistas denominan la teoría de suma variable, donde todos recibirán ventajas en la medida de lo que están dispuestos a ofrecer (costo/beneficio).

En la actualidad los flujos comerciales mayores se producen entre los países de mayor desarrollo relativo, con independencia de la región en la que estén localizados. No es improbable que el futuro nos depare una presencia cada vez mayor del comercio (y otros flujos e intercambios) dentro de cada polo y una tendencia a administrar el comercio (y los otros flujos) interpolos. (4)
La incorporación a los polos no es ni será un regalo del cielo. Cada país deberá ganarse su lugar bajo el sol de la regionalización que lejos de ser un concepto contrario al proceso de Mundo Global se presenta funcional al mismo. El fracaso inicial de México en el Tratado de Libre Comercio puede, quizá, ser considerado una muestra de dicha preparación no adecuada.


DISMINUCION DE LOS ESTADOS

LA GLOBALIZACION ECONOMICA" TRAE APAREJADA un adelgazamiento del principio de soberanía estatal. La libre empresa y la libertad de comercio han hecho disminuir los recursos tradicionales de control económico por parte de los Estados nacionales.La ‘G supone un incremento de la capacidad de movimiento internacional de los factores de la producción y demanda un compromiso de desregulación.

Las fronteras de los Estados se convierten en “más porosas y menos significativas”, el territorio, habitualmente considerado un rasgo esencial de la definición de Estado empieza a convertirse en una figura evanescente.(5)

Al respecto Max Weber propuso pensar al Estado como “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio -el concepto de territorio es esencial a la definición- reclama para sí (con éxito) el monopolio de la coacción física legítima.” (6)

Desde una pura lógica económica se ponen en cuestión los otrora estrechos vínculos entre territorialidad y Estado y ha comenzado a hablarse de desterritorialización. (7)

Conferencia a los países subdesarrollados (Tercer Mundo) debe mencionarse la vulnerabilidad externa que ha dejado el fenómeno del endeudamiento público y privado y una de sus secuelas más evidentes: el monitoreo por parte de las agencias internacionales de financiamiento, al que han quedado sujetos.

“... La deuda externa llegó a U$D 7.000 millones al ser derrocado el gobierno constitucional de Isabel Perón; U$D 45.000 millones cuando se fue la dictadura militar en el ‘83; U$D 63.000 millones al momento del traspaso de Alfonsín a Menem y más de U$D 100.000 millones en la actualidad”.

Debe tenerse en cuenta que en Argentina, tomando como origen de la deuda externa el primer acuerdo con el FMI realizado por los militares de la “Revolución Libertadora”, en 1957, (Lonardi/Aramburu/Rojas); la misma llegó a una suma aproximada de U$D 7.000 millones al ser derrocado el gobierno constitucional de Isabel Perón; U$D 45.000 millones cuando dejó el poder político la dictadura militar “procesista”; U$D 63.000 millones al momento del traspaso democrático de la “banda presidencial” de Alfonsín a Menem y más de U$D 100.000 millones en junio de 1998.

La disfuncionalidad y crisis del Estado de Bienestar y las reformas refundacionales de aquel, y el desarrollo de la metamorfosis de las sociedades -vulneración de los estables y exclusión social- golpea sobre las formas de relación de los individuos con la política y con el propio Estado.
Crecen la disconformidad, el desapego, el delito y la anomia, otra vía de disminución de la autoridad estatal.

La ‘G provoca (en su dimensión cultural) un tipo de desarraigo de los segmentos económicos y culturales elevados respecto de las sociedades nacionales, integrándolas a una totalidad que los distancia de los grupos sociales mes al mercado de trabajo y al consumo. (8)
La mundialización de los automóviles, los Mac Donalds, los shopping centers, la cosmopoliticidad que sugieren la semejanza de los aeropuertos, la uniformidad de las cadenas internacionales de hoteles, el consumo simultáneo de los mismos productos culturales (HBO, CNN, ESPN, Internet) serían expresiones de un cierto tipo de desarraigo e incidirían, también sobre la desterritorialización.
(Concepto planteado por Herbert Marcuse cuando menciona la unidimensionalidad del hombre).

Sin embargo, no debe perderse de vista que los Estados continúan siendo los actores principales en el escenario global como señala Rosenau. No son los únicos, ni presentan las características (y aún la fortaleza) del pasado inmediato pero de ninguna manera puede decirse que hayan sido relegados.

Con la ‘G, el fuerte lazo mercado interno/Estado, factor decisivo aunque no absoluto, en la formación y desarrollo de los Estados nacionales distribucionistas, se ha roto (o mejor dicho, se ha modificado).

El Estado es funcional al nuevo modelo al abandonar su rol integrador y benefactor y subvencionar a los más concentrados capitales (nacionales y transnacionales).
Le cabe la tarea de articular los intereses surgidos de la formación de los polos regionales y la función decisiva en la administración de las relaciones intrabloques.

LA GLOBALIZACION ES UN FENOMENO MULTIFACETICO fundado sobre procesos profundos, acaecidos en aspectos fundamentales de la vida social que determinan modos de incorporación diferentes, como los elegidos por EE.UU y Japón.
Argentina, Brasil y Chile -hasta 2003- no estubieron procurando instalarse en ella de la misma manera, en lo referente al plano económico cuanto al estatal.

Los requisitos que les son requeridos a los países o mercados emergentes (Tercer Mundo: países que emergen luego de un ajuste macroeconómico que ha producido una profunda reconversión de sus economías y una drástica reforma del Estado), en cambio, son uniformes.
En rigor, lo que se está sosteniendo es que una articulación de las relaciones Estado/economía y Estado/sociedad es prerequisito de la función globalizadora.
Estas condiciones tienen directa repercusión sobre el mundo de la política, el diseño de las políticas internas (económicas, estatales, etc.) y sobre la selección de políticas en el campo estratégico nacional y de las relaciones internacionales, de los distintos países:

A)Confiabilidad; B) estabilidad; C) competitividad.

El primer punto alude a la credibilidad que un país despierta en los restantes, en especial en las potencias. Esto es: en que medida su organización social y política lo tornan creíble a los ojos de los poderosos del mundo.

La transparencia con que un país se presenta a la interacción internacional presenta su mayor o menor posibilidad de ser entendido. Llevando a un último aspecto en este plano: la previsibilidad. Condición indispensable para quedar contenido dentro de la dinámica global. La mayor interdependencia de las economías individuales demanda una suficiente capacidad de previsión puesto que lo que sucede en un lugar tiene inmediatas repercusiones en otro u otros (efecto Tequila, Arroz, Japón).

El punto B define la estabilidad política y económica, pues escenarios contrarios (inestabilidad) significan renuencia de los organismos internacionales a alentar inversiones, facilitar flujos financieros, etc.

Finalmente el punto C desde el contexto de la liberalización, desregulación y privatización presenta la capacidad de competencia como resultado fundamental. No se trata sólo de un atributo que debe ser desarrollado por las firmas individuales (actores económicos individuales). Hay también una competitividad definible como sistémica, constituida por los innumerables aspectos que conforman el entorno de las firmas (desde infraestructura física, el aparato científico-técnico, la red de proveedores y subcontratistas, los sistemas de distribución y comercialización hasta los valores culturales, las instituciones, el marco jurídico, etc.) (9)

Estas exigencias son, en definitiva, reaseguros o reglas de juego para todos aquellos que se incorporen a una dinámica regida por la competencia “head to head”, pero también por una creciente interdependencia.

Por supuesto que esto lleva a serios riesgos de inestabilidad en el conjunto del sistema. La interdependencia favorece la transmisión de influencias, tanto favorables como desfavorables entre diversos puntos de la trama global.

La competencia extrema, irrestricta, tiende a producir ganadores y perdedores netos. Vientos benéficos y destructivos, que viajan con bastante libertad a través del entramado globalizado.
Cuando prevalecen los segundos aparece un rasgo de inestabilidad que no es circunstancial sino sistémico. Después de todo, como se ha visto en el pasado con la crisis del `30, la famosa “mano invisible” del mercado es falible. Las dificultades se transmiten por los circuitos de la interdependencia, impactando más fácilmente en los puntos débiles del conjunto, que en los fuertes.

REORGANIZAR Y DISCIPLINAR A LA SOCIEDAD ARGENTINA EL 24 DE MARZO DE 1976... comenzaba un “proceso de reorganización y disciplinamiento” en todos los planos, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas argentinas:

En un contexto de desinstitucionalización de los conflictos sociales restablecer el orden era la consigna.

Disciplinamiento y reorganización son dos conceptos que definen y sintetizan los resultados de las transformaciones implementadas por la dictadura militar en los planos económicos, social, político y cultural-ideológico, entre 1976 y 1983.

Alcanzó al conjunto de la sociedad argentina. No se trató de recuperar la obediencia de grupos en desmadre que desconocían la autoridad de los gobernantes (Isabel), de los poseedores de poder coactivo (FF.AA leales a la Constitución) o a los capitalistas y terratenientes (UIA, CEA, SRA).

Se trató de eliminar cualquier oposición al proyecto “refundacional” inspirado en las tendencias ideológicas, económicas y políticas de la época: el sometimiento de la sociedad argentina a la violencia del terrorismo de Estado y del libre mercado alentado por el neoliberalismo económico.

Cientos de miles de argentinos expulsados del mercado de trabajo, urbano y rural, sin recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de su familia. El “disciplinamiento” tuvo alcances inéditos porque incluyó no sólo a los sectores populares sino también a una parte de los sectores capitalistas.

Al llegar a una determinada fase de desarrollo, ya no basta tampoco esta forma; los grandes productores nacionales de una rama industrial se unen para formar un trust, una agrupación encaminada a regular la producción; determinan la cantidad total que ha de producirse, se la reparte entre ellos e imponen un precio de venta fijado de antemano. (10)

Desde el punto de vista de la cúpula militar y los civiles que los apoyaban, el origen de los conflictos sociales en Argentina estaba relacionado con el desarrollo de la industrialización. Declaraban que era una actividad económica sostenida artificialmente por la intervención del Estado, motivando un exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero organizado y dispuesto a defender sus derechos e intereses por diversas vías.

EN ESTE CONTEXTO, LA APERTURA DE LA ECONOMIA fue, sobre todo, una decisión económica que perseguía objetivos políticos y sociales: transformar las relaciones entre empresarios y asalariados industriales urbanos.

La lucha por la distribución de la riqueza era la causa de la persistente inflación que azotaba a la economía argentina. La falta de estabilidad impedía la llegada de las inversiones extranjeras a las cuales consideraban requisito para la esperada reactivación.

Las políticas de la dictadura generaron condiciones favorables para la especulación financiera, un gigantesco endeudamiento externo y la comisión de delitos económicos por parte de funcionarios públicos y empresarios del sector privado... Y, finalmente, la estatización de la deuda externa privada, usada por los titulares de los préstamos para obtener beneficios particulares por la vía de la especulación y no de inversiones productivas.

Algunos trabajos investigativos concluían que la política económica de la dictadura no profundizó los ejes sobre los que se había basado el desarrollo económico y social hasta 1976, sino que se proponía cambiar las bases de la organización de la economía argentina y redefinir las relaciones entre la economía, el Estado y los distintos actores sociales.

Así, el aumento de la recesión y el desempleo profundizó el proceso de desmovilización social y política.

PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL

IGUAL QUE EN 1966, LOS SECTORES CAPITALISTAS y una parte de la población esperaban que, frente a la aguda crisis que atravesaba la sociedad argentina, el nuevo gobierno militar reimplantase el orden y normalizara la economía.

Hubo profundas y graves diferencias entre los mecanismos, las metodologías y las políticas llevadas a la práctica por los gobiernos militares anteriores y las que implementó la dictadura que asaltó el gobierno y destituyó a Isabel Perón en 1976.

Una de ellas fue la modalidad del ejercicio del poder político por parte de la junta militar. El mecanismo de toma de decisiones adoptado estaba destinado a garantizar el gobierno de la corporación militar conjunta, es decir, por las tres fuerzas al mismo tiempo

La junta militar compuesta por los comandantes en jefe de las tres armas, era la máxima autoridad del Estado y tenía atribuciones para fijar las directivas generales del gobierno, para designar y reemplazar al presidente y a todos los otros funcionarios.

Para garantizar el ejercicio conjunto del poder, las tres armas se repartieron el control (33% para cada una) de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales: Nación, gobernaciones, intendencias, ministerios y medios de comunicación.


NOTAS

(1) Globalizador/localizante: las nuevas dimensiones de la seguridad de James Rosenau en Diálogo y seguridad Nro. 2. (Nov. 1995) y Brasil y el nuevo escenario mundial de Celso Lafer en Archivos del Presente Nro. 3.
(2) La guerra del siglo XXI de Lester Thurow.
(3) El futuro del capitalismo de L. Thurow.
(4) La guerra del siglo XXI de L. Thurow.
(5) Globalizador / localizante: las nuevas dimensiones de la seguridad de James Rosenau.
(6) Economía y Sociedad (Tomo II) de M. Weber
(7) A sociedade global de O. Ianni
(8) Cultura, modernidad e identidad de
la Revista Nueva
Sociedad Nro.137. Mayo/Junio de 1995.
(9) Los límites de la competitividad de Bernardo Kosakoff.
(10) Fuerzas y relaciones de producción de Federico Engels.


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